La denuncia, presentada ante Fiscalía por varias organizaciones, subraya «la implicación estructural» de CAF en una infraestructura de anexión que conecta asentamientos entre sí en Jerusalén Este y con la parte oeste
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales por “la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén”.
La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestinade Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.
Instrumento de ‘apartheid y anexión’
El escrito presentado ante la Fiscalía informa de que la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto jugando un rol “que va mucho más allá” de una colaboración puntual. Las organizaciones denunciantes señalan que CAF se encarga de ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También subrayan que opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
Tanto CAF como su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, están incluidas en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran un centenar de compañías que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos contra la población palestina y de la ocupación ilegal israelí. Los denunciantes insisten en que Shapir ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual.
La denuncia indica que “la participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico”, y destaca que la infraestructura de operación y ampliación en la que participa la empresa vasca conecta asentamientos israelíes de la parte oriental de Jerusalén entre sí y con el área occidental de la ciudad.
En septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.
Jerusalén Este es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, como indica la Corte Internacional de Justicia. Varias resoluciones de Naciones Unidas solicitan, desde 1967, el fin de esta ocupación. La denuncia señala que las actividades de CAF en relación con el tren ligero de Jerusalén contribuyen a la anexión ilegal por Israel de la Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y a prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.
También recalca que la conexión a través del tren ligero de varios asentamientos ilegales entre sí en Jerusalén Este y con Jerusalén Oeste fragmenta los barrios palestinos y refuerza el crecimiento de esta parte de la Ciudad Santa hacia el área ocupada.
El pasado mes de junio 83 organizaciones de veintiséis países denunciaron que CAF es un “importante facilitador” de la ocupación ilegal israelí al contribuir a la conexión que une Jerusalén con asentamientos ilegales y pidieron a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación.
Imagen del tren ligero de Jerusalén
Base jurídica en España
La denuncia ante la Fiscalía española añade que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.
Además, las organizaciones denunciantes subrayan que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, “esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.
Los denunciantes recuerdan que su denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto del tren ligero de CAF. “Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025”. La Fiscalía General del Estado estudia ahora la denuncia y ha confirmado su recepción. Las organizaciones denunciantes instan “al Ministerio Fiscal a investigar los hechos y a determinar las posibles responsabilidades penales” cometidas en el marco de las actividades de una empresa española.
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos menciona a CAF en su informe titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
En julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación ilegal y la segregación, nombradas con esos términos por dicha Corte de La Haya.
Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina ha solicitado a los Estados, en varios informes, que suspendan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel y ha mencionado específicamente a la empresa CAF en su investigación titulada ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
También los integrantes de la Comisión de Investigación independiente asignada por la ONU –que el pasado mes de septiembre concluyó que “Israel comete genocidio”– han indicado que “los países deben suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, instituciones públicas y empresas que usen su influencia para detener la prestación de bienes y servicios por parte de CAF a la red del tranvía ligero. La denuncia, presentada ante Fiscalía por varias organizaciones, subraya «la implicación estructural» de CAF en una infraestructura de anexión que conecta asentamientos entre sí en Jerusalén Este y con la parte oeste
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales por “la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén”.
La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestinade Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.
Instrumento de ‘apartheid y anexión’
El escrito presentado ante la Fiscalía informa de que la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto jugando un rol “que va mucho más allá” de una colaboración puntual. Las organizaciones denunciantes señalan que CAF se encarga de ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También subrayan que opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
Tanto CAF como su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, están incluidas en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran un centenar de compañías que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos contra la población palestina y de la ocupación ilegal israelí. Los denunciantes insisten en que Shapir ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual.
La denuncia indica que “la participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico”, y destaca que la infraestructura de operación y ampliación en la que participa la empresa vasca conecta asentamientos israelíes de la parte oriental de Jerusalén entre sí y con el área occidental de la ciudad.
En septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.
Jerusalén Este es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, como indica la Corte Internacional de Justicia. Varias resoluciones de Naciones Unidas solicitan, desde 1967, el fin de esta ocupación. La denuncia señala que las actividades de CAF en relación con el tren ligero de Jerusalén contribuyen a la anexión ilegal por Israel de la Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y a prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.
También recalca que la conexión a través del tren ligero de varios asentamientos ilegales entre sí en Jerusalén Este y con Jerusalén Oeste fragmenta los barrios palestinos y refuerza el crecimiento de esta parte de la Ciudad Santa hacia el área ocupada.
