Maricarmen, una más de las que impulsaron un cambio

Ana Orantes Ruiz murió asesinada por su exmarido el 17 de diciembre de 1997. Dos semanas antes, había aparecido en un programa de Canal Sur contando 40 años de palizas. Se había divorciado, pero el juez determinó que ella y su marido siguieran en su casa de Cúllar Vega (Granada). Ella arriba, él abajo, compartiendo el patio. Él pasaba poco por allí, pero a veces volvía. La última, después de verla en la tele. La quemó viva en aquel patio compartido. Fue una más de las mujeres maltratadas por sus parejas. De las mujeres asesinadas. Pero su historia conmocionó a la sociedad y convirtió en público un problema que hasta entonces se consideraba privado. Este crimen cambió la sensibilidad de la sociedad e impulsó cambios legislativos para afrontarla. En 1999, el Gobierno de Aznar modificó el Código Penal. La violencia psicológica se convirtió en delito y aparecieron las órdenes de alejamiento. En 2004, el Gobierno de Zapatero aprobó la ley integral contra la violencia de género y en 2007, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El crimen de Ana Orantes despertó la conciencia colectiva ante un problema social que ya existía. Y ese despertar cambió un marco legal que hasta entonces no contemplaba respuestas.

El desahucio de Maricarmen me ha hecho pensar en Ana Orantes. Porque, como dijo Isabel Díaz Ayuso, Maricarmen es una más de las 25.500 personas desahuciadas cada año. Como hemos leído esta semana, su expulsión fue legal, como legal es subir desorbitadamente los precios de cualquier alquiler o jugar con la vivienda como bien de inversión. Pero que sea cierto no es una justificación, sino parte de la dimensión del problema. Maricarmen se ha convertido en el catalizador de algo que va mucho más allá de ella. El desamparo de una mujer de 87 años expulsada de su casa después de pagar el alquiler durante todo su contrato nos toca el corazón y nos muestra, mejor que cualquier gráfico, la profundidad de una crisis a la que la ley no ofrece respuesta. Un problema que no es de edad, ni siquiera de pobreza.

Maricarmen ha provocado una respuesta social. ¿Cómo responderá la política? Por ahora, unos han reaccionado con ironía o enunciando la ley. Los de la prioridad nacional, culpando como siempre a la inmigración; el Gobierno, negociando contra el reloj un decreto que quizás ponga los cimientos de un cambio de marco. El camino será largo y necesitará el apoyo de comunidades y ayuntamientos. Un apoyo tan transversal como el alcance del problema. ¿Estarán a la altura? Ojalá recordemos a Maricarmen como una más de las personas que impulsaron un cambio.