Youness sale del consulado de Marruecos en Barcelona con un papel bajo el brazo que solo le ha costado tres euros, pero cuyo valor es incalculable: el documento oficial que acredita, con un “no consta”, que no ha cometido delitos ni ha sido condenado en su país durante los últimos cinco años. “Estoy contento. Ahora lo llevaré a traducir y con eso creo que ya lo tendré todo”, cuenta este hombre de 23 años, que permanece en situación irregular y que con toda probabilidad se convertirá en uno de los más de medio millón de beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Youness trabaja en una empresa de reparto a domicilio en condiciones precarias. Confía en que, con el permiso de residencia y trabajo, podrá dedicarse al fin a aquello para lo que se ha formado y que mejor se le da: “Mecánico de bicis y motos”.
La comunidad marroquí afincada en Barcelona tramita el certificado de antecedentes penales, básico para optar a la regularización extraordinaria
Youness sale del consulado de Marruecos en Barcelona con un papel bajo el brazo que solo le ha costado tres euros, pero cuyo valor es incalculable: el documento oficial que acredita, con un “no consta”, que no ha cometido delitos ni ha sido condenado en su país durante los últimos cinco años. “Estoy contento. Ahora lo llevaré a traducir y con eso creo que ya lo tendré todo”, cuenta este hombre de 23 años, que permanece en situación irregular y que con toda probabilidad se convertirá en uno de los más de medio millón de beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Youness trabaja en una empresa de reparto a domicilio en condiciones precarias. Confía en que, con el permiso de residencia y trabajo, podrá dedicarse al fin a aquello para lo que se ha formado y que mejor se le da: “Mecánico de bicis y motos”.
El certificado de antecedentes penales en el país de origen es una de las exigencias de la regularización recién aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese trámite en particular es, también, uno de los que más inquietud genera a los extranjeros. La lentitud e incluso las trabas de algunos consulados a la hora de tramitarlo amenazan con privar a extranjeros de beneficiarse de la norma. Quien no lo logre deberá formalizar su solicitud acompañada de un justificante que indique que lo ha pedido sin éxito y que autoriza al Ministerio de Justicia a solicitarlo por vía diplomática. El decreto prevé que el proceso quede en suspenso tres meses mientras se explora esa vía, esencial para acceder a la regularización.
No parece que vaya a ser el caso, sin embargo, de la comunidad marroquí en España, la más numerosa (1,1 millones de empadronados nacieron en ese país) por delante de Colombia (casi un millón) y Venezuela (700.000). El certificado de antecedentes, que hay que solicitar y luego recoger en persona, se está expidiendo actualmente con normalidad, en una horquilla temporal de entre dos semanas y un mes, al menos en el consulado del Reino de Marruecos en Barcelona, según ha podido constatar este diario a partir de testimonios de los solicitantes. Un plazo en cualquier caso razonable, que da margen de maniobra a los marroquíes, ya que el plazo de solicitudes para la regularización vence el 30 de junio.
Como muchas otras comunidades, la marroquí también ha sido cauta y se ha anticipado: en febrero, cuando el Gobierno anunció la regularización y avanzó que exigiría un certificado de antecedentes penales, empezaron a acudir en masa al consulado, que vivió momentos de aglomeración. Youness fue uno de esos adelantados. “Lo pedí en febrero y ahora por fin lo tengo. Estoy contento porque voy a poder trabajar mejor”, cuenta el joven, que llegó a España de forma ilegal hace dos años y, además de trabajar como repartidor, en este tiempo ha hecho cursos de catalán (“parlo una mica“) y de mecánico. El joven muestra el papel, en árabe, que certifica la ausencia de antecedentes.
Este miércoles también tenía cita para recoger el certificado de penales Hasán. Vive en Granollers (Barcelona), donde trabaja sin contrato como carnicero. Fuma un cigarrillo antes de entrar al consulado, en una calle del barrio del Poblenou, donde el pequeño ecosistema nacido en torno al consulado (copisterías, asesorías, servicios de traducciones juradas, teterías) convive con la presencia de turistas y trabajadores expatriados que trabajan en modernas oficinas con espacios diáfanos. Cuando Hasán entra, el amigo que lo acompaña cuenta que muchos jóvenes como ellos se ven forzados a residir en infraviviendas, y que trabajar en negro es “una faena”, ya que a menudo conlleva largas jornadas y sueldos miserables. La regularización, que implica obtener el permiso de trabajo (él ya lo tiene) permite evitar abusos “de españoles, pero también de marroquíes que asfixian a sus paisanos”.
Hasán ha pagado tres euros por el certificado oficial emitido por Marruecos, abonará otros 25 por la traducción jurada (un servicio que no ofrece el consulado) y otros 300 a un abogado por los trámites. La regularización puede completarse sin necesidad de recurrir a especialistas legales, pero es un momento tan decisivo en la vida de las personas que muchas optan por no asumir riesgos y dejarlo en manos de un profesional. “Prefiero pagar, no vaya a ser que se me pase algún papel que tenga que presentar…”, explica.
Los marroquíes más rezagados tampoco van a sufrir para conseguir el certificado a tiempo. “Me han dicho que lo tendrán en dos semanas”, cuenta un joven albañil, que prefiere no dar su nombre, a la salida. Tras la luz verde definitiva a la regularización, los trámites se han acelerado: el consulado abre desde hace semanas incluso los fines de semana para que nadie quede fuera. Fátima también ha pedido la hoja penal este miércoles. Lleva más de dos años en España y compagina un trabajo como cuidadora de ancianos con otro en una cocina. Una de sus aspiraciones es, también, recuperar su oficio: “Soy profesora de personas discapacitadas”, dice antes de caminar a paso rápido hacia la parada del metro, en medio de un constante hormigueo de entrada y salida del consulado, donde sin embargo no se han formado aglomeraciones en la calle.
Omar lleva menos de un año residiendo en España y no habla castellano. Pero se presta a llamar por teléfono a su hermano, que hace de traductor y alerta de que su preocupación ya no son los antecedentes penales, sino cómo acreditar la vulnerabilidad. “Nos preocupa esto, a ver dónde y cómo lo tenemos que hacer”, explica delante de su hermano, que ha venido a recoger (tardan unas dos semanas) la traducción jurada. “Sentencias judiciales: no consta”, dice el documento en una de sus páginas, donde hay igualmente otros “no consta” referidos a detenciones.
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