La regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno ha registrado un total de 1.174.968 solicitudes, según datos del Ministerio de Migraciones, más del doble de lo previsto el 16 de abril, cuando arrancó el proceso cuyo plazo de solicitudes se ha cerrado el martes. “Esta cifra va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza”, ha dicho la ministra de Migraciones, Elma Saiz. De este casi 1,2 millones de peticiones, solo cerca de 11.000 han sido resueltas positivamente.
El 52% de los expedientes ha sido ya admitido a trámite, lo que concede permiso provisional de trabajo y residencia. Solo cerca de 11.000 han sido resueltos positivamente
La regularización extraordinaria de migrantes puesta en marcha por el Gobierno ha registrado un total de 1.174.968 solicitudes, según datos del Ministerio de Migraciones, más del doble de lo previsto el 16 de abril, cuando arrancó el proceso cuyo plazo de solicitudes se ha cerrado este martes. “Esta cifra va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y esperanza”, ha dicho la ministra de Migraciones, Elma Saiz.
A mediados de junio, las cifras oficiales señalaban unas 360.000 solicitudes admitidas a trámite, que se han incrementado hasta alcanzar “en estos momentos, 608.000, el 52% del total, un dato importante porque conlleva el permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional”, ha señalado la ministra.
A partir de la admisión del expediente, el Gobierno tiene tres meses para resolver cada expediente, algunos de los cuales ya han concluido con una aprobación definitiva, aunque se desconoce el número exacto y tampoco se sabe, por ahora, si hay casos rechazados. Cataluña, con más de 257.000 solicitudes, ha sido la comunidad con cifras más altas, seguida de la de Madrid, con 202.000, la valenciana con 167.000 y Andalucía con 161.000.
La procedencia de las solicitudes corresponde sobre todo a América central y del Sur, con un 67% de ellas y Colombia a la cabeza, nacionalidad de la que parte el 26% de las peticiones de regularización; después va Marruecos, con 13,4%, Venezuela, con 11,7% y Perú, con 8,8%. “Estamos hablando de un éxito y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha señalado Saiz.
El Ministerio de Migraciones tiene previsto ofrecer este jueves más datos sobre el proceso que ha superado con mucho el medio millón de inmigrantes previstos por el Ejecutivo cuando anunció que pretendía sacar a la luz el trabajo irregular que desempeñan en España, así como otorgarles los derechos correspondientes.
La cifra, muy por encima de la que se barajó en un principio, se toma en el Ejecutivo como “un éxito”. El proceso ha contado con un gran consenso social: cientos de organizaciones humanitarias, sindicatos, patronal y la Iglesia han apoyado la regularización: “Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación”, dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
Los inmigrantes y refugiados que han pedido la regularización estaban ya en España, algunos de ellos durante años, y la gran mayoría trabajaba sin papeles, de modo que ahora podrán cotizar e incrementarán el 14% de las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social que se registran en este momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que, de no estar los inmigrantes en España, en 2050, el país tendría un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares y 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas”.
Pero la oposición política de derechas, el PP y Vox y los catalanes de Junts, ha criticado la regularización por distintos motivos. En el PP y Vox se dijo en un primer momento que el Gobierno regularizaba para tener más votos en las elecciones, aunque luego matizaron sus palabras porque estas personas no tienen por ahora el derecho a votar en las generales. Junts sostuvo su rechazo por razones lingüísticas y de colapso en los Ayuntamientos por los trámites que habría que implementar.
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