Muchos ojos estarán fijos este jueves, a las diez de la mañana, en la Sala de Vistas del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, donde se dará lectura pública a dos sentencias que muy probablemente van a marcar los próximos pasos de la justicia española en torno a la ley de amnistía. Los jueces del alto tribunal europeo deben pronunciarse sobre si la normativa, en vigor desde hace dos años, choca contra los intereses financieros de la UE y si es contraria o no al derecho comunitario en materia de terrorismo.
El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse sobre dos cuestiones clave: si la ley de amnistía puso en riesgo intereses financieros de la UE y si es contraria o no al derecho comunitario en materia de terrorismo
Muchos ojos estarán fijos este jueves, a las diez de la mañana, en la Sala de Vistas del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, donde se dará lectura pública a dos sentencias que muy probablemente van a marcar los próximos pasos de la justicia española en torno a la ley de amnistía. Los jueces del alto tribunal europeo deben pronunciarse sobre si la normativa, en vigor desde hace dos años, choca contra los intereses financieros de la UE y si es contraria o no al derecho comunitario en materia de terrorismo.
En una opinión no vinculante, pero que suele indicar la tendencia de los jueces de Luxemburgo, el abogado general avaló ampliamente, el pasado noviembre, la normativa. Este jueves se conocerá si esa es también la opinión final del alto tribunal europeo.
Dos cuestiones prejudiciales. Este debe dar respuesta a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, respectivamente. Si el fallo de los jueces de Luxemburgo es favorable a la ley, se espera que su sentencia desbloquee de una vez el proceso de perdón de los líderes independentistas que aún no se han podido beneficiar de la amnistía acordada como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez.
Más espera para Puigdemont. Especialmente estará atento a lo que se decida en el TJUE en su primera decisión sobre la ley de amnistía el expresident, Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo mantiene una orden de detención al considerar que la amnistía no es aplicable por el delito de malversación y que el uso de fondos públicos para pagar los gastos del procés es una forma también de enriquecimiento personal, extremo que rechaza fehacientemente la defensa del líder de Junts.
Aunque la sentencia del TJUE no resolverá automáticamente esta segunda acusación de enriquecimiento patrimonial —sobre la que no se ha preguntado a Luxemburgo—, una decisión favorable de los jueces europeos sí desbloqueará en todo caso el recurso ante el Tribunal Constitucional de los condenados y procesados por ese delito contra el rechazo del Supremo a aplicarles la amnistía y, en el caso de Puigdemont, la decisión de mantener la orden de detención en su contra. El Constitucional decidió esperar a la sentencia del TJUE y prevé resolver esos recursos el próximo otoño.
Tanto Puigdemont como el exconseller Toni Comín, que también debería beneficiarse de un fallo favorable de Luxemburgo que abra la vía en algún momento a que pueda jurar su cargo en España sin miedo a ser detenido para poder ocupar el escaño en el Parlamento Europeo que logró en las elecciones europeas de 2024, celebradas solo unos días antes de la entrada en vigor de la ley de amnistía, esperarán el resultado de la sentencia en Bruselas. Otros potenciales beneficiados, el también expresident Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras, entre un total de 35 antiguos altos cargos de la Generalitat acusados de usar fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y para apoyar la acción exterior del procés, escucharán la sentencia desde Cataluña.
Los CDR y el terrorismo. El TJUE debe resolver también la cuestión que planteó la Audiencia Nacional en materia de terrorismo para decidir sobre la amnistía de 12 miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), los piquetes surgidos en Cataluña para imponer la secesión tras el referéndum ilegal, que han sido procesados por delitos de terrorismo.
Aunque no ha trascendido nada sobre la sentencia final de Luxemburgo, tanto desde el entorno independentista como en el Gobierno de Sánchez hay bastante confianza en que la decisión de los jueces europeos vaya en la línea de la opinión del abogado general y avale ampliamente la ley de amnistía.
El dictamen del abogado general. El abogado general Dean Spielmann avaló ampliamente la ley de amnistía en los dos aspectos consultados por la justicia española. Y eso a pesar de que, durante la audiencia pública del caso, hace exactamente un año, la Comisión Europea se pronunció por primera vez abiertamente sobre la amnistía y su argumentación no fue favorecedora a la ley: consideró que la amnistía “no permite o dificulta” averiguar si el procés socavó los intereses financieros de la UE y, además, defendió que la norma “no responde al interés general” por ser fruto de un pacto político para investir presidente del Gobierno a Sánchez.
Por el contrario, el abogado general aseveró que la normativa española se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social” y “nada permite calificarla de autoamnistía”. A su juicio, la ley española “no es resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales”.
Respecto a si la amnistía choca con los intereses financieros de la UE, el abogado general también fue enfático: “La protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley de amnistía, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión”. En lo que el abogado sí fue más crítico, y es ahí donde algunos juristas creen que podría también ser más duro el TJUE este jueves, es en la cuestión de los plazos que establece la ley, que prevé que toda resolución sobre su aplicación debe dictarse como mucho en dos meses. En su opinión escrita, Spielmann advirtió de que “un plazo excesivamente corto y vinculante puede quebrantar la exigencia de independencia judicial”.
El abogado fue igual de contundente en la cuestión de terrorismo: La ley de amnistía “no priva” a la directiva europea sobre la lucha contra el terrorismo “de su plena eficacia”, dado que “meramente conlleva una desactivación parcial y temporal de sus efectos (…) sin afectar a la aplicabilidad general de la directiva a las demás situaciones”. La ley de amnistía además “establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada violaciones a los derechos a la vida y la integridad física”, por lo que se trata de un planteamiento que “no parece incompatible, en principio, con los objetivos” de la normativa europea.
Con todo, no hay garantías absolutas. Las opiniones del abogado general suelen ser un indicativo de hacia dónde apuntará el TJUE. Pero no es una regla infalible, como se demostró precisamente en otro caso clave sobre el procés ante el tribunal de Luxemburgo: a comienzos de año, el tribunal europeo dio la razón a Puigdemont y sus exconsellers Comín y Clara Ponsatí y anuló la decisión de la Eurocámara que levantó su inmunidad, al considerar que fue tomada en un proceso que no mantuvo “la exigencia de imparcialidad”. La decisión no fue en la línea del abogado general Maciej Szpunar, quien unos meses antes había abogado por sobreseer el recurso del expresident dado que ya no es eurodiputado.
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