La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado ya su recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenarle a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anule la sentencia y acuerde su absolución al considerar que con ella se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, entre otros. Entre sus argumentos, sostiene que fue imputado y condenado ―“no cabe duda”― por “la condición de político de su hermano”.
La defensa asegura que la Audiencia Provincial de Badajoz vulneró su derecho a la presunción de inocencia
JUICIO AL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ
La defensa asegura que la Audiencia Provincial de Badajoz vulneró su derecho a la presunción de inocencia
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La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado ya su recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenarle a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anule la sentencia y acuerde su absolución al considerar que con ella se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, entre otros. Entre sus argumentos, sostiene que fue imputado ―“no cabe duda”― por “la condición de político de su hermano”.
El abogado Emilio Cortés incide en que la Audiencia Provincial de Badajoz actuó porque David Sánchez, como “familiar” de Pedro Sánchez, “podía urdir lo que tenía a bien para su interés o beneficio”. “Pero este prejuicio no significa que lo urdiera, porque en pasaje alguno de esa sentencia se ofrece, al menos, un signo de que eso fuera así”, recalca. Y añade: “No se ha probado la influencia”.
En el marco del recurso, de 104 páginas, la defensa insiste en que la condena por prevaricación es incompatible con el hecho de que se le absolviera del delito de tráfico de influencias. El tribunal que dictó la sentencia descartó el delito de tráfico de influencias, delito que era el núcleo de la investigación, al concluir por unanimidad que no se había acreditado. La Fiscalía y las defensas pidieron la absolución de Sánchez, de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, y del resto de encausados; mientras que algunas acusaciones, entre ellas las que ejercían PP y Vox, elevaron en la recta final del juicio sus peticiones de pena hasta los seis años de cárcel.
El letrado de Sánchez subraya que en la sentencia no hay “una argumentación motivada que acredite más allá de toda duda razonable” que el hermano del presidente del Ejecutivo “participó a sabiendas en la tramitación del expediente” por el que se creó su puesto, “conociendo su radical e injustificable injusticia, fuera en el momento que fuera, que ya casi es lo de menos”. “No hay prueba, ni de una cosa, ni de la otra”, reitera. Y, en este punto, destaca que David Sánchez es “músico”, “lo que le aleja de ser perito en leyes”.
La defensa critica no solo la condena que impuso la Audiencia Provincial de Badajoz, sino toda la fase de instrucción que estuvo a cargo de la jueza Beatriz Biedma. A su juicio, los hechos recogidos por la instructora responden a “un inequívoco patrón de investigación prospectiva absolutamente intolerable”. “Desde auténticas mentiras periodísticas que no soportaron ni los primeros tramos de la instrucción, y la mención a un absentismo que no constituye delito en nuestro ordenamiento positivo, se alza una paradigmática causa general contra nuestro representado”, afea. Durante el juicio, las acusaciones insistieron en un supuesto absentismo laboral ―que no es delito, sino una infracción laboral― por parte de David Sánchez como indicio de que su plaza no solo fue creada para él, sino que también se adecuó a sus preferencias personales. Sin embargo, durante la vista oral, varios de los cargos de la diputación que se sientan en el banquillo negaron tajantemente esas ausencias.
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