A la espera de la respuesta de los tribunales inferiores, la mayoría conservadora permite al presidente estadounidense continuar con su plan para crear una lista de ciudadanos que pueden votar por correo las próximas legislativasEl primer ministro de Canadá se planta y marca a Trump los límites de su chantaje
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal ha emitido una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio mandato, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.
Los magistrados han dictaminado que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.
Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump ha vuelto a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.
En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no ha parado de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también ha estado alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.
La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.
El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora ha sido levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.
En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.
La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio mandato) puedan votar a favor de los demócratas: ya ha ganado prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De este modo, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.
A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana ha sido votar demócrata.
Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.
Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema. A la espera de la respuesta de los tribunales inferiores, la mayoría conservadora permite al presidente estadounidense continuar con su plan para crear una lista de ciudadanos que pueden votar por correo las próximas legislativasEl primer ministro de Canadá se planta y marca a Trump los límites de su chantaje
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal ha emitido una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio mandato, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.
Los magistrados han dictaminado que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.
Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump ha vuelto a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.
En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no ha parado de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también ha estado alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.
La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.
El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora ha sido levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.
En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.
La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio mandato) puedan votar a favor de los demócratas: ya ha ganado prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De este modo, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.
A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana ha sido votar demócrata.
Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.
Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha levantado este lunes el bloqueo judicial impuesto a un decreto del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo. En una decisión respaldada por la mayoría conservadora, el alto tribunal ha emitido una orden de emergencia que, por el momento, permite al magnate seguir con su plan. A dos meses de las elecciones de medio mandato, esta decisión suma incertidumbre al horizonte electoral, ya que todavía queda por ver la respuesta de los tribunales inferiores.
Los magistrados han dictaminado que Trump puede implementar la orden ejecutiva firmada el pasado mes de marzo, la cual instruye al Servicio Postal estadounidense a colaborar en el proceso para decidir qué votantes deben recibir los papeles para votar por correo. Según ese mismo decreto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —el mismo del cual depende ICE— creará listas de ciudadanos que, a discreción del gobierno, podrían utilizarse para monitorear los patrones electorales y para detectar supuesto fraude electoral. Concretamente, personas que no tengan la ciudadanía e intenten votar el próximo 3 de noviembre.
Con la popularidad por los suelos y la guerra de Irán encallada, Trump ha vuelto a reavivar las teorías de fraude electoral. El pasado mes de julio, el mandatario se dirigió a la nación con un mensaje que minaba aún más la confianza en el sistema electoral. El republicano afirmaba que había detectado “vulnerabilidades” que debía corregir, y volvía a insistir en la mentira de que le robaron las elecciones de 2020, donde perdió contra el demócrata Joe Biden. En esta ocasión fue un paso más allá y aseguró que China interfirió para asegurar su derrota en esos comicios.
En 2020 el voto por correo fue decisivo en la victoria de Biden, y desde entonces Trump no ha parado de cargar contra esta modalidad de voto, que mayoritariamente es usada por los demócratas. El magnate también ha estado alimentando la desconfianza en el sistema asegurando que las personas sin papeles van a votar, e insinúa que lo hacen en favor de los demócratas.
La decisión permite a la administración seguir adelante con su plan de limitar el voto por correo, incluso mientras un tribunal inferior continúa evaluando la legalidad de la orden ejecutiva de Trump. Aun así, no está claro si las normas de la Casa Blanca estarán vigentes para la jornada electoral, la cual está en juego el control de ambas cámaras del Congreso y todo apunta en favor de los demócratas.
El mismo tribunal inferior que había emitido este bloqueo que ahora ha sido levantado por el Supremo, también había publicado otra orden que complica aún más el escenario electoral. Esta segunda decisión impide al Servicio Postal aplicar determinadas partes de dicha orden ejecutiva, caso que, probablemente, llegue pronto a la mesa de los magistrados.
En el voto particular de la sentencia del Supremo, respaldado por las tres magistradas progresistas, la jueza Ketanji Brown Jackson advirtió que la decisión “inyecta caos e incertidumbre innecesariamente en las próximas elecciones de medio mandato”.
La restricción del voto por correo forma parte de una amplia maniobra con la cual Trump intenta diezmar la representación de aquellos ciudadanos que en las midterms (elecciones de medio mandato) puedan votar a favor de los demócratas: ya ha ganado prácticamente la batalla del rediseño de los mapas electorales, logrando que sea legal partir los principales distritos de votantes afroamericanos en el sur. De este modo, la fuerza de voto de este grupo queda diluida entre los otros distritos de mayoría blanca.
A pesar de que en 2024 el voto de los hombres negros fue clave para el retorno del republicano a la Casa Blanca, en los últimos años la tendencia entre la comunidad afroamericana ha sido votar demócrata.
Otra de las medidas que Trump está liderando para interferir en el sistema electoral es la norma Save Act, la cual lleva meses atascada en el Senado. El proyecto de ley plantea cambios profundos en la manera en que votan los ciudadanos. Entre otras medidas, obligaría a los votantes a acreditar la ciudadanía y eliminaría los registros de voto vinculados exclusivamente al voto por correo.
Una serie de modificaciones que, en un país sin un documento de identidad generalizado, amenazan con dejar sin acceso al voto a determinados grupos de población. El Brennan Center for Justice ya ha advertido que millones de mujeres casadas podrían ser unas de las grandes damnificadas, ya que sus nombres y apellidos actuales ya no coincidirían con el que tenían cuando nacieron. En EEUU las mujeres acostumbran a perder su apellido de solteras y pasan a adquirir el de su marido; de ahí el problema.
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