Pedro Sánchez fue muy claro este martes, tras un Consejo de Ministros que aprobó dos decretos de emergencia sobre vivienda: “El Gobierno va a continuar gobernando”. El Ejecutivo no está en funciones hasta que se vote, tiene plenitud de facultades, y además tiene la ventaja de que lo que apruebe se convalida en la Diputación Permanente, un órgano donde Junts no es imprescindible, basta con lograr el apoyo del PNV además del de los socios de izquierdas de la coalición PSOE-Sumar (ERC, Bildu y Podemos). Por eso, el Ejecutivo está estudiando diversas posibilidades para explotar hasta el último momento la gran ventaja de controlar el Boletín Oficial del Estado, esto es, poder aprobar medidas sociales hasta el último día. Los ministerios y La Moncloa trabajan en distintas ideas, que irán desplegándose a lo largo de las semanas, según fuentes del Ejecutivo.
El anuncio de Díaz de una subida del SMI antes de los comicios marca el camino. El Ejecutivo intentará usar la huelga sobre la vivienda contra el PP
Pedro Sánchez fue muy claro este martes, tras un Consejo de Ministros que aprobó dos decretos de emergencia sobre vivienda: “El Gobierno va a continuar gobernando”. El Ejecutivo no está en funciones hasta que se vote, tiene plenitud de facultades, y además tiene la ventaja de que lo que apruebe se convalida en la Diputación Permanente, un órgano donde Junts no es imprescindible, basta con lograr el apoyo del PNV además del de los socios de izquierdas de la coalición PSOE-Sumar (ERC, Bildu y Podemos). Por eso, el Ejecutivo está estudiando diversas posibilidades para explotar hasta el último momento la gran ventaja de controlar el Boletín Oficial del Estado, esto es, poder aprobar medidas sociales hasta el último día. Los ministerios y La Moncloa trabajan en distintas ideas, que irán desplegándose a lo largo de las semanas, según fuentes del Ejecutivo.
Ya ha empezado a marcar el camino Yolanda Díaz, que ha iniciado los trámites para decidir una subida importante del salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. Todo indica que la subida será muy relevante, y un nuevo salto en una política continuada que ya ha llevado a una escalada acumulada del 66% desde que Mariano Rajoy salió de La Moncloa y se instaló un gobierno progresista que al principio estaba apoyado desde fuera por Podemos y después de las elecciones de noviembre de 2019 ha sido una coalición con Díaz como ministra de Trabajo.
Tanto la vicepresidenta segunda como otros ministros de Sumar están trabajando en medidas que estaban programadas para los próximos meses, que hasta ahora habían sido difíciles de pactar internamente, o que tenían dificultades de aprobación en el pleno por el rechazo de Junts, pero que en las nuevas circunstancias tienen más posibilidades de éxito tanto en el Consejo de Ministros como en la diputación permanente, aunque el PNV tampoco está dispuesto a aprobar cualquier medida. La subida del SMI, obligatoria para todos los empresarios, quedará así decidida ya aunque el próximo gobierno sea de PP y Vox. Podrían revertirla si quisieran al llegar al poder, pero tendría un fuerte coste político dar marcha atrás en una subida del SMI.
Algo similar ocurrirá con toda probabilidad con la subida de las pensiones. Lo habitual es hacerla a final de año, pero se pueden tomar decisiones o hacer anuncios antes de que llegue las elecciones. La subida continuada de las pensiones conforme al IPC, y muy por encima en el caso de las mínimas, ha sido una política muy clara del Ejecutivo en estos ocho años y antes de las elecciones pueden querer dar otra señal de que esa es su apuesta frente a un Vox que está diciendo que el sistema de pensiones en un zombie o un PP que también plantea que necesita reformas, aunque de manera mucho más suave que Vox.
