La Policía Nacional y la Guardia Civil utilizaron sus pistolas eléctricas ―oficialmente denominadas “inmovilizadores eléctricos” o “dispositivos electrónicos de control”― en 154 ocasiones en 2025, lo que representa una vez cada 57 horas. Así lo detalla el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS y en la que se especifica que en los primeros 77 días del año (entre el 1 de enero y el 19 de marzo) lo hicieron en 31 ocasiones más, cifra que arroja una frecuencia similar.
Interior detalla que Policía y Guardia Civil utilizaron esta arma en 154 ocasiones en 2025 y otras 31 en lo que va de año
La Policía Nacional y la Guardia Civil utilizaron sus pistolas eléctricas ―oficialmente denominadas “inmovilizadores eléctricos” o “dispositivos electrónicos de control”― en 154 ocasiones en 2025, lo que representa una vez cada 57 horas. Así lo detalla el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS y en la que se especifica que en los primeros 77 días del año (entre el 1 de enero y el 19 de marzo) lo hicieron en 31 ocasiones más, cifra que arroja una frecuencia similar.
Los datos se conocen solo unos días después de que la justicia haya archivado la investigación sobre la muerte de Haitam Mejri, un hombre de 35 años que falleció a principios de diciembre en Torremolinos (Málaga, 71.329 habitantes) durante una detención policial en la que los agentes utilizaron precisamente estas pistolas, más conocidas por su nombre comercial, Taser.
Los inmovilizadores eléctricos lanzan dardos con electrodos unidos al arma mediante un cable que, al alcanzar el cuerpo, provocan una descarga que interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos e incapacita temporalmente al que recibe el impacto. Estos dispositivos son de uso exclusivamente policial o militar, y no pueden ser adquiridos por particulares, según el reglamento de armas. Su uso se ha visto rodeado por la polémica desde hace años al relacionárselas con muertes en diferentes países, según ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional. El Defensor del Pueblo también ha advertido en sus informes sobre el riesgo de “un uso abusivo” de esta arma tras recordar que “causan dolor y sufrimiento”. Interior detalla en su respuesta que cada vez que una persona recibe una carga, la norma que rige el uso de estas pistolas obliga a que sea examinada por un médico.
En la actualidad, la Policía Nacional tiene 3.000 de estos inmovilizadores (tiene previsto llegar a un mínimo de 3.500 en 2028) y la Guardia Civil, 390 (planea adquirir 800 más en los próximos cuatro años). Esta diferencia de dispositivos entre ambos cuerpos policiales se refleja también en el número de ocasiones en que las han utilizado cada uno. Así, la respuesta parlamentaria recoge que el primero los empleó 129 veces el año pasado y otras 25 en lo que va de 2026. En el caso del instituto armado, fueron 27 y seis, respectivamente. Estas armas también forman parte de la dotación de los agentes de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y de las policías locales de, al menos, 62 municipios de 13 comunidades autónomas, según un informe de Amnistía Internacional.
En una respuesta parlamentaria de hace un año, los datos apuntaban a que las pistolas eléctricas se utilizan en la mitad de los casos para hacer frente a delitos contra el orden público, aunque también se emplearon para reducir a autores de violencia de género, de atentados a agentes de la autoridad, de lesiones, de homicidio, contra el patrimonio y de amenazas leves en el ámbito familiar. Interior detalla ahora que “no se tiene constancia de la apertura de ningún expediente o sanción” a agentes de ambos cuerpos por el supuesto “uso indebido” de estos dispositivos, aunque matiza que este tipo de investigaciones internas solo se hacen “cuando finalizan las actuaciones judiciales que hubiera sobre dichos casos”.
La Policía Nacional elaboró en 2020, poco después de recibir las primeras unidades de estas pistolas, un protocolo para su uso. En el mismo se especificaba que solo pueden emplearse para “reducir, inmovilizar o detener” a personas que se resistan, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas. También contemplaba su empleo ante tentativas de suicidio.
Por el contrario, prohibía su utilización con niños, embarazadas, ancianos y “personas débiles de salud”. También las vetaba en las prisiones, salvo en el caso de motines o toma de rehenes; en manifestaciones; cerca de sustancias inflamables; o cuando el objetivo se encuentre en lugares donde se pueda precipitar al vacío, ya que la descarga provoca la pérdida de capacidad motora. Antes de ser dotados con estas pistolas, los agentes reciben un curso específico de adiestramiento.
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