Los expertos cuestionan la hoja de ruta para la rehabilitación del país. La gestión del riesgo y los temas ambientales apenas estaban presentes en el programa de gobierno del nuevo presidente, Abelardo de la EspriellaUna pareja abrazada bajo los escombros y horas de rescates en una de las ciudades más golpeadas por el terremoto
Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.
Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.
Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD ha sido eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.
Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran seísmo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora para elDiario.es. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.
La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no ha tomado posesión.
La gestión de catástrofes, poco presente
Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ha ocupado un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad ha dinamitado la idea.
Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.
En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.
La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.
La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, ha convertido al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que ha sobrevivido a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.
Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se ha librado de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.
Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre la el clientelismo rapaz y la politización.
Llamamiento a la unidad
Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no ha dejado de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.
El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.
En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella ha escenificado una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario ha apelado a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.
El desastre ha evaporado así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha. Los expertos cuestionan la hoja de ruta para la rehabilitación del país. La gestión del riesgo y los temas ambientales apenas estaban presentes en el programa de gobierno del nuevo presidente, Abelardo de la EspriellaUna pareja abrazada bajo los escombros y horas de rescates en una de las ciudades más golpeadas por el terremoto
Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.
Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.
Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD ha sido eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.
Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran seísmo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora para elDiario.es. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.
La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no ha tomado posesión.
La gestión de catástrofes, poco presente
Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ha ocupado un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad ha dinamitado la idea.
Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.
En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.
La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.
La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, ha convertido al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que ha sobrevivido a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.
Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se ha librado de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.
Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre la el clientelismo rapaz y la politización.
Llamamiento a la unidad
Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no ha dejado de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.
El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.
En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella ha escenificado una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario ha apelado a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.
El desastre ha evaporado así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.
Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.
Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.
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