La gran apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la amnistía a los independentistas catalanes se somete hoy a una importante prueba. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por varios tribunales españoles y tanto desde Esquerra Republicana como desde Junts per Catalunya se muestran confiados en que se seguirá el sentido del dictamen de su abogado general, del pasado noviembre, y por tanto habrá un espaldarazo a la legitimidad de la norma. Para un Ejecutivo atenazado entre una maraña de causas judiciales y el alejamiento en el Congreso de un indispensable Junts, un fallo propicio tendría efectos en varios frentes. El aval europeo sería un argumento difícil de obviar por los sectores más conservadores del Poder Judicial y que han bloqueado su aplicación. Solo cuando eso suceda, Sánchez podrá dar por completa su operación de normalización institucional en Cataluña tras el procés. Y aunque sin efectos inmediatos sobre la situación de Carles Puigdemont, la decisión de Luxemburgo allanaría el regreso a España, aún sin fecha, y abre una oportunidad de encauzar la agria relación parlamentaria.
El fallo del TJUE, que se dará a conocer este jueves en Luxemburgo, activa el calendario que se autoimpuso el Constitucional para resolver el amparo de Puigdemont
La gran apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la amnistía a los independentistas catalanes se somete hoy a una importante prueba. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por varios tribunales españoles y tanto desde Esquerra Republicana como desde Junts per Catalunya se muestran confiados en que se seguirá el sentido del dictamen de su abogado general, del pasado noviembre, y por tanto habrá un espaldarazo a la legitimidad de la norma. Para un Ejecutivo atenazado entre una maraña de causas judiciales y el alejamiento en el Congreso de un indispensable Junts, un fallo propicio tendría efectos en varios frentes. El aval europeo sería un argumento difícil de obviar por los sectores más conservadores del Poder Judicial y que han bloqueado su aplicación. Solo cuando eso suceda, Sánchez podrá dar por completa su operación de normalización institucional en Cataluña tras el procés. Y aunque sin efectos inmediatos sobre la situación de Carles Puigdemont, la decisión de Luxemburgo allanaría el regreso a España, aún sin fecha, y abre una oportunidad de encauzar la agria relación parlamentaria.
En el Gobierno se muestran “esperanzados” por que el TJUE emita un dictamen “positivo” respecto a la ley de amnistía y poder seguir así cumpliendo los compromisos de investidura adquiridos con Junts.
“Esperemos que esta semana podamos ver un poco la luz”, aseguró el pasado lunes la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. Desde las filas de Junts oficialmente se muestran más prudentes, y su portavoz Josep Rius sólo remarcó “la imprevisibilidad” con que la justicia española acoja un fallo que, sin embargo, el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye da por descontado que le será favorable. Los Comités en Defensa de la República (CDR) hicieron un comunicado en que si bien dan apoyo a los posibles beneficiarios de la amnistía remarcan que ésta ha ayudado a “desactivar la lucha contra la independencia”.
La amnistía está en vigor desde 2024 y fue fruto de sendos pactos de ERC y Junts con el PSOE, de cara a investir a Sánchez. Llegaba tras los indultos y las reformas del Código Penal para suprimir delitos como la sedición. Unos pasos dados para avanzar en la vuelta a la convivencia en Cataluña pero que desde la derecha siempre se leyeron como una cesión al independentismo. El camino emprendido por Sánchez fue además entendido por parte del Poder Judicial como un ataque directo, muy especialmente dentro del Tribunal Supremo, que había condenado previamente a los líderes del procés y mantenía su empeño que Puigdemont y otros dos exconsejeros volvieran a España para juzgarles.
Hasta ahora, unas 300 personas entre políticos, activistas y policías han podido beneficiarse de una amnistía que, en un principio, el propio presidente negó que se fuera a producir. Algunos tribunales de diferente rango han optado por no aplicarla en otros casos, siendo Puigdemont y quien fuera su número dos en el Govern, Oriol Junqueras, las dos caras más conocidas de una lista que incluye también a otros cinco exconsejeros de la Generalitat, 33 exaltos cargos de la Generalitat y 16 activistas. El fallo de Luxemburgo les afecta en diferentes gradaciones, pero en general sí orienta cuál podría ser el futuro judicial de esos condenados y encausados por malversación, terrorismo o desórdenes públicos durante el procés.
