La abogada Leticia de la Hoz, que representa a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un escrito con una “cronología documentada” para desmontar que, como señala la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre el caso Leire Díez, ofreciera 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria que ha declarado como investigada y como testigo que llevó 90.000 euros a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, para que cambiara su declaración. Además, el juez Santiago Pedraz ha solicitado al instructor de los juzgados de Plaza de Castilla, el juez Arturo Zamarriego, que ya tenía imputada a Leire Díez desde el pasado año por delitos de cohecho y tráfico de influencias, que le entregue la causa para que todo sea investigado en la Audiencia Nacional.
El juez Pedraz solicita al instructor que ya investigaba a Leire Díez por entorpecer causas judiciales que le remita toda la investigación
Asegura que la mujer que afirmó haber entregado 90.000 euros en Ferraz se acercó a ella para un negocio de hidrocarburos y que acabó prohibiéndole la entrada al despacho
La abogada Leticia de la Hoz, que representa a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un escrito con una “cronología documentada” para desmontar que, como señala la investigación judicial de la Audiencia Nacional sobre el caso Leire Díez, ofreciera 50.000 euros a Carmen Pano, la empresaria que ha declarado como investigada y como testigo que llevó 90.000 euros a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, para que cambiara su declaración.
En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la letrada explica que Pano la contactó por teléfono el 4 de febrero de 2025 junto a su amigo y chófer, Álvaro Gallego, con la intención de que su despacho mediara en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que ambos ofrecían en venta. “Intermediación que el despacho rechazó al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA”, aclara De la Hoz.
Esa situación, así como el hecho de que Pano y Gallego lo negaran al tiempo que habrían sugerido salvar ese escollo pactando con el futuro comprador que fuera él quien asumiera el IVA presuntamente defraudado, “con el fin de poder cerrar la venta y percibir ellos una comisión”, frustró la operación y provocó que semanas después, el 27 de febrero, les prohibiera la entrada a su despacho.
“Más aún: pusieron cifra a esa comisión —10.000 euros, y por adelantado— por una operación que ni siquiera se sabía si llegaría a celebrarse, justificando la urgencia en su angustiosa situación económica», expone la abogada. “Les informé de que el despacho no contaba con cliente alguno interesado en operaciones de esa naturaleza y de que mi consejo a cualquier eventual comprador sería desfavorable a la adquisición de una sociedad en situación irregular”, asegura.
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