El texto definitivo del decreto que abrirá la puerta a una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, que aprobará este martes el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS, endurece las condiciones para acceder a este proceso en la cuestión clave de los antecedentes penales, tal como recomendó el Consejo de Estado, pero a la vez busca una fórmula para que se pueda acoger el número máximo posible de extranjeros. La norma les da un mes para pedirlos en sus países y si no logran que se los envíen será el propio Ejecutivo quien solicite directamente a través de vías diplomáticas esos documentos durante un proceso de tres meses para facilitar que lleguen a tiempo y se puedan regularizar. Si pasan esos tres meses sin que los papeles hayan llegado, el interesado tendrá 15 días extra para conseguirlos por su cuenta. Si no lo logra, no podrá entrar en el proceso.
El Ejecutivo endurece la norma como pedía el Consejo de Estado pero facilita opciones para que no excluya a muchos solicitantes
El texto definitivo del decreto que abrirá la puerta a una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, que aprobará este martes el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS, endurece las condiciones para acceder a este proceso en la cuestión clave de los antecedentes penales, tal como recomendó el Consejo de Estado, pero a la vez busca una fórmula para que se pueda acoger el número máximo posible de extranjeros. La norma les da un mes para pedirlos en sus países y si no logran que se los envíen será el propio Ejecutivo quien solicite directamente a través de vías diplomáticas esos documentos durante un proceso de tres meses para facilitar que lleguen a tiempo y se puedan regularizar.
Las otras condiciones son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses, “no representar una amenaza para el orden público” y una de estas tres: demostrar alguna vinculación laboral, permanecer en España junto con su unidad familiar, siempre que incluya hijos menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada.
El gran problema para miles de inmigrantes es lograr rápidamente en sus países el certificado que prueba que allí no tienen antecedentes penales, dado el funcionamiento de la administración consular en muchos de ellos y la imposibilidad de viajar. El Gobierno había pensado en una fórmula para solucionar ese problema, permitiendo que bastara la petición de esos antecedentes y una declaración voluntaria del interesado de que no los tenía. Pero el Consejo de Estado señaló que ese sistema no era suficientemente seguro, así que el Ejecutivo ha cambiado el modelo pero siempre con la intención de hacer una regularización muy importante, de unas 500.000 personas. Diversas fuentes del Gobierno consultadas confían en que esta nueva fórmula no afecte de forma significativa al número final de beneficiarios, aunque eso se verá en la aplicación.
El Ejecutivo está decidido a seguir adelante con esta cuestión, que cuenta con el respaldo no solo de todo el espectro progresista -la norma fue impulsada por un pacto entre el Gobierno y Podemos hace dos meses, en plena precampaña de las elecciones en Aragón- sino también de la patronal y de la Iglesia, que ha sido especialmente vehemente en su impulso, hasta el punto de que esto le provocó un enfrentamiento con Vox, en el que Santiago Abascal llegó a decir que hay obispos haciendo negocio con este asunto.
El periodo de la regularización, que termina el 30 de junio, coincide precisamente con la visita del Papa a España con la inmigración como cuestión central, tanto que visitará Canarias para interesarse por la situación de los africanos que llegan allí en cayucos en un viaje muchas veces mortal.
El debate sobre la regularización también se colará en las elecciones andaluzas. Vox está radicalmente en contra y el PP ahora también, aunque en un principio apoyó la iniciativa legislativa popular que la pedía y que contaba con el respaldo de Cáritas, controlada por la Iglesia.
El de los antecedentes es uno de los principales cambios del texto que se aprobará este martes sobre los proyectos anteriores. De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Estado, si no se dispone del documento que acredite que no se han cometido delitos en los cinco años anteriores a este proceso, el migrante no podrá obtener su permiso de residencia. Pero se será flexible en los plazos para ello, habida cuenta de las dificultades que puede entrañar este proceso en algunos países. Si transcurrido un mes desde que la persona extranjera solicitó su certificado de penales no se ha recibido, el Ministerio de Presidencia tratará de recabarlo por vía diplomática y se darán tres meses de espera. Si en ese tiempo no han llegado los documentos, se habilitarán otros 15 días para que el interesado lo intente de nuevo. Pero lo que se elimina es la posibilidad de que baste una declaración responsable de no haber cometido delitos en el caso de que fuera imposible recabar el documento.
El segundo aspecto del decreto que se ha modificado, también a instancias del Consejo de Estado, se refiere a las personas que quieren acogerse a esta regularización pero han solicitado en España protección internacional debido a las circunstancias en que han salido de sus países de origen, es decir, razones de violencia o discriminaciones que ponen en peligro sus vidas. En anteriores borradores, se les exigía renunciar a esos trámites si querían sumarse a la regularización. En el nuevo texto se les exige desistir de la protección internacional solicitada pero solo cuando el permiso de residencia haya sido concedido. De esta manera, si no encuentran una vía de residencia pueden optar a otra sin poner en peligro ambas, algo de lo que alertó el Consejo de Estado.
Fuentes del Ministerio de Migraciones dan por satisfechas así las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y desechan algunas otras, por ejemplo, la que sugería que solo sirvieran para este proceso documentos en vigor. El nuevo texto sigue incorporando entre los requisitos la presentación del pasaporte en vigor o caducado, cédula de inscripción o título de viaje en vigor o caducados.
El texto deja clara la voluntad del Ejecutivo de no poner demasiadas dificultades para que la regularización, que rechazan abiertamente el PP y Vox, no sea muy compleja y logre la entrada en la legalidad de medio millón de personas que en su gran mayoría ya están trabajando en España de manera irregular.
De esta voluntad política da cuenta la propia exposición de motivos, que defiende la regularización y habla de la inmigración de una manera que casi ningún otro gobierno europeo, incluidos los progresistas como el del Reino Unido o el de Dinamarca, están haciendo. Pedro Sánchez y su Ejecutivo van así en línea contraria porque están convencidos de que la mayoría de los españoles tienen una visión diferente de la inmigración a la de otros europeos y también porque los datos, según la visión del Gobierno, demuestran que la inmigración es en España una historia de éxito y explica buena parte de los buenos datos económicos de los últimos años.
La exposición de motivos es muy clara: “La incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente. Asimismo, permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”, señala el texto. “Los datos disponibles lo confirman, ya que la población trabajadora extranjera representa, a finales de 2025, el 14,1% de las personas afiliadas a la Seguridad Social, superando los 3,1 millones de cotizantes, y ha contribuido de manera decisiva al crecimiento económico reciente, especialmente tras la pandemia. Informes del Banco Central Europeo, del Defensor del Pueblo y del Banco de España coinciden en señalar que los flujos migratorios han impulsado el PIB, el consumo, la inversión y el crecimiento potencial de la economía española. El acceso a una autorización de residencia, por parte de personas sin ella, incrementa las cotizaciones, reduce la economía sumergida y genera un impacto fiscal neto favorable”, insiste.
Además, también defiende la regularización para luchar contra el envejecimiento de la sociedad española. “La reforma se justifica también por razones demográficas, ya que España afronta un envejecimiento acelerado y un crecimiento vegetativo negativo que comprometen la disponibilidad futura de personas trabajadoras y la sostenibilidad del sistema de bienestar”, asegura.
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