Tal vez sea una hipérbole calificar la migración como arma de destrucción masiva; probablemente los ceutíes no lo vieron de la misma manera el pasado fin de semana. Pero no es ningún exceso retórico argumentar que la política migratoria es a día de hoy el asunto más espinoso en la UE, con la ultraderecha cargando las tintas y la derecha, e incluso el centroizquierda escandinavo, sumándose a esa ola que tiene poco que ver con los valores que Europa dice defender. Una de las grandes excepciones es España, que está aplicando una regularización para cientos de miles de migrantes y políticas de apertura que explican, en parte, un avance del PIB muy por encima de las métricas europeas. Pero más de 60.000 personas han atravesado irregularmente las fronteras españolas —que son las de Europa— hace apenas unas horas, provocando una crisis de primera magnitud, y han reafirmado la soledad de España en esa agenda tan controvertida. Hasta 22 países capitaneados por una populista italiana, Giorgia Meloni, y la socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, cargaron con fuerza contra la España de Pedro Sánchez tras la avalancha ceutí con una mezcla extraña de hechos alternativos y amnesia de los valores europeos. La gélida reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio pábulo a esos ataques, aunque este lunes –con la crisis en vías de solución— la alemana cambió el paso y adoptó un tono más conciliador. El Gobierno español, a pesar de los errores, resolvió el grueso del problema en 48 horas. Y este martes llega su turno: España, según las fuentes consultadas, reclamará en la cumbre de ministros del Interior solidaridad a los socios y afeará a los más duros lo que Pedro Sánchez ha calificado de “reacción egoísta, polarizadora e ilegal”, guiada por “prejuicios, fake news, ignorancia o interés político”.
El tono de la reunión previa a la cumbre de Interior fue más constructivo que hace unos días, pero persisten serias diferencias políticas entre los socios
Tal vez sea una hipérbole calificar la migración como arma de destrucción masiva; probablemente los ceutíes no lo vieron de la misma manera el pasado fin de semana. Pero no es ningún exceso retórico argumentar que la política migratoria es a día de hoy el asunto más espinoso en la UE, con la ultraderecha cargando las tintas y la derecha, e incluso el centroizquierda escandinavo, sumándose a esa ola que tiene poco que ver con los valores que Europa dice defender. Una de las grandes excepciones es España, que está aplicando una regularización para cientos de miles de migrantes y políticas de apertura que explican, en parte, un avance del PIB muy por encima de las métricas europeas. Pero más de 60.000 personas han atravesado irregularmente las fronteras españolas —que son las de Europa— hace apenas unas horas, provocando una crisis de primera magnitud, y han reafirmado la soledad de España en esa agenda tan controvertida. Hasta 22 países capitaneados por una populista italiana, Giorgia Meloni, y la socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, cargaron con fuerza contra la España de Pedro Sánchez tras la avalancha ceutí con una mezcla extraña de hechos alternativos y amnesia de los valores europeos. La gélida reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio pábulo a esos ataques, aunque este lunes –con la crisis en vías de solución— la alemana cambió el paso y adoptó un tono más conciliador. El Gobierno español, a pesar de los errores, resolvió el grueso del problema en 48 horas. Y este martes llega su turno: España, según las fuentes consultadas, reclamará en la cumbre de ministros del Interior solidaridad a los socios y afeará a los más duros lo que Pedro Sánchez ha calificado de “reacción egoísta, polarizadora e ilegal”, guiada por “prejuicios, fake news, ignorancia o interés político”.
“Esa va a ser la posición española”, resumen las fuentes consultadas en el Ejecutivo, que aplauden el cambio de postura de Von der Leyen y vaticinan que algunos socios se desmarcarán de la posición de Meloni y Frederiksen tras la brusca reacción inicial. “Hay decepción por la reacción inicial de los socios, pero a la vez el nivel de críticas se ha atemperado respecto a las primeras horas. La carta de Sánchez fue contundente, por la sincronización entre EE UU, la ultraderecha y una parte del centro derecha europeo, y esa es la línea de la posición española, pero teniendo en cuenta que el tono general ha mejorado”, explican fuentes de La Moncloa.
La solidaridad, al menos verbal, habría empezado a llegar en la reunión de embajadores que se celebró este lunes para preparar el encuentro virtual de los ministros, según fuentes diplomáticas conocedoras de lo sucedido en este encuentro. Las mismas fuentes hacen hincapié en el tono constructivo de esa reunión, aunque apuntan que España ha mostrado su frustración con la reacción de los socios y ha subrayado, a modo de reproche, las diferencias entre el caso de Ceuta frente a otros similares en el pasado, como los de 2021 en las fronteras de Polonia y Lituania con Bielorrusia. Aquellos fueron tildados de “ataques híbridos” y toda Europa, incluida España, los condenó y ofreció su solidaridad; lo de Ceuta ha sido, en cambio, una “crisis migratoria inadmisible” cuyo responsable es España, según la misiva que firmaron 22 países.
Aunque en esa primera cata el tono haya sido positivo, también ha quedado claro que las diferencias políticas de fondo persisten: el ejemplo citado en público y en privado siempre es la regularización masiva. Fuentes del Gobierno esperan para este martes una reunión “tensa y larga”, y admiten que varios socios insisten en el papel de la regularización en la crisis de Ceuta, “a pesar de que todo apunta a que fue nulo”.