En La Moncloa y en varios ministerios controlado por el PSOE también están trabajando el múltiples medidas de impacto social para aprobar en los próximos Consejos de Ministros antes de las elecciones, al estilo de los llamados “viernes sociales” de la anterior legislatura, cuando aún el consejo se hacía en viernes. Aquello era en contraste con los “viernes negros” de la época de los recortes de los primeros años de Mariano Rajoy, en plena crisis económica.
Lo que no está claro es qué efecto electoral tendrán este tipo de decisiones. Un experto con decenas de campañas a sus espaldas como Antoni Gutiérrez Rubi señala que “aunque algunos puedan interpretarlos como manotazos de ahogado o señales de oportunismo electoral, una parte de los electores, y especialmente los menos fieles, los que más cambiantes, los que pueden votar al PP o al PSOE, esperan ese tipo de movimientos del Gobierno. Estos electores cambiantes pueden ser sensibles a esos decretazos positivos”.
Gutiérrez Rubí cree que la derecha tiene mucho más fácil la campaña no solo porque tiene la ola y las encuestas a favor, “sino porque su pregunta electoral es muy sencilla: echar a Sánchez”. “El Gobierno necesita acertar con la pregunta que plantea para las elecciones. La idea de la vivienda es buena, sobre todo para el voto de la generación Z, sub 30, que puede ser decisivo, pero hay que atinar mucho porque el ‘echar a Sánchez’ que quiere la derecha se arregla con el voto, pero el ‘resolver el problema de la vivienda’ no es tan claro porque ya hemos visto las dificultades de Sánchez para hacerlo”. Rubí cree que es lógico que el Gobierno juegue toda sus cartas, sobre todo el Consejo de Ministros, y cree que habrá cosas decisivas en plena campaña como las elecciones de medio término en EE UU y el posible fracaso de Donald Trump, y una reacción antidemocrática del presidente estadounidense que podría alterar una elección que parece ya muy definida a favor de la derecha española. Gutiérrez Rubí también cree que Sánchez tiene ventaja como candidato frente a un Feijóo muy desdibujado, pero la ola de derecha en todo el mundo, y más si pierde Lula en Brasil, hace que la izquierda española lo tenga muy difícil.
El Gobierno piensa así estirar al máximo la ventaja de poder manejar la agenda política, el BOE y abrir temas que fuerzan al PP a mojarse en cuestiones de política social, donde el Ejecutivo cree que se mueve mucho más incómodo. De hecho, Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho, por ejemplo, que piensa reformar la ley para reducir las bajas laborales, un asunto polémico para los trabajadores. La Moncloa intentará pues que la campaña se centre en estas cuestiones ―vivienda, gasto social, pensiones, salario mínimo, sanidad, educación― mientras el PP apuesta casi todas sus fichas al antisanchismo y a temas que desgastan al Ejecutivo como Ceuta, donde estuvo este miércoles Feijóo.
En este contexto, el Gobierno no tiene del todo claro qué efecto puede tener la huelga general del 11 de noviembre sobre la vivienda, que es muy atípica. El Ejecutivo va a intentar por todos los medios que la huelga sea “contra el PP”, como dijo la exvicepresidenta María Jesús Montero, pero es consciente de que esa tarea no será sencilla. “Todas las huelgas por definición son contra los gobiernos. Veo muy difícil que Sánchez pueda sacar partido de esta convocatoria, creo que incluso es más amplio el espacio del PSOE que el de la gente que va a apoyar la huelga”, señala Gutiérrez Rubí. El Ejecutivo no ha estado detrás de la organización de la huelga, pero una vez que se ha decidido, ha mostrado su respeto y tratará de que se acabe convirtiendo en una gran movilización por la vivienda a la que sí podrá hablarle directamente porque acaba de aprobar el nuevo decreto Maricarmen con el que confía parar muchos desahucios y dar una respuesta a los que se movilizan en las plazas. La campaña será atípica, con hitos inéditos como la huelga, las elecciones en Brasil o en EEUU justo en medio, y el Gobierno se prepara para usar todo lo que pueda a su favor porque parte con una clara desventaja en todas las encuestas.
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