El terremoto, de magnitud 7,4, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. El 70% de sus habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobrezaÚltima hora del terremoto en Colombia, en directoLos mapas del terremoto en Colombia: estas son las zonas más afectadas
El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia la mañana de este lunes, el peor en lo que va de siglo, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. El 70% de todos sus habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (132 euros al mes por persona al cambio actual). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 374 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.
En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha confirmado 132 muertos y 570 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se han registrado severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera occidental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.
Saulo Guerrero, un operador turístico de 43 años, relata a elDiario desde Quibdó, a través de WhatsApp, que las redes móviles colapsaron tras el sismo. “Nunca había sentido un temblor tan fuerte; es una tragedia. Estaba en el tercer piso de mi casa y bajé corriendo. La ciudad está colapsada, la gente está convulsionada buscando a sus familiares y me reportan la caída de edificios en algunos sectores”, detalló. Asimismo, el testigo añadió que su vivienda en la capital del Chocó no sufrió daños materiales debido a que es una construcción reciente y cuenta con bases sólidas.
Las consecuencias del seísmo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó ha suspendido por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se ha extendido con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también han interrumpido sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.
El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto tuvo una profundidad de 103 kilómetros, una profundidad que atenuó su energía al llegar a la superficie y que, sin embargo, es el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.
Una realidad opuesta se vivió en el hogar de Dionilde Mosquera, ama de casa de 46 años, donde los peores momentos de pánico los sufrió su hija de 19 años, Eilen Rivas. “Ella entró en estado de shock y quedó paralizada. No reaccionaba. A su hermano le tocó jalarla y llevarla a la calle porque no se podía mover. Toda la tarde ha estado con dolor de cabeza y tensión alta”, relató Sánchez. Los efectos del terremoto dejaron su inmueble con múltiples grietas y derribaron la pared de una de las habitaciones: “Esta noche pienso dormir donde una vecina porque me da mucho miedo”. Para colmo de males, a las 16:00 horas la temperatura rondaba los 33 grados con una alta humedad: “Estamos sin luz, a oscuras y hace un calor sofocante”, remató.
Un edificio colapsado en Cali (Colombia), este lunes.
El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.
De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierdas en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. La suspensión del empalme ha dejado incompleto el traspaso de información entre ambos gobiernos, justo cuando el nuevo Ejecutivo enfrenta su primera gran emergencia.
Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Intensidad de la sacudida estimada por el USGS (escala de Mercalli). Cuanto más rojo, más fuerte se sintió el temblor.
Magnitud 7,4
07:34h · hora local · profundidad 110 km
Fuente: Servicio Geológico de EE UU (USGS). Hora local de Colombia
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas ha tenido margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.
Fotografía que muestra la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario afectada este lunes, en Manizales (Colombia)
Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Cali, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella ha decretado el estado de emergencia y ha anunciado mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a Quibdó, capital departamental con 143.000 habitantes, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.
El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, ha exigido a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del seísmo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.
El terremoto sorprendió a Virginia Córdoba, de 48 años, a las 7:34 de la mañana (las 14.34 en Madrid), justo cuando se preparaba para salir hacia su oficina en la Cámara de Comercio de Quibdó. En segundos, la primera planta de su vivienda alquilada se desplomó. Hoy, las paredes agrietadas y unas vigas de madera apenas sostienen el techo de lo que queda en pie. El pánico es generalizado entre los vecinos, cuyas casas también sufrieron graves daños. “No pienso acostarme esta noche en mi cama. Nadie por acá quiere entrar a las casas”, confiesa Virginia, quien pasará la noche a la intemperie junto a su familia.
Los nervios y el bloqueo de vías por escombros le han impedido abastecerse de alimentos. Aunque sus familiares directos resultaron ilesos, la casa de una tía quedó destruida. El balance personal es desolador: Virginia aún desconoce el estado de su lugar de trabajo y lamenta la muerte de un conocido mientras espera noticias de varios desaparecidos.
Horas después del seísmo, el presidente De la Espriella anunció un subsidio de arriendo para los chocoanos damnificados. Mientras tanto, en San José del Palmar, epicentro de la tragedia y un municipio de 5.000 habitantes cuya economía basada en el cacao, la ganadería y un fruto llamado chontaduro pende de un hilo, el panorama es crítico. Su alcalde aseguró al diario El Tiempo que de momento no se han registrado fallecidos. Declaró, así mismo, que la única vía de acceso quedó sepultada por deslizamientos de tierra. Cifró en unas 400 las viviendas afectadas y en una veintena las estructuras colapsadas. Además, la falta de señal telefónica ha impedido la comunicación en uno de los puntos más golpeados de la zona y donde viven cerca de 3.000 personas. El terremoto, de magnitud 7,4, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. El 70% de sus habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobrezaÚltima hora del terremoto en Colombia, en directoLos mapas del terremoto en Colombia: estas son las zonas más afectadas
El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia la mañana de este lunes, el peor en lo que va de siglo, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. El 70% de todos sus habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (132 euros al mes por persona al cambio actual). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 374 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.
