La regularización extraordinaria divide a la población española: el 37,6% la ve con buenos ojos, al 21,5% le parece “regular” y al 33% mal o muy mal, sobre todo, a los votantes del PP y de Vox. En la eterna batalla de relatos políticos, la derecha parece imponerse en el que tiene que ver con la población inmigrante: el 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que son demasiados; las expectativas sobre ese proceso para legalizar la situación en España de extranjeros sin documentación son mayoritariamente negativas y la conocida como “prioridad nacional”, esa cláusula que Vox ha exigido al PP para firmar los pactos de coalición autonómicos, es la opción más popular entre los votantes, según la encuesta del instituto 40dB. (2.000 entrevistas online) para EL PAÍS y la Cadena SER. Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.
Más de la mitad cree que afectará negativamente al acceso a la vivienda y el sistema sanitario. La prioridad nacional es el criterio más popular para la concesión de ayudas públicas
La regularización extraordinaria divide a la población española: el 37,6% la ve con buenos ojos, al 21,5% le parece “regular” y al 33% mal o muy mal, sobre todo, a los votantes del PP y de Vox. En la eterna batalla de relatos políticos, la derecha parece imponerse en el que tiene que ver con la población inmigrante: el 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que son demasiados; las expectativas sobre ese proceso para legalizar la situación en España de extranjeros sin documentación son mayoritariamente negativas y la conocida como “prioridad nacional”, esa cláusula que Vox ha exigido al PP para firmar los pactos de coalición autonómicos, es la opción más popular entre los votantes, según la encuesta del instituto 40dB. (2.000 entrevistas online) para EL PAÍS y la Cadena SER. Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.
Regularización: entre el desconocimiento y el temor
Medio millón de inmigrantes, según los cálculos del Gobierno, se beneficiarán de la regularización extraordinaria impulsada para aquellos extranjeros que viven en España y no tienen su documentación en regla. En la primera semana desde que entró en vigor el decreto se presentaron 130.000 solicitudes. Casi el 51% de la población con nacionalidad española considera que el número de beneficiarios es “demasiado alto”, frente al 33,3% al que le parece una cifra “adecuada”. De acuerdo a la intención de voto, hasta un 80,8% de los apoyos de Vox y un 68,4% de los del PP cree que ese número es excesivo, porcentaje que baja al 29,2% entre los votantes del PSOE y al 22,5% entre los partidarios de Sumar, formaciones que integran el Gobierno de coalición.
Hay más españoles que asocian la regularización extraordinaria a consecuencias negativas que positivas. Preguntados, en términos generales, sobre los efectos que auguran a la medida, hasta el 50,3% cree que tendrá un impacto negativo en el acceso a la vivienda; un 48,6% cree que empeorará los servicios públicos, como la sanidad o la educación; un 43,4% estima que perjudicará a la convivencia social; un 38,3% que afectará al empleo para mal y un 37,3% considera que alterará negativamente la economía. Solo un apartado de esa lista de expectativas recibe más valoraciones positivas (47,7%) que negativas (16,5%): el de la natalidad. Son los votantes del PP y Vox los más convencidos de las desventajas, pero también se impone entre los apoyos del PSOE y de Sumar el grupo que piensa que tendrá un impacto negativo en el acceso a la vivienda sobre los que creen que no afectará al primer problema del país.
Cuando se pide al encuestado que señale su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones relacionadas con la regularización extraordinaria, la mayoría (59,4%) comparte la idea de que provocará un aumento de la llegada de inmigrantes, a lo que el PP y Vox suelen referirse como “efecto llamada”. El 55,8% considera que “tensionará el sistema sanitario”; el 52,5%, que dificultará el acceso a la vivienda y el 48,4%, que aumentará la inseguridad ciudadana. En el “desacuerdo” ganan los que no creen que vaya a “poner en riesgo las raíces culturales” o a dificultar el acceso al empleo.
Esos miedos sobre la regularización tienen mucho que ver con el desconocimiento y la confusión. La idea de que la medida es “necesaria” destaca especialmente entre quienes conocen a personas que podrían verse beneficiadas, frente a una concepción más crítica de los que no tienen ese contacto, y, del mismo modo, el hecho de que en el entorno del encuestado haya algún inmigrante sin su documentación en regla suaviza las expectativas negativas sobre los efectos de ese proceso, especialmente en lo que afecta al acceso a la vivienda, la calidad de los servicios públicos y la convivencia social. Pero solo el 15,3% conoce a alguien que vaya a beneficiarse de la regularización.
Hasta un 61,6% no cree que el Gobierno haya explicado suficientemente esta medida a la ciudadanía y el 63,7% niega que la regularización haya contado con “el suficiente consenso político”.