España ha sido el país europeo más duro en las críticas a Israel y a Trump en los últimos tiempos; al cabo, la lucha contra la ultraderecha es probablemente el argumento central del presidente Pedro Sánchez en la próxima convocatoria electoral. En algunas agendas, como Gaza, el consenso tiende hacia las posiciones españolas. Pero por el camino Sánchez se ha ganado un enemigo peligroso, Donald Trump, y las críticas cada vez menos veladas de los socios europeos más preocupados por la guerra de Ucrania, por la negativa española a gastar el 5% del PIB en defensa. Esa enemistad con el trumpismo ha vuelto a sentirse este miércoles: el embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, ha respaldado en un mensaje en la red social X la carta impulsada por Italia y Dinamarca.
La crisis de Ceuta –en el fondo más crisis geopolítica que migratoria— pone de manifiesto la actual falta de apoyos de Sánchez en Bruselas. Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo se negaron a firmar la carta de Meloni y Frederiksen. Y aun así, tras los excesos de las primeras horas, las aguas van volviendo a su cauce. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se sumó al principio a ese coro de voces críticas, moduló su mensaje, en lo que fuentes españolas califican como un “cambio de postura brutal”.
Von der Leyen completó este lunes un giro respecto a su posición inicial en una misiva dirigida a Sánchez. Reclamó “solidaridad”, algo que solo había hecho hasta ahora el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. Felicitó a España y a Marruecos, “un socio importante para controlar el tráfico de personas y la inmigración ilegal”; es curioso cómo casi nadie en la UE ha puesto el grito en el cielo con Rabat. Y dejó atrás los reproches públicos del viernes (“no podemos permitir que nadie venga a nuestra Unión sin respetar nuestras normas”) para limitarse a pedir a España que refuerce las infraestructuras críticas, algo que el Gobierno español ya ha hecho, de momento sin solicitar ayuda a Europa.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ofreció el lunes a primera hora una primera aproximación de la posición española. España “exigirá” a los socios “solidaridad”, según Albares. “Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, pero también europeas y frontera de la UE”, declaró en TVE. “España es a día de hoy la ruta mediterránea con el menor número de entradas irregulares por cualquiera de las rutas”, defendió el ministro en esa comparecencia. Los datos de Frontex confirman esa tesis. En el primer semestre entraron 16.643 irregulares por el Mediterráneo oriental (Grecia), y casi 15.000 por el Mediterráneo central (Italia), frente a las 7.860 por el Mediterráneo occidental (España) y poco más de 3.000 por la ruta canaria. Las cifras cayeron un 42% en el conjunto de 2025, según Frontex. Y registran un descenso del 25% adicional en lo que va de año (con datos hasta el 16 de julio), según Interior.
El ministro Fernando Grande-Marlaska enarbolará esos números ante sus homólogos, según las fuentes consultadas, poniendo énfasis en el compromiso con el control de fronteras y el aprobado de España en la aplicación del Pacto de Migración de Asilo (frente a las carencias de Italia, por ejemplo). “No se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en política migratoria”, según fuentes de Interior, pero es exactamente lo que han hecho 22 países por escrito y lo que un grupo de socios argumentarán en la reunión. En ella, España defenderá que ha logrado controlar los flujos procedentes de Mauritania, Senegal, Gambia y también de Marruecos. A pesar del exquisito celo diplomático de Sánchez, Albares y Grande-Marlaska, la cooperación o al menos connivencia de Rabat en la avalancha de entradas del pasado fin de semana es cada vez más evidente, como sugirió la ministra de Defensa, Margarita Robles, y han denunciado numerosos analistas.
En el fondo, el foco migratorio es solo el espantajo de una brecha mayor en el seno de la Unión. En el salto de 2021, mucho menos numeroso, la reacción unánime fue de solidaridad; ahora no. “La diferencia es que ahora Sánchez está solo, es el único líder socialista de peso en Europa; la danesa Frederiksen no está en ese bando en materia migratoria”, subraya Margaritis Schinas, exvicepresidente de la Comisión y ahora ministro de Agricultura en Grecia. Tanto los escandinavos como los bálticos están dolidos con España por lo que entienden como falta de compromiso en el gasto militar. Y el resto de Europa, a izquierda y derecha, por la regularización: la percepción es que el país que ha aprobado esa medida es a la vez incapaz de controlar las fronteras. “Los hechos dicen otra cosa. Pero en política mandan más las percepciones que la realidad. Hay una profunda división política, con cada socio a lo suyo, y un malestar general con España, y eso se refleja en el episodio de Ceuta y la reacción europea”, según fuentes del Ejecutivo de uno de los países de la zona euro.
Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea, critica que Italia y otros Estados miembros hayan “abusado del ordenamiento jurídico de la UE en flagrante violación del principio de cooperación leal que les vincula con España”. Luis Simón, investigador principal del Instituto Elcano, añade que la reacción española “fue tardía y refleja lagunas en inteligencia”. Destaca, además, que las medias tintas con Rabat, tanto en España como en Bruselas y el resto de las cancillerías, “inducen a pensar que tenemos un potencial problema grave de seguridad en la frontera sur”. Lejos de defenderse, España tiene previsto pasar hoy al ataque en Bruselas, con escasos apoyos, la Comisión Europea de perfil y 22 países (o algunos menos, según la versión española), de uñas.
“Es el momento de elevar el asunto al nivel de jefes de Estado y de Gobierno para reforzar los mecanismos de alerta y las respuestas europeas a una crisis de este calado, y de estrechar la cooperación en materia de fronteras”, lanzan fuentes diplomáticas, sabedoras de que es uno de los puntos destacados del próximo Consejo Europeo el próximo octubre. Tanto Von der Leyen como António Costa y Pedro Sánchez han dado las primeras muestras de que ese puede ser el próximo alto en el camino.
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