La presunción de inocencia es la clave de bóveda del proceso penal en cualquiera de sus fases, de principio a fin. Es imprescindible para que el juez sea imparcial, lo que evita que se decante ya de entrada contra aquel señalado como sospechoso, frustrando así su posible defensa, inútil, desde luego, ante un juez que ya está sesgado y predispuesto en su contra. Buena parte de lo anterior supone que en el proceso hay que celebrar prueba, siendo los hechos siempre dudosos para el juez, porque no los ha presenciado. Sin embargo, en aquellas situaciones en que es imposible dudar de un hecho porque todos lo conocen, ya no se celebrará prueba porque el hecho es “notorio”, como se dice técnicamente.
Jueces y fiscales existen para cuestionar hasta la última coma lo que dice la Policía, tanto en la vertiente jurídica como en el relato de lo que ha sucedido
La presunción de inocencia es la clave de bóveda del proceso penal en cualquiera de sus fases, de principio a fin. Es imprescindible para que el juez sea imparcial, lo que evita que se decante ya de entrada contra aquel señalado como sospechoso, frustrando así su posible defensa, inútil, desde luego, ante un juez que ya está sesgado y predispuesto en su contra. Buena parte de lo anterior supone que en el proceso hay que celebrar prueba, siendo los hechos siempre dudosos para el juez, porque no los ha presenciado. Sin embargo, en aquellas situaciones en que es imposible dudar de un hecho porque todos lo conocen, ya no se celebrará prueba porque el hecho es “notorio”, como se dice técnicamente.
Antiguamente, los hechos notorios eran escasos, pues salvo acontecimientos tan famosos como saber quién era el rey que estuviera en el trono en aquel momento, o bien la erupción catastrófica de un volcán, los hechos acaecidos fuera del proceso debían probarse. Pero ya desde hace algunos años contamos con las cámaras, que de repente nos revelan qué es lo que realmente sucedió desde tan diversos ángulos que, salvo que se pruebe una improbable falsificación, no dejan lugar a la duda.
Eso es justamente lo que ha sucedido con la agresión policial a un aficionado del Futbol Club Barcelona en Elche. Se observa, como en cualquier otro partido, a dos aficiones gritándose de todo, provocando absurdamente los más bajos instintos del rival —ellos sabrán por qué—, separados por un grupo de policías, como también es corriente. De repente, uno de los policías se infiltra en el grupo de aficionados del Barça para quitarle una bandera independentista a uno de los aficionados por razones que se desconocen, pero que en ningún caso, ni bajo ningún punto de vista, serían legítimas al amparo del derecho a la libertad de expresión, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al mismo, tiempo, ese policía saca del grupo al portador de la bandera y, una vez separado del grupo, él y sus compañeros empiezan a golpearle sin que presente, a la vista de las imágenes, ningún peligro un joven menor de edad, con aspecto de menor de edad, desarmado, frente a un grupo de policías antidisturbios con toda su recia indumentaria de protección habitual. El menor intenta zafarse de la agresión, momento en que cae y es reducido. Ya en el suelo, sin representar ningún peligro objetivo, recibe un codazo del policía actuante, y una vez esposado y llevado en volandas por dos agentes, uno de ellos le propina un certero derechazo en la cara.
Se ha especulado en las redes, e incluso por diversos policías, que el joven habría provocado, aunque es difícil intuir qué supuesta provocación legitimaría a la Policía, no ya a quitarle una bandera, sino a aporrear a un menor desarmado, golpearlo una vez reducido en el suelo y propinarle un guantazo ya esposado. Tal vez explique mejor la situación los gritos de algunos de los aficionados de la hinchada rival, perfectamente audibles, jaleando a la Policía para que le golpeara por llevar una bandera independentista. Desde luego, a los agentes que sean investigados por estos hechos les quedará discutir, en su defensa, la aplicación concreta de las leyes penales en su caso, pero no la realidad de los hechos que se acaban de narrar. Basta ver las imágenes.
Llueve sobre mojado. Hace muy poco tiempo, otro policía arrolló a una manifestante, jubilada, en una protesta en Valencia, la arrojó al suelo y le causó lesiones. Nuevamente, las cámaras no engañan. Y tras todo ello, cabe preguntarse qué tiene en la cabeza el policía que actúa de esa forma, y qué tienen también en la cabeza los compañeros que le defienden negando descaradamente la realidad palmaria. No voy a entrar en el posible sesgo ideológico de los policías, aunque es imprescindible en democracia que no profesen una ideología contraria a los derechos fundamentales, y este no es un tema banal. En Alemania, por razones evidentes, varios agentes han sido investigados precisamente por esa razón, que estremece a cualquiera que conoce la historia de ese país. Puede que fuera positivo, exactamente por la misma razón, no banalizar la del nuestro, y se hace demasiadas veces por aquellos que aún creen que el patrioterismo violento practicado por la dictadura es la mejor forma de defender un país, cuando es el camino directo a su fractura y destrucción, tarde o temprano. Basta con recordar las dificultades tremendas que hubo de afrontar la llamada Transición.
En todo caso, hay algo muy importante que debe destacarse para concluir. Todos los policías que se han lanzado de manera falsaria a defender a sus compañeros, no le hacen ningún favor a su profesión. Con excesiva frecuencia, los jueces creen las versiones policiales de los hechos en casos en los que no hay cámaras, confiando en que las fuerzas de seguridad no van a mentir. Lo que estamos viendo estos días evidencia que debe modificarse esa jurisprudencia y concluir que existe una especie de exceso que se cree legitimado entre varios colectivos del oficio policial, y que debe erradicarse, porque supone que hallan adecuado mentir descaradamente por razones corporativas. Suerte que también han alzado su voz otros colectivos policiales que están denunciando la evidente agresión. Son los que verdaderamente le están haciendo un favor a los cuerpos de seguridad.
Es cómodo para los jueces y los fiscales, en la práctica, dar plena validez a todo lo que dice la Policía. Pueden hacer en sus resoluciones un corta y pega de los informes policiales y, además, evitan enfrentamientos con los agentes y sus mandos. Pero no es esa su misión. Jueces y fiscales existen precisamente para cuestionar hasta la última coma de lo que dice la Policía, tanto en la vertiente jurídica —que nunca debiera ser objeto de valoración policial— como en el terreno del relato de hechos, que no debe ser creído acríticamente, sino comprobado gracias a las pruebas que se practiquen en el proceso y al propio razonamiento lógico del juez, que debe hacer un análisis epistémico profundo, detenido y, en defintiva, serio, de todos esos informes. De lo contrario, no son los jueces los que dictan sentencia, sino los agentes, produciéndose una usurpación que rompe la división de poderes.
Todo lo anterior describe un problema grave y muy real, que conoce cualquier abogado que se dedica al proceso penal. No sean ingenuos y no se dejen llevar por la ideología pensando que lo sucedido da igual porque un independentista, un enemigo de España —vaya expresión—, se merece eso y mucho más. La democracia debe proteger a todos. También a los que se moteja de traidores. ¿De veras tenemos que creer que un chaval de 17 años es un traidor?
España en EL PAÍS
