Juan Carlos Peinado era un desconocido para la opinión pública hasta hace dos años, cuando se convirtió en el juez que, por primera vez, investigó a una mujer de un presidente del Gobierno por su actividad privada. El magistrado ha enviado a juicio a Begoña Gómez tras una instrucción marcada por la polémica que ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una ristra de quejas por su particular proceder en ese y otros casos. El órgano de gobierno de los jueces aún tiene pendiente ventilar tres; dos de ellas referidas al procedimiento contra la esposa de Pedro Sánchez. Fuentes del CGPJ indican que la presidenta, Isabel Perelló, está esperando para retomar el asunto a que la Audiencia Provincial de Madrid responda a los últimos recursos y aclare el futuro de la causa, lo que podría dejar una eventual sanción en papel mojado porque no daría tiempo a desplegar sus efectos antes de que Peinado se jubile el próximo 27 de septiembre.
El CGPJ ya archivó cuatro denuncias pero tiene pendientes otras tres cuyo desenlace podría demorarse hasta después de que el instructor se jubile
Juan Carlos Peinado era un desconocido para la opinión pública hasta hace dos años, cuando se convirtió en el juez que, por primera vez, investigó a una mujer de un presidente del Gobierno por su actividad privada. El magistrado ha enviado a juicio a Begoña Gómez tras una instrucción marcada por la polémica que ha llegado hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una ristra de quejas por su particular proceder en ese y otros casos. El órgano de gobierno de los jueces aún tiene pendiente ventilar tres; dos de ellas referidas al procedimiento contra la esposa de Pedro Sánchez. Fuentes del CGPJ indican que la presidenta, Isabel Perelló, está esperando para retomar el asunto a que la Audiencia Provincial de Madrid responda a los últimos recursos y aclare el futuro de la causa, lo que podría dejar una eventual sanción en papel mojado porque no daría tiempo a desplegar sus efectos antes de que Peinado se jubile el próximo 27 de septiembre.
La decisión de mayor calado que el CGPJ debe adoptar respecto a Peinado es responder a las sucesivas denuncias que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado en su contra. El origen es la citación como testigo que el instructor le hizo para el 16 de abril de 2025. Ese día, miércoles de Semana Santa, Peinado se desplazó hasta el complejo de La Moncloa para interrogar presencialmente al ministro por la contratación de Cristina Álvarez como asistente personal de Gómez. Bolaños se quejó ante el CGPJ de que esta diligencia se había desarrollado en circunstancias “absolutamente anómalas”. El dirigente socialista se desvinculó de ese contrato y el magistrado le reprochó que contestara con “evasivas” a sus preguntas. En otro momento, el togado llegó a cuestionar la actitud del ministro. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, le interpeló. “Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa”, explicó Bolaños, a lo que el juez replicó que quizás sería porque no estaba ”habituado» a un “interrogatorio”. “Desde luego que no, claro”, zanjó el testigo. Posteriormente, Peinado intentó imputarle por falso testimonio y malversación pero el Tribunal Supremo lo descartó ante la “ausencia absoluta” de indicios. El magistrado sí ha seguido adelante en la imputación a Gómez de un delito de malversación, uno de los cuatro ilícitos ―junto a los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca― por los que la ha enviado a juicio.
Bolaños denunció hace un año. En ese momento se produjo el trámite automático de abrir diligencias informativas para que el CGPJ estudiara si había sustento. El asunto quedó parado hasta el pasado marzo, cuando Ricardo Conde, el promotor de la acción disciplinaria ―quien se ocupa de esta materia en el órgano de gobierno de los jueces―, propuso archivar las quejas de Bolaños contra Peinado al considerar que tanto la citación como el interrogatorio se enmarcan en el ejercicio de la función jurisdiccional. La Comisión Permanente le devolvió su propuesta de archivo, argumentando que faltaban datos relevantes para completar las pesquisas. Esto supone que Conde tendrá que recabarlos para hacer una nueva propuesta. Entonces, los vocales tendrán que decidir si archivan o abren un expediente disciplinario que podría acabar en sanción. En ese punto sigue el asunto.
