La Fiscalía Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el caso Leire Díez, pero ha pospuesto pronunciarse sobre la imputación del partido como persona jurídica, según confirman fuentes de la investigación. El ministerio público ha dado este paso en el tercer día de precampaña electoral, después de que el PP planteara esta posibilidad el pasado martes. Los populares, personados como acusación popular en el sumario, reclamaron al juez instructor Santiago Pedraz que dirigiera la investigación contra el partido del Gobierno, al que señalan como beneficiario de las maniobras de la presunta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez y por Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación. Pese a la posición de la Fiscalía, Pedraz tiene la opción de resolver ya la petición del PP.
El ministerio público mueve ficha en el tercer día de precampaña electoral tras la solicitud del PP
La Fiscalía Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el caso Leire Díez, pero ha pospuesto pronunciarse sobre la imputación del partido como persona jurídica, según confirman fuentes de la investigación. El ministerio público ha dado este paso en el tercer día de precampaña electoral, después de que el PP planteara esta posibilidad el pasado martes. Los populares, personados como acusación popular en el sumario, reclamaron al juez instructor Santiago Pedraz que dirigiera la investigación contra el partido del Gobierno, al que señalan como beneficiario de las maniobras de la presunta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez y por Santos Cerdán, exsecretario de Organización de la formación. Pese a la posición de la Fiscalía, Pedraz tiene la opción de resolver ya la petición del PP.
Según recalcan fuentes jurídicas, Anticorrupción ha informado al juez que considera que existen indicios, pero que resulta “prematura” la imputacion del PSOE y que, antes de acordarlo, deben llevarse a cabo más averiguaciones pendientes; entre ellas, la declaración de Santos Cerdán.
La reclamación del PP ha acelerado todo. Apenas 24 horas después de que el presidente Pedro Sánchez llamase a las urnas, los populares solicitaron a la Audiencia Nacional que actuase contra el PSOE por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal, blanqueo y malversación. Los conservadores expusieron al juez que “todas” las “actuaciones delictivas” de la trama tenían por objetivo “proteger los intereses” de la formación de izquierdas, pero el magistrado decidió consultar con la Fiscalía antes de resolver sobre dicha iniciativa. Ahora, Pedraz ya tiene la respuesta del ministerio público, que no se había pronunciado hasta este momento sobre una imputación del partido.
El caso Leire Díez se centra en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y por Santos Cerdán para “desestabilizar” las causas judiciales que salpicaban a los socialistas y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Este sumario describe un supuesto doble plan para boicotear esas investigaciones: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participaban en las pesquisas, para “erosionar” así su “credibilidad”; y, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en la Guardia Civil para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado.
“Las actuaciones, indiciariamente delictivas, fueron promovidas desde la dirección del PSOE. Consta indiciariamente acreditado que Santos Cerdán puso todos los medios operativos y financieros del partido a disposición de la organización criminal que lideraba”, apostilla el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional para exigir la imputación. En dicho texto, los populares inciden en que, entre otros altos cargos de los socialistas, también se encuentra investigada su gerente, Ana María Fuentes, por ayudar supuestamente a confeccionar documentos mendaces. “Por lo tanto, no es solo que las actuaciones delictivas desarrolladas por la organización criminal se dirigieran a proteger los intereses del PSOE, sino que indiciariamente se promovieron, impulsaron, coordinaron y ejecutaron por quienes desempeñaban altas responsabilidades dentro del partido”, reiteraron los conservadores.
Para sostener su petición de imputar al PSOE como persona jurídica, el PP expuso que el partido se “benefició” de las actuaciones irregulares de la trama; y que, a su vez, no desplegó “medidas de control y vigilancia” suficientes para “prevenir la comisión de delitos en su seno”. “Todo cuanto acontecía respondía a la libre voluntad de Cerdán, que actuaba sin que existiera ningún tipo de órgano o mecanismo de control que lo fiscalizara o que restringiera su capacidad de actuación”, remachó el abogado de los populares, Henry Feltenstein. La formación encabezada por Sánchez siempre ha limitado toda la responsabilidad a su anterior secretario de Organización.
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