El Consejo de Ministros ordinario aprobará mañana unos decretos de vivienda similares a los que tumbó el Congreso este viernes, no exactamente los mismos, aunque aún se trabaja en La Moncloa para ver cuál será la redacción final. La idea con la que trabaja el Gobierno es la de que estos decretos se convaliden en la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante. Si el PNV mantiene su voto, podría salir adelante el llamado “decreto Maricarmen”, que impide los desahucios de personas vulnerables, pero no el segundo, el que haría permanentes los contratos de alquiler.
Con las Cortes disueltas, el apoyo de Junts resulta irrelevante en dicho órgano del Congreso
Con las Cortes disueltas, el apoyo de Junts resulta irrelevante en dicho órgano del Congreso
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El Consejo de Ministros ordinario aprobará mañana unos decretos de vivienda similares a los que tumbó el Congreso este viernes, no exactamente los mismos, aunque aún se trabaja en La Moncloa para ver cuál será la redacción final. La idea con la que trabaja el Gobierno es la de que estos decretos se convaliden en la Diputación Permanente, donde el voto de Junts es irrelevante. Si el PNV mantiene su voto, podría salir adelante el llamado “decreto Maricarmen”, que impide los desahucios de personas vulnerables, pero no el segundo, el que haría permanentes los contratos de alquiler.
Fuentes del Gobierno señalan que no está previsto llevar exactamente los mismos decretos, algo que podría generar problemas jurídicos porque los tumbó el pleno y los convalidaría un órgano menor, sino unos con modificaciones, algo que tendría unas consecuencias jurídicas diferentes pero habría que volver a negociar con los socios.
Precisamente una de las grandes cuestiones que tiene que resolver el Gobierno, y de la que Pedro Sánchez no dijo nada en su comparecencia, es qué pasa con los decretos decaídos. En La Moncloa están estudiando con detalle la fórmula jurídica más adecuada para intentar recuperar el máximo posible, sobre todo del primer decreto, el del escudo antidesahucios, el que estaba pactado con PNV, Coalición Canaria y con Junts, según el Gobierno, y tenía posibilidades de salir.
Aunque se produzca el adelanto electoral, el Ejecutivo no está en funciones —eso es después de los comicios—, sino en plenitud de atribuciones, y por tanto podría aprobar de nuevo los decretos iguales o parecidos. Lo que sí sucedería es que las Cortes estarían disueltas y entonces la convalidación de esos decretos pasaría a depender de la Diputación Permanente, ya no del pleno. Y ahí el Gobierno tiene una gran ventaja: el voto de Junts es irrelevante.
El Ejecutivo necesita 35 votos, que dan la mayoría absoluta de los 69 que componen ese órgano, más reducido que el pleno y pensado para decidir en lugar de este fuera de los periodos de sesiones o cuando las Cortes están disueltas. El PSOE tiene 25 y Sumar 6, así que le faltarían cuatro para alcanzar la mayoría. Bastaría con que votaran a favor EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, que ya apoyaron el primero de los decretos en el Congreso, para que saliera adelante. El rechazo de Junts sería irrelevante aquí. El que sí decaería es el segundo decreto, por la oposición del PNV.
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