La dirección de RRHH, a través de RRHH y en Canal Ético de la Corporación, ha abierto un expediente a 7 de los 9 miembros del Consejo de Informativos de RNE, que podría llevar a graves sanciones, tras un largo proceso de acoso Leer La dirección de RRHH, a través de RRHH y en Canal Ético de la Corporación, ha abierto un expediente a 7 de los 9 miembros del Consejo de Informativos de RNE, que podría llevar a graves sanciones, tras un largo proceso de acoso Leer
Radio Nacional de España se ha despertado esta mañana con una noticia que desde dentro de la radio pública se está viviendo como «un auténtico tsunami, impsible de digerir», según han explicado varios trabajadores a EL MUNDO: la dirección de RTVE ha abierto expediente a través de RRHH y del Canal Ético de la Corporación a siete de los nueve miembros que conforman el Consejo de Informativos de RNE. Según ha adelantado El Periódico y ha confirmado EL MUNDO, se les acusa de faltas «muy graves» que podrían conllevar sanciones que van desde la suspensión de empleo y sueldo hasta el despido.
¿Qué ha ocurrido para que la dirección de RTVE sancione a un Consejo de Informativos? Probablemente, demasiadas cosas y todas ellas demasiado graves. Todo parte de la denuncia de una trabajadora de RNE, R.M., en la que acusaba de presunto maltrato psicológico y acoso laboral a varios miembros del Consejo de Informativos. La denuncia, a su vez, se produjo después de dos resoluciones del Consejo de Informativos publicadas los días 28 de enero y 28 de marzo de 2026, en las que el órgano denunció actuaciones del programa 24 Horas de RNE; la primera fue aprobada por unanimidad y la segunda por siete votos a favor y dos en contra.
En esas resoluciones se aseguraba que el programa 24 Horas ejercía «mala praxis» o «la preocupación por los continuos errores, cada vez más graves, cometidos por la directora del informativo 24 horas«. Resoluciones habituales de los CdI tanto de la radio como de TVE como las que llevaron a arrancar hace un año los Viernes Negros en RNE al denunciar la externalización de contenidos o la política de fichajes como los de Juan Ramón Lucas, David Cantero, Isabel Gemio, Gorka Rodríguez o Ángeles Caso.
Cuando llega la denuncia de la trabajadora de RNE a los siete miembros del CdI, la dirección de RTVE, siguiendo lo que establece la ley para estos casos abrió el protocolo de acoso. Dentro de ese protocolo se llevó a cabo una evaluación psicológica por parte de un gabinete psicológico externo, contratado por la Corporación RTVE, en el contexto de una denuncia por supuesto acoso. Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de la situación, el informe de este gabinete externo que evaluó a todas las partes sí confirma el acoso, aunque esta evaluación no ha sido comunicada ni mostrada a los siete miebros del CdI acusados.
Tras la evaluación psicológica, según explicó el CdI en un comunicado hace unas semanas, «varios miembros del Consejo sufrieron severas crisis de ansiedad, que han derivado en bajas médicas». El CdI consideraba que «el daño causado a estas personas en el ejercicio de una función legal es de una gravedad que no admite ser ignorada ni minimizada».
Pero fue el pasado 18 de junio cuando parecía que todo había llegado a su fin. Solo parecía. Ese día la Comisión de Acoso Psicológico de RTVE sometió a votación si procedía elevar la resolución propuesta por el psicólogo contratado por la empresa en el proceso abierto contra el Consejo de Informativos de RNE. Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Régimen Interno de dicha Comisión, para formular propuesta de resolución es necesario obtener al menos tres votos de cada una de las partes -empresarial y social-.
