El Gobierno tiene prácticamente listo ya el texto de una de las medidas con más impacto de su mandato, la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes que ya viven y trabajan en España, pero de manera irregular. Tras el informe del Consejo de Estado, que estaba ya listo este jueves y se envió este viernes, y que según fuentes conocedoras del documento avala en lo sustancial el texto, aunque plantea mejoras técnicas que se están estudiando en estas horas para incorporarlas, el texto se está ultimando para llevarlo al Consejo de Ministros de este martes 14 de abril.
El Ejecutivo tiene previsto añadir las recomendaciones del Consejo de Estado, que según diversas fuentes será mejor de lo esperado
El Gobierno tiene prácticamente listo ya el texto de una de las medidas con más impacto de su mandato, la regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes que ya viven y trabajan en España, pero de manera irregular. Tras el informe del Consejo de Estado, que estaba ya listo este jueves y se envió este viernes, y que según fuentes conocedoras del documento avala en lo sustancial el texto, aunque plantea mejoras técnicas que se están estudiando en estas horas para incorporarlas, el texto se está ultimando para llevarlo al Consejo de Ministros de este martes 14 de abril.
El Consejo de Estado, explican estas fuentes, avala lo fundamental, esto es que se haga a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería, como se hicieron otras regularizaciones con los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero o José María Aznar, y por tanto sin necesidad de llevarlo a votación en el Congreso. La norma fue acordada con Podemos y tiene el respaldo de la coalición y de la mayoría progresista, pero podría tener dificultades parlamentarias por la gran distancia entre la izquierda y Junts en un asunto delicado como este.
El Consejo de Estado sí forzará a cambiar algunas fórmulas técnicas, y hay asuntos complejos como el de los antecedentes penales que habrá que afinar. La norma rechaza la regularización para el inmigrante con antecedentes, pero después vienen los matices de cómo se comprueba y con qué tiempos de respuesta de los países de origen se trabaja. El texto abre este proceso exprés a todos los inmigrantes que puedan demostrar cinco meses de residencia y que “carezcan de antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos”.
Los técnicos trabajan para dejar la norma lista para el martes con todas las recomendaciones del Consejo de Estado, que, según admitió Carmen Calvo, su presidenta, plantea algunas “observaciones”.
El texto de la reforma del reglamento tiene detrás a varios ministerios -Inclusión, Justicia, Política Territorial, Interior- pero es la ministra Elma Sáiz la que lleva el liderazgo y le está dando los últimos retoques técnicos con su equipo, mientras el de Félix Bolaños también está muy encima por los aspectos jurídicos de la norma. Todo se está midiendo mucho porque con la oposición del PP y Vox en un tema tan sensible es probable que haya una batalla jurídica y el Ejecutivo no quiere sorpresas en los tribunales. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que lo recurrirá.
Estas fuentes conocedoras del texto señalan que es un aval para el Gobierno. Después de la presión muy fuerte de la oposición contra esta norma, que intentó incluso torpedear a través de la Comisión Europea, que finalmente señaló que España tiene autonomía para gestionar su propia política de migración, existía el riesgo de que el informe fuera muy duro contra la esencia de la norma, y diversas fuentes coinciden en que no ha sido así.
Con este informe, el Gobierno se dispone, pues, a dar la batalla política frente al PP y Vox para reivindicar que la manera de enfrentarse al rechazo creciente a la inmigración es demostrando que el modelo económico español, en el que la llegada de extranjeros ha sido fundamental, es una historia de éxito y lo seguirá siendo mientras no se opte por una política de cierre.
La decisión política está, pues, tomada: el Gobierno de Pedro Sánchez llevará a cabo una gran regularización en un momento en que la mayoría de los países europeos habla de expulsiones masivas y de centros de internamiento fuera de sus países.
La iniciativa, con un claro impacto social, económico y político, ha provocado mucho interés con posiciones muy definidas a favor y en contra, también fuera de España, porque mientras casi todos los gobiernos europeos toman medidas antiinmigración, la coalición progresista opta por una regularización extraordinaria que ahora rechazan de forma tajante el PP y Vox, pero que cuenta con el aval de la Iglesia y de la patronal.
De hecho, el origen de esta reforma es una iniciativa legislativa popular impulsada por diversos colectivos, entre ellos varios vinculados a la Iglesia, que presionó al PP y logró que en un principio apoyara su tramitación, aunque ahora, presionado por Vox, ha girado a un rechazo rotundo. La regularización coincidirá con la visita a España del Papa, uno de sus principales avales, algo que ha provocado un choque directo entre la Iglesia y Vox. El debate sobre la regularización, que abrirá un proceso exprés hasta finales de junio, coincidirá además con la campaña de las elecciones andaluzas, donde es probable que Vox trate de explotar su rechazo a esta norma como elemento clave de su mensaje antiinmigración.
El Gobierno, por el contrario, está convencido de que esta norma tiene un apoyo fuerte en la sociedad española frente a lo que sucede en otras europeas. Sánchez ha hecho de su política a favor de la inmigración un asunto clave de su mandato. El presidente explica no solo en los debates parlamentarios, donde se enfrenta al PP y Vox, sino también en las entrevistas de medios internacionales, donde le suelen preguntar con sorpresa por qué España va en una línea contraria al resto de Europa y también de EEUU, que durante su mandato se han incorporado más de dos millones de inmigrantes a la economía española y eso, lejos de suponer un problema, es una historia de éxito porque ha provocado más crecimiento, más empleo, más recaudación fiscal y más capacidad para hacer políticas sociales. Sánchez explica siempre que los inmigrantes, al contrario de lo que dice la derecha y la ultraderecha, contribuyen a la seguridad social o la financiación de la sanidad mucho más de lo que la usan, sobre todo por su edad. Regularizar a personas que ya están trabajando de forma irregular, explican en el Gobierno, no es solo justo y positivo para ellas, sino para el sistema, que se beneficia con mejores empleos y más ingresos fiscales.
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