Hace pocas semanas, fue la propia presidenta del CGPJ la que puso sobre la mesa otro controvertido movimiento de Peinado, tras recibir una queja del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Al abrir juicio oral contra Gómez, el pasado 21 de junio (sábado), el instructor también acordó prohibir a la mujer de Sánchez que saliera del país, retirarle el pasaporte y obligarla a firmar cada 15 días en sede judicial. Y lo hizo sugiriendo que los policías que le sirven de escolta podrían ayudarla a fugarse. Esta insinuación propició que esa misma noche Perelló convocara de urgencia (para ese domingo) una reunión de la Comisión Permanente que finalmente se celebró al lunes siguiente con la intención de instar a Conde a que abriera expediente disciplinario al juez. Pero se resolvió con un paso intermedio, dejando que sea el promotor de la acción disciplinaria quien valore si el magistrado incurrió en “exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración”. Para eso, la presidenta del CGPJ tuvo que imponer su voto de calidad, alineándose con los tres vocales progresistas de la Comisión Permanente frente a la posición de los cuatro conservadores, que creen que la resolución de Peinado no es susceptible de control disciplinario.
Al margen del caso Begoña Gómez, el otro asunto vivo contra el togado en el CGPJ procede de las quejas presentadas por Más Madrid y el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita contra el magistrado por dejación de deberes porque no prorrogó dentro del plazo legalmente establecido las pesquisas contra un alto cargo del equipo municipal de José Luis Martínez-Almeida. El caso se abrió en 2023 a raíz de una denuncia de Podemos contra el gerente de los autobuses del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por supuestamente adjudicar a dedo y con sobreprecio un contrato a OKDiario para organizar una jornada sobre movilidad sostenible. Ese error provocó que la causa tuviera que archivarse. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ también propuso archivar al entender que el retraso no solo era achacable al instructor. Sin embargo, la Comisión Permanente apreció que faltaba información relevante para decidir sobre esas quejas y, como las lagunas eran mayores que en las diligencias informativas incoadas a raíz de las denuncias de Bolaños, directamente se retiró del orden del día a la espera de que Conde recopilara los datos necesarios.
Los vocales de la Comisión Permanente dejaron en este limbo los casos planteados por Bolaños y Más Madrid e Hita en la misma reunión del pasado marzo donde acordaron archivar otras cuatro quejas contra Peinado porque las formularon particulares ajenos al caso Begoña Gómez o porque se referían a aspectos de la vida privada del juez. En esa ocasión, los vocales actuaron por unanimidad, buscando una solución de consenso que convenciera a las dos almas del CGPJ, la progresista y la conservadora. Pero el pasado 22 de junio Perelló no tuvo más remedio que retratarse.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la presidenta quiere evitar tener que recurrir otra vez a su voto de calidad para resolver sobre las cuentas pendientes de Peinado en el CGPJ. Desde principios del pasado junio, Perelló tantea el terreno para incluir de nuevo en la agenda de la Comisión Permanente las quejas de Bolaños y de Más Madrid e Hita, pero las posiciones en el seno del grupo de trabajo se mantienen y el listado de asuntos relativos a este juez ha seguido creciendo. Así las cosas, la presidenta trasladó a los vocales que no volverían a abordarlo hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los últimos recursos que le han llegado sobre el caso Begoña Gómez. Fuentes jurídicas precisan que el tribunal madrileño tiene previsto deliberarlos el 13 de julio pero que su fallo se hará esperar unos días. El más relevante es el que debe pronunciarse sobre la apertura de juicio oral y las medidas cautelares a la mujer de Sánchez, aunque también hay otra impugnación que busca recuperar el delito de intrusismo profesional, (descartado por el propio Peinado) y otro de carácter formal que afecta a la unificación de las acusaciones populares.
Sin embargo, fuentes progresistas del CGPJ temen que, para cuando Perelló quiera llevar el caso Peinado a la Comisión Permanente, ya sea tarde. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dejará de serlo el 27 de septiembre, cuando cumplirá la edad de jubilación forzosa para los jueces y magistrados: 72 años. Si el Consejo opta por dar carpetazo a esos tres asuntos, este factor será irrelevante. Pero si, por el contrario, apuesta por sancionar, podría no dar tiempo a que el castigo se aplique. Sobre todo, explican las fuentes consultadas, si se califica de falta leve, porque en esos casos la ley deriva la competencia para ejecutarlas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuya presidencia está en situación de interinidad por la designación de su hasta ahora máximo responsable, Celso Rodríguez, como magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo, a lo que se suma que el mes de agosto es inhábil en términos judiciales. De ser sancionado, Peinado se enfrenta a castigos que van desde una mera “advertencia” a la expulsión de la carrera judicial, que ya sería prácticamente simbólica.
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