El 60% de la población cree que el número de inmigrantes en España es “demasiado alto”, un porcentaje que asciende al 90% de los votantes de Vox, baja al 76% en el electorado del PP, y al 38,2% entre los apoyos socialistas. Solo un 29% de ciudadanía considera que el número actual es “el adecuado” ―el 49,4% entre los votantes del PSOE y el 7,3% de los de Vox― y menos del 2% cree que esa cifra es demasiado baja. Un informe del Banco de España advirtió en 2024 de que el país necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y jubilados en 2053, cuando el INE espera que haya 14,8 millones de pensionistas.
La mayoría de la población (60,3%) sabe que en las últimas décadas ha habido más procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes, pero ya no tiene tan claro (lo sabe el 48,6%) que han sido gobiernos de distintos partidos los que los han impulsado ―Más de un millón de extranjeros se han beneficiado de iniciativas similares aprobadas desde 1986, incluyendo las que impulsó el entonces presidente José María Aznar, del PP, en 1996, 2000 y 2001― y está confundida sobre las ventajas que supone. El 40,5% sabe que es falso que esta regularización implique la concesión de la nacionalidad, pero el 40,1% cree que sí se concede a la vez ―el PP contribuyó a generar ese equívoco― y hasta un 30,9% piensa que se aplica automáticamente a todas las personas en situación irregular, cuando hay que cumplir una serie de requisitos, entre otros, demostrar la inexistencia de antecedentes penales en aquellos países en los que el extranjero haya vivido los últimos cinco años ―la Administración recabará de oficio el historial penal y policial tanto en España como en Europa de los solicitantes― y encontrarse en “situación de vulnerabilidad acreditada por las entidades competentes en materia de asistencia social”. Los votantes de Vox son los más confundidos en ese sentido.
Preguntados por los aspectos positivos de la regularización, el 59,5% está de acuerdo en que “mejorará las condiciones de vida de los inmigrantes”; el 53,5%, cree que “ayudará a cubrir la falta de mano de obra en algunos sectores” y el 45,3%, que “aumentará las aportaciones a la Seguridad Social”. A partir de ahí, son mayoritarios los grupos que no están de acuerdo con que la medida vaya a mejorar la competitividad de las empresas; contribuir al mantenimiento de las pensiones, reducir la economía sumergida o permitir una mayor recaudación fiscal.
La realidad es que los inmigrantes sin papeles en regla ya utilizan los servicios básicos como la sanidad, pero al trabajar en la economía sumergida, ni cotizan a la seguridad social ni pagan impuestos sobre la renta por lo que la regularización supone, de entrada, una inyección de liquidez al sistema. Un estudio de la red TransEuroWorkS sobre 15 países de la Unión Europea mostró que los migrantes extracomunitarios suponen un menor coste para el erario que los ciudadanos autóctonos nativos.
La prioridad nacional
Preguntados por qué criterio debería primar en el acceso a ayudas públicas, la opción más popular es la de “dar prioridad a la población española” (44,2%), frente al 31,8% que considera que se debe “tratar a todas las personas por igual, sin establecer prioridades” y el 19,3% que es partidario de que los primeros beneficiarios sean “las personas con mayor arraigo en el país”.
Esos porcentajes varían notablemente según la intención de voto. Así, el criterio de dar prioridad a la población española es el favorito (73,4%) de los votantes de Vox y del PP (54,7%), mientras que baja al 26,7% en el caso del electorado socialista; al 14,4% del de Sumar y al 10,4% de Podemos. La opción de tratar a todas las personas por igual, sin establecer prioridades, es la preferida del 73,1% de los votantes de Podemos, el 65,7% de los de Sumar y el 52,1% de los del PSOE, mientras que solo lo apoya el 19,3% del electorado del PP y el 8,5% de Vox. Menos diferencias hay en torno al criterio prioritario del “mayor arraigo”, del que son partidarios el 24% de votantes populares; el 18,8% de los de Sumar; el 17,8% de los socialistas; el 15,9% de los de Vox y el 10,4% de los de Podemos.
La Conferencia Episcopal Española se ha opuesto a ese criterio de la prioridad nacional, lo que le ha valido duros ataques por parte de dirigentes de Vox. Ya en 2024 Cáritas anunció que renunciaba a las ayudas del Ayuntamiento de Burgos después de que el Consistorio, por exigencia de Vox, suprimiera de sus presupuestos las partidas para otras tres ONG que también trabajaban con migrantes. Su postura obligó a la alcaldesa del PP a rectificar.
Preguntados por el partido con el que más se identifican en lo que respecta a la gestión de la inmigración, la primera opción entre la población general (26,7%) es el PSOE, seguida por Vox (22,8%), “ninguno” (18%) y el PP (16,9%). Casi un 40% de los hombres de la Generación Z (18-27 años) se identifica con el partido de Santiago Abascal en lo que se refiere a este asunto.
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