En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha confirmado 132 muertos y 570 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se han registrado severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera occidental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.
Saulo Guerrero, un operador turístico de 43 años, relata a elDiario desde Quibdó, a través de WhatsApp, que las redes móviles colapsaron tras el sismo. “Nunca había sentido un temblor tan fuerte; es una tragedia. Estaba en el tercer piso de mi casa y bajé corriendo. La ciudad está colapsada, la gente está convulsionada buscando a sus familiares y me reportan la caída de edificios en algunos sectores”, detalló. Asimismo, el testigo añadió que su vivienda en la capital del Chocó no sufrió daños materiales debido a que es una construcción reciente y cuenta con bases sólidas.
Las consecuencias del seísmo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó ha suspendido por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se ha extendido con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también han interrumpido sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.
El Servicio Geológico Colombiano informó que el terremoto tuvo una profundidad de 103 kilómetros, una profundidad que atenuó su energía al llegar a la superficie y que, sin embargo, es el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.
Una realidad opuesta se vivió en el hogar de Dionilde Mosquera, ama de casa de 46 años, donde los peores momentos de pánico los sufrió su hija de 19 años, Eilen Rivas. “Ella entró en estado de shock y quedó paralizada. No reaccionaba. A su hermano le tocó jalarla y llevarla a la calle porque no se podía mover. Toda la tarde ha estado con dolor de cabeza y tensión alta”, relató Sánchez. Los efectos del terremoto dejaron su inmueble con múltiples grietas y derribaron la pared de una de las habitaciones: “Esta noche pienso dormir donde una vecina porque me da mucho miedo”. Para colmo de males, a las 16:00 horas la temperatura rondaba los 33 grados con una alta humedad: “Estamos sin luz, a oscuras y hace un calor sofocante”, remató.
Un edificio colapsado en Cali (Colombia), este lunes.
El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.
De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierdas en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. La suspensión del empalme ha dejado incompleto el traspaso de información entre ambos gobiernos, justo cuando el nuevo Ejecutivo enfrenta su primera gran emergencia.
Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Intensidad de la sacudida estimada por el USGS (escala de Mercalli). Cuanto más rojo, más fuerte se sintió el temblor.
Magnitud 7,4
07:34h · hora local · profundidad 110 km
Fuente: Servicio Geológico de EE UU (USGS). Hora local de Colombia
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas ha tenido margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.
Fotografía que muestra la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario afectada este lunes, en Manizales (Colombia)
Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Cali, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella ha decretado el estado de emergencia y ha anunciado mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a Quibdó, capital departamental con 143.000 habitantes, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.
El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, ha exigido a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del seísmo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.
El terremoto sorprendió a Virginia Córdoba, de 48 años, a las 7:34 de la mañana (las 14.34 en Madrid), justo cuando se preparaba para salir hacia su oficina en la Cámara de Comercio de Quibdó. En segundos, la primera planta de su vivienda alquilada se desplomó. Hoy, las paredes agrietadas y unas vigas de madera apenas sostienen el techo de lo que queda en pie. El pánico es generalizado entre los vecinos, cuyas casas también sufrieron graves daños. “No pienso acostarme esta noche en mi cama. Nadie por acá quiere entrar a las casas”, confiesa Virginia, quien pasará la noche a la intemperie junto a su familia.
Los nervios y el bloqueo de vías por escombros le han impedido abastecerse de alimentos. Aunque sus familiares directos resultaron ilesos, la casa de una tía quedó destruida. El balance personal es desolador: Virginia aún desconoce el estado de su lugar de trabajo y lamenta la muerte de un conocido mientras espera noticias de varios desaparecidos.
Horas después del seísmo, el presidente De la Espriella anunció un subsidio de arriendo para los chocoanos damnificados. Mientras tanto, en San José del Palmar, epicentro de la tragedia y un municipio de 5.000 habitantes cuya economía basada en el cacao, la ganadería y un fruto llamado chontaduro pende de un hilo, el panorama es crítico. Su alcalde aseguró al diario El Tiempo que de momento no se han registrado fallecidos. Declaró, así mismo, que la única vía de acceso quedó sepultada por deslizamientos de tierra. Cifró en unas 400 las viviendas afectadas y en una veintena las estructuras colapsadas. Además, la falta de señal telefónica ha impedido la comunicación en uno de los puntos más golpeados de la zona y donde viven cerca de 3.000 personas.
El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, ha tenido su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (133 euros al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.
En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, ha confirmado 111 muertos y 87 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha confirmado a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se han registrado severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.
Las consecuencias del seísmo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó ha suspendido por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se ha extendido con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también han interrumpido sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.
El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.
De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierdas en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política ha derivado en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.
Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Intensidad de la sacudida estimada por el USGS (escala de Mercalli). Cuanto más rojo, más fuerte se sintió el temblor.
Magnitud 7,4
07:34h · hora local · profundidad 110 km
Fuente: Servicio Geológico de EE UU (USGS). Hora local de Colombia
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas ha tenido margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.
Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella ha anunciado mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se ha desplazado a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.
El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, ha exigido a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del seísmo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.
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