Que haya políticos que ataquen a los jueces cuando llega o se zanja en los tribunales alguna causa que los perjudica no es nuevo. Lo hizo el socialista Felipe González en 1997, cuando aseguró que algunos eran “descerebrados” y criticó su poder excesivo; También Mariano Rajoy, cuando, tras estallar el caso Gürtel, afirmó que se trataba “de una trama contra el PP, no del PP” en la que incluía a jueces, fiscalía y policía. Y lo replicaron dirigentes del PSOE cuando trataron de vincular investigaciones que señalan a miembros de sus filas, entre ellos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una declaración de José María Aznar: “El que pueda hacer, que haga”.
Los populares también sembraron dudas sobre el sistema cuando estalló el ‘caso Gürtel’. Felipe González hablaba en 1997 de jueces “descerebrados”
Que haya políticos que ataquen a los jueces cuando llega o se zanja en los tribunales alguna causa que los perjudica no es nuevo. Lo hizo el socialista Felipe González en 1997, cuando aseguró que algunos eran “descerebrados” y criticó su poder excesivo; También Mariano Rajoy, cuando, tras estallar el caso Gürtel, afirmó que se trataba “de una trama contra el PP, no del PP” en la que incluía a jueces, fiscalía y policía. Y lo replicaron dirigentes del PSOE cuando trataron de vincular investigaciones que señalan a miembros de sus filas, entre ellos, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con una declaración de José María Aznar: “El que pueda hacer, que haga”.
La encuesta monográfica sobre Justicia del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que tres cuartas partes de la población española creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones judiciales y que los jueces se dejan influir, ya que solo el 32,2% considera que las resoluciones que emiten sobre asuntos políticos son “justas e imparciales”. El sondeo incluye una pregunta específica sobre si las críticas a las decisiones judiciales por parte de los políticos están justificadas o no y en qué casos creen que sí y en cuáles no. El 34,3% considera que “no están justificadas en ningún caso” cuando proceden del Ejecutivo, porcentaje que desciende al 30,6% si esas críticas las hace la oposición. El 32,4% cree que si proceden de miembros del Gobierno solo son pertinentes si los jueces no son imparciales y el 19,9% piensa que “están justificadas en cualquier caso”, frente al 18,9% que así lo cree cuando las críticas proceden de la oposición. Las respuestas varían sensiblemente según la intención de voto, como las reacciones políticas a la encuesta según cada partido.
Los indicadores de desconfianza en la Justicia que muestra la encuesta del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, así como estudios europeos, se leen de distinta forma según el color político de cada dirigente, así como desde las propias asociaciones judiciales. El ministro para la Transformación Digital y secretario general de la federación socialista madrileña, Óscar López, aseguró que la percepción ciudadana sobre el Poder Judicial que refleja el sondeo “debería llevar a la reflexión a quienes administran la Justicia. Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad porque el Estado de derecho se basa en la confianza en la justicia y la separación de poderes”, subrayó.
Consultados por esa desconfianza ciudadana, fuentes de Ferraz insisten en que el PSOE respeta la independencia judicial y confía en el Estado de Derecho, aunque añaden que “es evidente que la estrategia de judicialización permanente impulsada por la derecha, la ultraderecha y sus organizaciones satélite y las incomprensibles decisiones de algunos jueces han terminado deteriorando la confianza de muchos ciudadanos en la propia Justicia”. La opinión más extendida en el principal partido del Gobierno, informa José Marcos, es que el PP y Vox han convertido las querellas de organizaciones ultras que actúan como acusación popular en el eje de su estrategia de oposición». También aluden en la sede del PSOE a “actuaciones individuales” por parte de algunos jueces que pueden “apartarse de la imparcialidad, la proporcionalidad o las garantías que deben presidir cualquier procedimiento judicial”. El líder de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió el pasado junio en una ejecutiva del partido a “las diferentes velocidades” y criterios que, a su juicio, distinguen los casos que afectan a los socialistas de los casos que involucran al PP. En ese sentido, fuentes de Ferraz insisten en que “hay personas que son imputadas con indicios extraordinariamente débiles, mientras otras no lo son pese a existir elementos mucho más sólidos, como los audios del caso Kitchen, donde aparecen conversaciones muy claras sin que María Dolores de Cospedal ni Mariano Rajoy fueran imputados”.
Mientras, en el PP, la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, tachó de “populismo” las palabras de Óscar López y el contenido de la propia encuesta del instituto 40dB. —2.000 entrevistas online cuyos datos en bruto puede consultar al completo aquí—. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja, Alberto González Amador, está siendo investigada por varios presuntos delitos, también se refirió al asunto durante el acto de clausura de las actividades académicas del Centro de Estudios Garrigues. “Os animo”, declaró, dirigiéndose a la promoción de alumnos, “a reiniciar la España de siempre”, y “a ejercer según vuestra conciencia, a favor de la independencia judicial y en contra de la terrible teoría que ya va instalándose, la del lawfare”.
También negó la existencia de guerra judicial en España el portavoz de Vox José María Fúster. Preguntado por la encuesta que señala que más del 65% de los españoles cree que sí existe, señaló que es lógico que esa “matraca” del PSOE se haya “apoderado” de “algunos ciudadanos”. Según el portavoz del partido de extrema derecha, lo que sí hay son instituciones “asaltadas por el sanchismo”, entre las que citó al Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos.
Preguntado por la imagen de la justicia que arroja la encuesta, informa Óscar Martínez, el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández reivindicó que su partido lleva “años” alertando de que en España existe lawfare [guerra judicial] y que es, además, “el que más lo ha sufrido, junto a los independentistas”. “Es un hecho irrefutable que en España hay fachas operadores judiciales que hacen política siempre a favor del PP y la ultraderecha”, dijo, aunque a continuación añadió: “No todos los casos de corrupción que rodean y que acorralan al Partido Socialista son lawfare. El caso de el ex ministro y ex secretario de Organización y ex mano derecha de Pedro Sánchez [José Luis Ábalos, recientemente condenado a 24 años de prisión] no es lawfare; ni lo es el caso de Santos Cerdán, ni el de Leire Díez, que, evidentemente, no era una militante más del PSOE [como sostuvo inicialmente el partido]. Hay que distinguir el grano de la paja y es lamentable que a día de hoy nadie del PSOE haya asumido responsabilidades por los casos de corrupción”.
En el sondeo de EL PAÍS, los ciudadanos también aprecian esas diferencias. Así, el grupo mayoritario ve “motivaciones políticas” en la investigación a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, no así en la causa por la que acaba de ser condenado Ábalos.
Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, opinó: “Hay jueces que juegan a ser políticos. Es evidente”, informa Paula Chouza. “Yo diría que lo que simboliza con mayor claridad es interpelar al juez Marchena [Manuel] a que se presente a las elecciones. Es lo mejor que podría hacer al país para ver si tiene apoyo o no para que hacer en ley lo que intenta hacer por detrás desde la sala segunda del Supremo”, añadió.
España en EL PAÍS