El parto de la amnistía fue muy complicado, convirtiéndose en arena de choque entre republicanos y juntaires, ya en competencia directa en la vía del diálogo con el Ejecutivo tras años de críticas mutuas por esa colaboración o su rechazo. El texto sobre el que se había comenzado a trabajar era el de ERC, la bancada de Míriam Nogueras no lo consideraba suficiente sólido, y la carrera por quién tenía la última palabra dilató toda la tramitación. El rechazo frontal a la norma del PP y Vox se combinó con las objeciones directas del Poder Judicial no solo sobre su constitucionalidad e intencionalidad partidista, sino también sobre su aplicación.
El TJUE es la última instancia posible en esa disputa y allí han acudido la Audiencia Nacional —que tiene encausados a 12 miembros de los CDR detenidos en la Operación Judas— , el Tribunal de Cuentas -con 35 exaltos cargos en capilla por la promoción internacional del procés– , el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un Juzgado Penal de Vilanova y la Geltrú. Sus dudas pivotan sobre el encaje en el derecho europeo en el borrado condenas y procesos relacionados con el terrorismo, los desórdenes públicos y la malversación. Luxemburgo responderá hoy sobre las preguntas de los dos tribunales, que tendrán que resolver sobre la aplicación de la medida.
Pero la decisión va más allá, pues activa el calendario que se autoimpuso el Constitucional para revisar los recursos de amparo, empezando en orden por los presentados por los cuatro exconsejeros que siguen inhabilitados como sentenció el Supremo (Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa) y abordando después los que elevaron Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, sobre los que pesa aún una orden de captura nacional. El Constitucional prevé empezar la revisión en otoño, y, cuando dicte sentencia, la amnistía a los principales dirigentes independentistas quedará en exclusiva en el manos del Supremo, que tendrá que aplicar la decisión del Constitucional.
El abogado de Puigdemont da por hecho que el TJUE seguirá el dictamen de noviembre y por tanto cree que no quedan excusas para la no aplicación de la ley a su cliente y el resto de independentisats. La ruptura de Junts con el Gobierno, escenificada en octubre y noviembre pasados tras meses de tensa relación parlamentaria, siempre ha sido justificada por esa formación como una respuesta al reiterado incumplimiento de los compromisos de la investidura, siendo el primero el de la investidura.
Se trata de malestar que se ha ido agravando con el tiempo y ha terminado por agriar el choque parlamentario. La táctica de exigencia sin cuartel de Junts ha sido muleta de la operación de erosión de Sánchez en la que están dedicados PP y Vox. Sin la mayoría de la investidura completa, se han perdido votaciones básicas como la senda fiscal, que obliga a posponer la presentación del proyecto de Presupuestos Generales. Pese a que el calendario para el retorno de Puigdemont sigue siendo incierto, en el Ejecutivo confían en que la buena recepción del fallo facilite un encuentro con su partido en .
No son los únicos. El PP, en un giro copernicano, ha ido modulado su discurso también buscando acercarse a la formación independentista. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo el propio Alberto Núñez Feijóo en el congreso del PP catalán a finales de junio, en un cálculo donde influye tanto intentar una hasta ahora imposible moción de censura a Sánchez como la búsqueda de allanar el camino para normalizar la relación política tras los próximos comicios.
Aunque no ha trascendido nada sobre la sentencia final de Luxemburgo, fuentes del Gobierno comparten el optimismo de los independentistas respecto a que la decisión de los jueces europeos avale ampliamente la ley de amnistía.
El abogado general Dean Spielmann consideró que los dos aspectos consultados por la justicia española encajaban en la legalidad de la UE. Y eso a pesar de que, durante la audiencia pública del caso, hace exactamente un año, la Comisión Europea se pronunció por primera vez abiertamente sobre la amnistía y su argumentación no fue favorecedora a la ley: consideró que la amnistía “no permite o dificulta” averiguar si el procés socavó los intereses financieros de la UE y. además, defendió que la norma “no responde al interés general” por ser fruto de un pacto político para investir presidente del Gobierno a Sánchez.
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