EL MUNDO, que ha tenido acceso a dicha votación, ha comprobado que de la parte social solo UGT y SI votaron a favor de que continuase el proceso contra los siete miembros del CdI, mientras que CCOO y USO votaron en contra al considerar, entre otros aspectos, que «no se puede apreciar hostigamiento reiterado, con independencia de lo acertado o coincidencia que se tenga con lo manifestado». Es decir, la parte social no alcanzó ese mínimo. Al parecer, esta votación no es vinculante y, por tanto, su resultado no impediría mantener el proceso.
Según el Régimen Interno de la Comisión de Acoso de RTVE, las decisiones de la Comisión de Acoso Psicológico de RTVE no son vinculantes por sí mismas, sino que actúan como un órgano instructor que eleva propuestas de resolución. El poder sancionador y la resolución definitiva corresponden exclusivamente a la Dirección de la Corporación RTVE o a su departamento de Recursos Humanos. Aunque es muy poco habitual que si no hay las votaciones suficientes para continuar el proceso, éste se cierre o, al contrario, si las votaciones sostienen que continúe el proceso, éste siga.
En consecuencia, y pese a que en la parte empresarial sí hubo quorum para continuar con el proceso, la Comisión no formuló propuesta de resolución y el proceso no podía adelante. Los siete miembros del CdI denunciados recibieron pocos días después en sus correos corporativos una notificación del Área de Prevención de Riesgos Laborales y Salud de RTVE en la que, sin facilitar explicación alguna sobre la causa ni sobre los hechos que nos imputan, se limita escuetamente a mencionar que en el acta «no se formula propuesta de resolución acerca del posible caso de acoso», señalando los votos de los miembros de la Comisión de Acoso.
Y a raíz de este correo el propio CdI informó a los trabajadores de RNE en un nuevo comunicado que el órgano consideraba que este resultado «confirma lo que siempre hemos sostenido: que no ha existido acoso, que el proceso carecía de fundamento legal y que las actuaciones del Consejo de Informativos de RNE están plenamente amparadas por la ley«. A la vez, exigía a la dirección de RTVE el archivo definitivo e inmediato de la causa.
El CdI volvía a insistir en su comunicado que la denuncia y el proceso por acoso se abrieron por «resoluciones sobre la línea editorial y la programación informativa» del programa 24 Horas. De hecho, el órgano recordó que estas resoluciones son el «ejercicio exacto» de las funciones que el artículo 24 de la Ley 17/2006 y el Estatuto de Información de RTVE atribuyen a este órgano. «El control editorial no es una opción: es una obligación legal. Y los mecanismos de control son consustanciales a los sistemas democráticos», aseguraron.
Recordaban, además, que el artículo 47.c del Estatuto de Información de RTVE garantiza «expresamente» que los miembros del Consejo de Informativos no podrán ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, cuando el despido o la sanción se base en actuaciones realizadas en el ejercicio de su representación, y que ningún vocal podrá ser discriminado económica ni profesionalmente por razón del desempeño de su cargo. «Toda medida adoptada contra un miembro del CDI en el ejercicio de sus funciones representativas carece, por tanto, de amparo legal y vulnera directamente el Estatuto de Información», advertían, instando a la dirección de RTVE a «el archivo definitivo e inmediato de la causa abierta contra siete de sus nueve miembros, sin que quepa ninguna actuación posterior derivada de los mismos hechos».
Sin embargo, esta mañana la bomba saltaba en RNE cuando los siete miembros del Consejo de Informativos y los trabajadores de la radio pública se enteraban de que la dirección de RRHH y el Canal Ética mantenían el proceso por acoso abierto contra los siete miembros del Consejo de Informativos de RNE. De hecho, la apertura de este expediente se basa en el informe de evaluación psicológica realizado por una empresa externa. Y de ahí se les advierte de «faltas muy graves», «un factor de afectación psicosocial», «conductas de acoso psicológico» o «una grave transgresión de la buena fe». Ahora será RRHH y el Canal Ético los que mantengan el procedimiento abierto y realicen el informe con su resolución y con las sanciones a las que se podrían enfrentar el CDI.
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