La Corporación Pública responde de forma contundente a las críticas de los Consejos de Informativos, aclarando que no se juzga al órgano institucional sino a «conductas individuales», y se muestra abierta al diálogo bajo la premisa innegociable de proteger a las víctimas Leer La Corporación Pública responde de forma contundente a las críticas de los Consejos de Informativos, aclarando que no se juzga al órgano institucional sino a «conductas individuales», y se muestra abierta al diálogo bajo la premisa innegociable de proteger a las víctimas Leer
La Corporación RTVE ha roto su silencio tras una semana de máxima tensión interna y una crisis sin precedentes en Radio Nacional de España (RNE). La apertura de expedientes disciplinarios a siete de los nueve profesionales que configuran el Consejo de Informativos de la radio pública había encendido las alarmas en los órganos de representación de la información, que consideran la medida como un ataque directo a su independencia y una posible vía de represalia institucional. Sin embargo, la dirección de RTVE ha emitido un comunicado oficial con el objetivo de «aclarar los hechos de forma objetiva» y fijar una postura tajante: «Los procedimientos no responden a una decisión arbitraria, sino al estricto cumplimiento de la legalidad ante denuncias de extrema gravedad». Un comunicado poco habitual que pone de manifiesto el ambiente que se respira en la Corporación Pública entre los Consejos de Informativos, encargados de velar por el Estatuto de la Información, y la dirección de RTVE.
Mientras la dirección defiende que actúa guiada por la legalidad de forma objetiva, los representantes de los periodistas consideran la medida un ataque directo, «grave e insólito», a la libertad de información y un castigo por ejercer sus funciones de control.
Según detalla la dirección, la apertura de estos expedientes se fundamenta en dos vías de investigación independientes. La primera de ellas, y de mayor gravedad, responde a dos denuncias formales por acoso laboral presentadas por dos profesionales de la propia emisora. RTVE subraya que «existe un informe técnico preceptivo elaborado por una entidad externa especializada que validó la gravedad de los hechos denunciados, lo que obliga legalmente a la Dirección de Recursos Humanos a tramitar el expediente».
Para comprender la magnitud de la tormenta hay que remontarse a las funciones que la Ley 17/2006 otorga a los Consejos de Informativos (CdI): velar por la independencia de los medios públicos, supervisar las malas praxis y garantizar el correcto cumplimiento del manual de estilo. Bajo este amparo legal, el órgano de RNE emitió múltiples informes cuestionando la línea editorial y la programación informativa de la radio del Estado.
El desencadenante directo del conflicto actual fue una denuncia formulada por dos trabajadoras de RNE (una de ellas ligada a la dirección de programas de la casa), que acusaron a siete de los representantes de cometer «acoso psicológico» a raíz de las valoraciones profesionales que el propio Consejo vertía en sus informes institucionales.
La tensión escaló drásticamente a finales de junio, cuando la Comisión de Acoso Psicológico de RTVE desestimó formalmente la causa, al no alcanzar la mayoría sindical necesaria para considerar probadas las acusaciones. Pese a este archivo interno, la Dirección de Recursos Humanos de RTVE decidió obviar la resolución de la mesa de acoso y procedió a la apertura formal de expedientes individuales a los siete periodistas afectados, una decisión que veteranos trabajadores de la corporación han calificado como algo que «no se había visto en 40 años».
Ante los argumentos que señalaban la falta de un dictamen de la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo (donde no se alcanzó la mayoría sindical), la Corporación aclara que la ausencia de dicha resolución minoritaria «no desvirtúa en absoluto las actuaciones practicadas» ni resta competencias a Recursos Humanos para proseguir el caso. Es decir, la dirección de RTVE va a continuar adelante con los expedientes abiertos.
La segunda vía atañe a la deontología y funcionamiento interno del propio órgano de representación. Según la dirección de la Corporación Pública, dos miembros del actual Consejo de Informativos de RNE acudieron a la Secretaría General para denunciar la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de «mala praxis» en el funcionamiento del colectivo. Este asunto ha sido ya remitido formalmente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para su correspondiente investigación oficial.
La dirección de la radiotelevisión pública ha querido ser muy explícita a la hora de desvincular el proceso administrativo de una persecución contra la libertad de información o la labor de contrapoder de los Consejos. «No se juzga a un órgano, se investigan conductas individuales», reza el comunicado, insistiendo en el «respeto absoluto» hacia el papel institucional del Consejo de Informativos de RNE. Aún así todos los investigados pertenecen al Consejo de Informativos de RNE, que lleva desde hace 52 viernes, liderando los Viernes Negros en la radio pública. No obstante, la empresa recuerda que pertenecer a un órgano de representación no otorga «impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria».
Asimismo, la dirección recuerda que la apertura de un expediente disciplinario está tipificada en el Convenio Colectivo y «no constituye de por sí una sanción ni prejuzga la culpabilidad de nadie, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el derecho a aportar pruebas y alegaciones».
Uno de los puntos donde la dirección de RTVE se muestra más severa es en el tratamiento y la trascendencia pública que ha adquirido el caso durante la última semana. La Corporación lamenta profundamente la «difusión interesada» del conflicto, que ha llegado al extremo de filtrar y publicar en algunos medios de comunicación el nombre de las propias denunciantes.
Desde RTVE se denuncia que se han vertido «afirmaciones sesgadas y parciales» sin escuchar los argumentos de las afectadas, lo que ha provocado un «nuevo señalamiento de trabajadoras que solo pedían amparo». RTVE advierte del peligroso mensaje que esto traslada al resto de los empleados de la Corporación Pública: «Puede disuadir a cualquier persona que en el futuro atraviese una situación de presunto acoso, sembrando el miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública».
Ante la solicitud formal de una reunión urgente enviada por los tres Consejos de Informativos de la Corporación al presidente de RTVE, José Pablo López, la cúpula directiva asegura que mantendrá «siempre la vía del diálogo abierta». Sin embargo, fija una línea roja innegociable: cualquier acercamiento debe salvaguardar la protección absoluta de las denunciantes y el total respeto a los procedimientos legales en marcha.
Para restablecer la convivencia en el entorno laboral, RTVE exige un proceso de interlocución constructivo en el que se respete la presunción de inocencia de los expedientados, pero donde también exista un acercamiento real a las denunciantes (cuyo relato el informe externo no considera falso o infundado) para conocer sus motivaciones. El comunicado concluye con un llamamiento directo a los tres consejos de informativos de la Corporación para que «preserven el fin para el que fueron creados» y eviten la instrumentalización de un caso estrictamente laboral.
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