El pasado mes de junio 83 organizaciones de veintiséis países denunciaron que CAF es un “importante facilitador” de la ocupación ilegal israelí al contribuir a la conexión que une Jerusalén con asentamientos ilegales y pidieron a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación.
Imagen del tren ligero de Jerusalén
Base jurídica en España
La denuncia ante la Fiscalía española añade que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.
Además, las organizaciones denunciantes subrayan que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, “esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.
Los denunciantes recuerdan que su denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto del tren ligero de CAF. “Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025”. La Fiscalía General del Estado estudia ahora la denuncia y ha confirmado su recepción. Las organizaciones denunciantes instan “al Ministerio Fiscal a investigar los hechos y a determinar las posibles responsabilidades penales” cometidas en el marco de las actividades de una empresa española.
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos menciona a CAF en su informe titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
En julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación ilegal y la segregación, nombradas con esos términos por dicha Corte de La Haya.
Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina ha solicitado a los Estados, en varios informes, que suspendan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel y ha mencionado específicamente a la empresa CAF en su investigación titulada ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
También los integrantes de la Comisión de Investigación independiente asignada por la ONU –que el pasado mes de septiembre concluyó que “Israel comete genocidio”– han indicado que “los países deben suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, instituciones públicas y empresas que usen su influencia para detener la prestación de bienes y servicios por parte de CAF a la red del tranvía ligero.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales por “la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén”.
La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestinade Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.
Instrumento de ‘apartheid y anexión’
El escrito presentado ante la Fiscalía informa de que la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto jugando un rol “que va mucho más allá” de una colaboración puntual. Las organizaciones denunciantes señalan que CAF se encarga de ampliar la Línea Roja del Tren Ligero de Jerusalén, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones. También subrayan que opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
Tanto CAF como su socia en el proyecto, la empresa israelí Shapir, están incluidas en la lista elaborada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde figuran un centenar de compañías que contribuyen y se benefician de las violaciones de derechos contra la población palestina y de la ocupación ilegal israelí. Los denunciantes insisten en que Shapir ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual.
La denuncia indica que “la participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico”, y destaca que la infraestructura de operación y ampliación en la que participa la empresa vasca conecta asentamientos israelíes de la parte oriental de Jerusalén entre sí y con el área occidental de la ciudad.
En septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.
Jerusalén Este es territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, como indica la Corte Internacional de Justicia. Varias resoluciones de Naciones Unidas solicitan, desde 1967, el fin de esta ocupación. La denuncia señala que las actividades de CAF en relación con el tren ligero de Jerusalén contribuyen a la anexión ilegal por Israel de la Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y a prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.
También recalca que la conexión a través del tren ligero de varios asentamientos ilegales entre sí en Jerusalén Este y con Jerusalén Oeste fragmenta los barrios palestinos y refuerza el crecimiento de esta parte de la Ciudad Santa hacia el área ocupada.
El pasado mes de junio 83 organizaciones de veintiséis países denunciaron que CAF es un “importante facilitador” de la ocupación ilegal israelí al contribuir a la conexión que une Jerusalén con asentamientos ilegales y pidieron a los gobiernos que no otorguen contratos a empresas implicadas en la ocupación.
Base jurídica en España
La denuncia ante la Fiscalía española añade que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.
Además, las organizaciones denunciantes subrayan que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, “esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.
Los denunciantes recuerdan que su denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto del tren ligero de CAF. “Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025”. La Fiscalía General del Estado estudia ahora la denuncia y ha confirmado su recepción. Las organizaciones denunciantes instan “al Ministerio Fiscal a investigar los hechos y a determinar las posibles responsabilidades penales” cometidas en el marco de las actividades de una empresa española.
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos menciona a CAF en su informe titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
En julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados miembros de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación de los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación ilegal y la segregación, nombradas con esos términos por dicha Corte de La Haya.
Por su parte, la relatora de Naciones Unidas para Palestina ha solicitado a los Estados, en varios informes, que suspendan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel y ha mencionado específicamente a la empresa CAF en su investigación titulada ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.
También los integrantes de la Comisión de Investigación independiente asignada por la ONU –que el pasado mes de septiembre concluyó que “Israel comete genocidio”– han indicado que “los países deben suspender cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, instituciones públicas y empresas que usen su influencia para detener la prestación de bienes y servicios por parte de CAF a la red del tranvía ligero.
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