La irrupción de decenas de miles de inmigrantes marroquíes en Ceuta, que ha dejado casi un centenar de ahogados intentando cruzar a nado la frontera y ha desestabilizado profundamente la convivencia en la ciudad española del norte de África, no fue planeada por las autoridades marroquíes. Sin embargo, estas no solo no pusieron freno a la marea humana que se dirigía al Tarajal, sino que le franquearon el paso y han sacado provecho político de la repercusión internacional del suceso. Esa es la conclusión a la que han llegado los servicios de inteligencia españoles tras analizar una crisis que pilló por sorpresa a un Gobierno concentrado en los incendios forestales y confiado en su vecino del sur.
La Moncloa no ha reunido el gabinete de crisis, pese a calificar lo sucedido de “violación de la integridad territorial”
La irrupción de decenas de miles de inmigrantes marroquíes en Ceuta, que ha dejado casi un centenar de ahogados intentando cruzar a nado la frontera y ha desestabilizado profundamente la convivencia en la ciudad española del norte de África, no fue planeada por las autoridades marroquíes. Sin embargo, estas no solo no pusieron freno a la marea humana que se dirigía al Tarajal, sino que le franquearon el paso y han sacado provecho político de la repercusión internacional del suceso. Esa es la conclusión a la que han llegado los servicios de inteligencia españoles tras analizar una crisis que pilló por sorpresa a un Gobierno concentrado en los incendios forestales y confiado en su vecino del sur.
Si en un primer momento se especuló sobre cuál sería el motivo que llevó a Marruecos a tomar esta medida hostil contra España ―la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, la nacionalización de los saharauis o incluso la rivalidad por albergar la final del Mundial de futbol de 2030―, la conclusión es que no había motivo, porque no fue el fruto de un plan maquiavélico ni de una decisión premeditada, sino un acto de oportunismo que se le habría ido de las manos a sus propios promotores.
El éxodo masivo tuvo su origen en un bulo difundido a través de las redes sociales y grupos de mensajería, a partir de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que a los inmigrantes llegados a nado a Ceuta y Melilla no se les podía aplicar la devolución en caliente, sino que se requería la tramitación de un expediente, igual que a los que llegan en patera. La versión que recibieron miles de jóvenes marroquíes sin expectativas de futuro en su país es que España les recibiría con los brazos abiertos y no serían repatriados.
Mientras que en 2021 las autoridades marroquíes promovieron este bulo, provocando la entrada en Ceuta de más de 10.000 personas, y en 2024 lo cortaron en seco, esta vez dejaron hacer. Durante el mes de julio, las entradas irregulares a Ceuta por vía marítima subieron gradualmente. Del goteo se pasó a la riada humana el pasado jueves. Coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono, festiva en Marruecos, la vigilancia marroquí de la frontera se redujo al mínimo, hasta que se levantó por completo, franqueando el paso a la muchedumbre.
Aunque la operación no fue diseñada desde los aparatos del Estado marroquí, según los expertos españoles, estos la vieron como una oportunidad. El resultado es que, pese a su altísimo precio en vidas humanas, Marruecos ha conseguido poner su reivindicación sobre Ceuta y Melilla en la primera página de los medios de comunicación de todo el mundo y en la agenda de los gobiernos. Las imágenes de una masa humana cruzando irregularmente la frontera han servido a la ultraderecha para endurecer su discurso contra la inmigración y contraponerlo a la supuesta política de puertas abiertas del Gobierno español de izquierdas. El Departamento de Estado de EE UU ha calificado lo sucedido de “flagrante violación de la soberanía” española, para a continuación echarle la culpa a la política migratoria de Sánchez, igual que el presidente Donald Trump. El embajador de Israel ante la ONU llegó a calificar a Ceuta de “enclave colonial” y lo tuvo que corregir la Embajada israelí en Madrid.
En una carta a los máximos responsables de las instituciones europeas, el presidente español se quejó de la respuesta “egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos países europeos, como Italia, que anunció la suspensión de la libre circulación con España, o Finlandia y Dinamarca, que amagaron con excluir a España del espacio Schengen. Un grupo de 22 países, partidarios de endurecer el control de la inmigración, ha pedido una reunión de ministros de Interior de la UE que se celebrará el martes. El pasado jueves, el diario marroquí Le 360, próximo a Palacio, calificaba a Ceuta y Melilla de “ciudades ocupadas en territorio marroquí cuyo estatus actual es, a todas luces, insostenible” y concluía que la cuestión no es si acabarán “reintegrándose” a Marruecos, sino cuándo ocurrirá.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el sábado en Ceuta que los servicios secretos españoles no avisaron de lo que se estaba cociendo al otro lado de la frontera, en un señalamiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta declaración ha causado gran malestar en Defensa, que no ha querido desmentirlo ni confirmarlo, alegando el carácter clasificado de los informes del centro. Lo que sí está claro es que los servicios de espionaje marroquíes, con los que Interior y el CNI presumen de mantener estrecha cooperación, no avisaron a sus homólogos españoles del movimiento migratorio que se gestaba en las redes sociales, cuyo tráfico controlan.
Durante su visita a Ceuta, el pasado viernes, Sánchez calificó la entrada masiva de marroquíes en Ceuta de “ataque y violación de la integridad territorial de España”. Es la primera vez en democracia que un jefe de Gobierno utiliza unos términos que remiten directamente al artículo octavo de la Constitución, que enumera las misiones de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a diferencia de 2021, el Gobierno ha evitado señalar a Marruecos como responsable de esta agresión y el Ministerio de Defensa no ha tomado el mando de las operaciones, sino que se ha limitado a poner unos 1.600 militares de la guarnición ceutí a disposición de Interior, en funciones de vigilancia y disuasión. Además, la Armada ha enviado tres patrulleros, uno oceánico y dos costeros, que han desplegado una barrera de boyas flotantes en la frontera marítima con Marruecos, entre otros cometidos.
La apelación a la “integridad territorial” tampoco se ha traducido en una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y ni siquiera se ha activado el comité de situación o crisis previsto para estos supuestos. El Departamento de Seguridad Nacional con sede en La Moncloa se ha limitado a monitorizar 24 horas al día los acontecimientos y a facilitar información actualizada al presidente.
En un mensaje difundido el sábado por la Casa Real, el Rey mostraba su “preocupación e indignación” por los “graves acontecimientos de Ceuta” e informaba de que había transmitido al jefe del Gobierno, a los presidentes de las dos ciudades españolas del norte de África y al líder del PP un mensaje de “firmeza”, término inusualmente duro en un comunicado de La Zarzuela. Tampoco es habitual incluir a Alberto Núñez Feijóo en su ronda de consultas, lo que revela que Felipe VI considera esta crisis un asunto de Estado ante el que los partidos deben aparcar sus diferencias. Lo que no ha hecho el Rey es hablar con su homólogo Mohamed VI. Fuentes conocedoras de la Casa Real señalan que esta es una gestión que solo puede realizar a demanda del Gobierno si dicha petición se produce.
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