La regularización extraordinaria de migrantes en España se revela como una de las batallas políticas más cómodas para el PSOE, a pesar de la rentabilidad electoral que las medidas antiinmigración han reportado en numerosos países en los últimos tiempos. El Gobierno de coalición está defendiendo este asunto como un hito en la legislatura, consciente de que sacar de la dolorosa clandestinidad a medio millón de personas, otorgarles derechos y situarlos en condiciones laborales y sociales dignas son elementos que los votantes de izquierda valoran por sí mismos. Además, el Ejecutivo ha exhibido números favorables a la economía, como el alza en las cotizaciones que podrían aportar estas personas a los más de 3,1 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social. Informes independientes calculan que el beneficio fiscal neto por cada extranjero regularizado se situaría entre 3.000 y 4.000 euros. Esos mismos estudios concluyen que estos procesos no generan efecto llamada. A pesar de ello, el Partido Popular ha optado por desenfundar su discurso más duro, cercano a las tesis de la ultraderecha que llegan a equiparar la emigración con la delincuencia.
Formalizar la situación de medio millón de extranjeros sitúa a la izquierda en una posición cómoda frente a las duras palabras del PP, que vincula inmigración y delincuencia
La regularización extraordinaria de migrantes en España se revela como una de las batallas políticas más cómodas para el PSOE, a pesar de la rentabilidad electoral que las medidas antiinmigración han reportado en numerosos países en los últimos tiempos. El Gobierno de coalición está defendiendo este asunto como un hito en la legislatura, consciente de que sacar de la dolorosa clandestinidad a medio millón de personas, otorgarles derechos y situarlos en condiciones laborales y sociales dignas son elementos que los votantes de izquierda valoran por sí mismos. Además, el Ejecutivo ha exhibido números favorables a la economía, como el alza en las cotizaciones que podrían aportar estas personas a los más de 3,1 millones de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social. Informes independientes calculan que el beneficio fiscal neto por cada extranjero regularizado se situaría entre 3.000 y 4.000 euros. Esos mismos estudios concluyen que estos procesos no generan efecto llamada. A pesar de ello, el Partido Popular ha optado por desenfundar su discurso más duro, cercano a las tesis de la ultraderecha que llegan a equiparar la emigración con la delincuencia.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo este miércoles palabras muy gruesas contra la medida, insistiendo en que se está regularizando a los extranjeros “a granel” y afirmando sin ambages que el Gobierno va a dar papeles a personas como “un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano”. Estas afirmaciones van en la línea de las que hizo en enero, cuando se anunció la regularización. Entonces Feijóo aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomaba esa decisión para engordar su listado de votantes, palabras que acabó matizando notablemente. El texto del decreto publicado ya en el BOE explicita que se necesitará demostrar la inexistencia de antecedentes penales en aquellos países en los que el extranjero haya vivido los últimos cinco años. Además, la Administración recabará de oficio el historial penal y policial tanto en España como en Europa de los interesados en la regularización. En todo caso, si hubiera alguna incidencia policial se revisará “de forma casuística y circunstanciada”, afirma el texto legal. Se trata de separar casos como el robo de una gallina por hambre de, por ejemplo, un intento de violación.
No ha sido suficiente para Feijóo, cuyo partido apoyó en 2024 la iniciativa legislativa popular que reunió más de 600.000 firmas para formalizar la situación de los extranjeros. Tampoco le ha hecho cambiar de parecer la postura de la Iglesia, tanto en sus bases como en la jerarquía, inequívocamente a favor de la regularización, ni la de buena parte del empresariado que reclama mano de obra legal. Es un suelo poco firme para el partido conservador y da bazas al Gobierno, que ha salido en tromba a declarar “indignas” las palabras de una persona que aspira a ser presidente de todos los españoles. “No está boicoteando al Gobierno, sino a miles de ciudadanos”, le ha reprochado la ministra de Migraciones, Elma Saiz. “Son personas irregulares, no delincuentes”, ha contestado al popular. Para situar el asunto a pie de calle, la ministra y portavoz del Gobierno ha recordado que esos miles de extranjeros son los que conocen los ciudadanos, porque trabajan con ellos, cuidan a los mayores y sus hijos comparten colegio con los niños de todos. Es decir, esos a los que saludamos en el bar cada día. Hasta el electorado de Vox sabe que algunos de los trabajos que esos hombres y mujeres desempeñan no los quieren hacer los españoles.
El fleco de los antecedentes penales que esgrime la oposición llega un poco tarde. En los primeros borradores que se conocieron de este decreto, la regularización exigía requisitos más laxos: se permitía, por ejemplo, que una declaración responsable del interesado sobre la limpieza de su expediente delictivo bastara si no se había podido recabar el historial penal en sus países de origen u otros en los que hayan vivido. Ese supuesto ha desaparecido del texto final. Y se abrían hasta dos excepciones en ese mismo terreno: quienes llevaran cinco años viviendo en España no necesitarían demostrar su historial penal, ni tampoco quienes en ese tiempo ya lo hubieran solicitado en alguna ocasión. Ambas excepciones han sido eliminadas del decreto, que se ha endurecido tras las peticiones del propio Gobierno presentadas por el Ministerio de Interior y avaladas posteriormente por el informe jurídico del Consejo de Estado. Lo que ahora sugiere el PP, reunir los expedientes policiales abiertos en otros países, haría imposible en la práctica cualquier regularización de estas características, ni la actual ni las que presentó José María Aznar en su día. Un total de 1,3 millones de extranjeros han obtenido su permiso de residencia por vías extraordinarias desde los años ochenta.
Las palabras de Feijóo no solo han sido atacadas con dureza por parte del Gobierno de coalición, sino que tampoco encuentran eco en importantes sectores de la sociedad que han valorado esta medida como humana y conveniente.
Quizá inopinadamente, Sánchez ha encontrado en la regularización que ya inicia en oficinas por toda España, una medida más para abonar ese juego a la contra, especialmente en el terreno de la política internacional. A su abierta oposición a la guerra en Irán, a la invasión rusa en Ucrania o a cualquier conflicto abierto por Israel, incluso al rechazo a una mayor aportación presupuestaria a la OTAN, se suma ahora esta medida de apoyo a los trabajadores extranjeros, tan enfrentada a las tesis de la derecha y la ultraderecha inspiradas en un líder como Donald Trump. El presidente de Estados Unidos recurrió precisamente al discurso que vincula inmigración y delincuencia para justificar su política de expulsiones y la actuación de la policía migratoria, el ICE, duramente cuestionada por la brutalidad de sus métodos.
El PSOE viene repitiendo su grandilocuente frase que sitúa a Sánchez “en el lado correcto de la historia” y lo hace tanto en la política internacional como en el ámbito doméstico con la regularización extraordinaria de migrantes. Queda por ver si palabras tan duras como las que ha dedicado Feijóo a los extranjeros le ayudarán en su carrera hacia La Moncloa o si tendrán un efecto bumerán.
España en EL PAÍS
