La Audiencia Nacional acoge desde este semana una imagen inusual: una decena de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, a quienes el Estado encomendó la misión de perseguir delitos, se sientan en el banquillo de los acusados por, supuestamente, cometerlos. Pasadas las 10.00 de este lunes, el tribunal ha dado el pistoletazo de salida al esperado juicio sobre el caso Kitchen, la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdida en 2013, cuando este amenazaba con tirar de la manta contra el PP, acorralado entonces por el caso Gürtel. La vista ha comenzado con la fase de cuestiones previas, que las defensas de los dos principales imputados, Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior desde 2011 a 2016) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad), ya han aprovechado para lanzar su primera ofensiva. Ambos han pedido que se invaliden algunas pruebas clave incorporadas al sumario —como las grabaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo—. También han reclamado que se suspenda el proceso por la falta de competencia de la Audiencia Nacional y que se remita la causa a los tribunales ordinarios de Madrid para enjuiciar allí los hechos.
Una decena de personas se sientan en el banquillo acusadas de iniciar una operación policial para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas El exministro Jorge Fernández Díaz trata de sacar el juicio de Kitchen de la Audiencia Nacional | España | EL PAÍSIr al contenido
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Una decena de personas se sientan en el banquillo acusadas de iniciar una operación policial para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas
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Juicio del ‘caso Kitchen’, en directo
La Audiencia Nacional acoge desde este semana una imagen inusual: una decena de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, a quienes el Estado encomendó la misión de perseguir delitos, se sientan en el banquillo de los acusados por, supuestamente, cometerlos. Pasadas las 10.00 de este lunes, el tribunal ha dado el pistoletazo de salida al esperado juicio sobre el caso Kitchen, la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdida en 2013, cuando este amenazaba con tirar de la manta contra el PP, acorralado entonces por el caso Gürtel. La vista ha comenzado con la fase de cuestiones previas, que las defensas de los dos principales imputados, Jorge Fernández Díaz (ministro del Interior desde 2011 a 2016) y Francisco Martínez (ex secretario de Estado de Seguridad), ya han aprovechado para lanzar su primera ofensiva. Ambos han pedido que se invaliden algunas pruebas clave incorporadas al sumario —como las grabaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo—. También han reclamado que se suspenda el proceso por la falta de competencia de la Audiencia Nacional y que se remita la causa a los tribunales ordinarios de Madrid para enjuiciar allí los hechos.
Antes del arranque de esta primera sesión, que se ha dado por finalizada sobre las 14.20, la expectación ya era máxima. La Audiencia Nacional, acostumbrada a las complejas tramas de crimen organizado, afrontaba uno de sus días grandes. Decenas de periodistas se han apostado a sus puertas para esperar la llegada de los procesados. José Manuel Villarejo ha sido el único que se ha parado ante las cámaras: “Afronto el juicio con mucho entusiasmo, confío en que la verdad prevalezca”, ha dicho a los reporteros. Mientras tanto, otros acusados (como Fernández Díaz y Martínez) coincidían en un bar cercano a la sede del tribunal ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), donde se celebra la primera semana de la vista oral. Allí, mientras tomaba un café y una tostada, el exministro ha observado con atención cómo la televisión desgranaba algunos detalles de lo que le esperaba minutos después. El sumario lo sitúa en la cúspide del espionaje a Bárcenas.
Para la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Díaz jugó un papel crucial en la red corrupta. Sin embargo, su defensa lo niega. De hecho, este lunes, sentado ya en un extremo de la primera fila del banquillo, el exdirigente popular ha escuchado cómo su abogado, Jesús Mandri, dedicaba sus primeras palabras a tratar de desmontar los cimientos de la acusación que se levanta contra él. A la izquierda del exministro se ha situado su antigua mano derecha, Francisco Martínez (con quien ha intercambiado algunas palabras), y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional. El ministerio público pide que se les impongan 15 años de cárcel a los tres por liderar la operación policial sin control judicial activada hace una década para espiar a Bárcenas y robarle material comprometedor que aún pudiera guardar sobre el PP.
Comienza el juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen
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La lista de acusados la completan Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado por la trama como confidente y que cobró de los fondos reservados; y otros seis exmandos policiales. Estos son los comisarios José Manuel Villarejo (que no se sienta en el banquillo, sino junto a su letrado al tirar de su condición de abogado), Andrés Gómez Gordo (que fue asesor de Cospedal), José Luis Olivera (exjefe de la UDEF y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) y Marcelino Martín Blas (antiguo responsable de Asuntos Internos); así como los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano.
El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, es el undécimo acusado, pero no se sienta en el banquillo debido a su estado de salud tras sufrir un ictus en mayo de 2022.
Los magistrados, que calculan que el juicio no acabe hasta finales de junio, han reservado las cuatro sesiones de esta primera semana para la fase de cuestiones previas.
La ausencia del PP
El PSOE, personado como acusación popular, no ha tirado la toalla todavía ante el cerrojazo de la Audiencia Nacional a indagar más allá del Ministerio del Interior. En esta primera jornada, los socialistas han pedido que se declare una nulidad parcial del fin de las pesquisas y vuelvan a reabrirse para investigar la presunta pata política de la trama —con el foco puesto especialmente en María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP (a quien el magistrado instructor Manuel García-Castellón dejó fuera del juicio)—. “Considero que tiene que haber otras personas sentadas en el banquillo”, ha incidido la abogada del partido de izquierdas, Gloria de Pascual, que ha criticado que se hayan dejado fuera de la causa varios informes policiales que apuntaban contra la cúpula de los populares durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y de la formación conservadora.
Los socialistas no se han quedado ahí y, como avanzó EL PAÍS, han planteado igualmente al tribunal que rectifique y siente en el banquillo al PP como persona jurídica, para que responda como partícipe a título lucrativo o responsable civil subsidiario por la puesta en marcha de la Operación Kitchen. El PSOE insiste en que el partido conservador era el “único” beneficiado de la trama y, por tanto, no tiene sentido que no responda por el desvío de fondos públicos.
Para tratar de afianzar sus acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción también envió hace unos días al tribunal nuevos correos electrónicos que se cruzaron algunos de los principales sospechosos.
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