Alexandria Ocasio-Cortez y Chuy Garcia registran unas iniciativas legislativas en la ley de presupuestos de defensa que reflejan la creciente preocupación en Washington por el Gobierno de De la Espriella y por una posible expansión de la cooperación militar entre EEUU y ColombiaCongresistas demócratas exigen el fin de las injerencias de Trump en las elecciones colombianas y piden que se investigue a De la Espriella
Fiscalización de la relación bilateral entre el próximo Gobierno del presidente electo colombiano, el ultra Abelardo de la Espriella, y el de EEUU de Donald Trump. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acaban de presentar tres iniciativas legislativas que podrían tener implicaciones muy relevantes para las relaciones entre EEUU y Colombia.
Se trata de tres enmiendas a la Ley de Presupuesto de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2027, que arranca este 1 de octubre. Y esas iniciativas lo que intentarían buscar en la práctica es condicionar el tipo de cooperación y asistencia militar que Washington podrá brindar a Colombia.
La primera enmienda ha sido presentada por el congresista demócrata Jesús, Chuy, García, congresista de Illinois, y plantea que los programas de asistencia en seguridad de Estados Unidos a gobiernos cuyos altos funcionarios tengan vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia o las AUC o con organizaciones asociadas a ellas sean revisados para asegurar que esos grupos de paramilitares no se beneficien ni directamente ni indirectamente de la cooperación estadounidense.
En la práctica, esta enmienda apunta a Abelardo de la Espriella dado que existen evidencias que lo vinculan con las autodefensas y con figuras del paramilitarismo colombiano.
Una segunda enmienda, también presentada por el congresista Chuy García, reafirma que los acuerdos de paz de 2016 fueron un hito para Colombia y que Estados Unidos debe seguir apoyando su plena implementación. Y también advierte de que cualquier retroceso en esos avances pondría en riesgo tanto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos como también de Colombia.
Y, por último, una tercera enmienda ha sido presentada por la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y por el congresista por Texas Greg Cassar. Esta enmienda exige que el Departamento de Estado investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo los falsos positivos y que también se evalúe si la cooperación militar de Estados Unidos entre 1980 y 2010 contribuyó a esos abusos.
Se espera que estas tres iniciativas legislativas sean sometidas a votación a partir de la próxima semana o en las próximas dos semanas salvo que sean bloqueadas por algún miembro del Congreso de Estados Unidos.
Estas enmiendas reflejan la creciente preocupación en Washington por el Gobierno entrante de De la Espriella y por las implicaciones de una expansión de la asistencia y la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad con Colombia, prevista tanto por la estrecha afinidad ideológica entre las administraciones de De la Espriella y Trump como por la anunciada incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la alianza militar de la Casa Blanca con sus socios latinoamericanos.
Estos proyectos legislativos también muestran que para varios legisladores demócratas supervisar la asistencia en seguridad hacia Colombia será una prioridad, tanto por la agenda de mano dura De La Espriella como por el temor de repetir los errores del Plan Colombia cuando la expansión de la ayuda militar estadounidense coincidió con algunas de las violaciones de derechos humanos más graves de Colombia.
La semana pasada, 11 miembros del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta expresando su preocupación por las injerencias de la Administración Trump en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y señalando los vínculos de De la Espriella con grupos paramilitares.
La carta también expresaba la preocupación por la oposición de De la Espriella al Acuerdo de Paz de 2016 y por sus vinculaciones a operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Ls enmiendas reflejan un creciente reconocimiento —particularmente entre legisladores demócratas— de que la supervisión del Congreso sobre la asistencia militar y la cooperación en seguridad de Estados Unidos con la administración entrante de De la Espriella debe convertirse en una prioridad central, especialmente a la luz del reiterado desdén del presidente electo frente a los derechos humanos y de su programa de “mano dura”. Alexandria Ocasio-Cortez y Chuy Garcia registran unas iniciativas legislativas en la ley de presupuestos de defensa que reflejan la creciente preocupación en Washington por el Gobierno de De la Espriella y por una posible expansión de la cooperación militar entre EEUU y ColombiaCongresistas demócratas exigen el fin de las injerencias de Trump en las elecciones colombianas y piden que se investigue a De la Espriella
Fiscalización de la relación bilateral entre el próximo Gobierno del presidente electo colombiano, el ultra Abelardo de la Espriella, y el de EEUU de Donald Trump. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acaban de presentar tres iniciativas legislativas que podrían tener implicaciones muy relevantes para las relaciones entre EEUU y Colombia.
Se trata de tres enmiendas a la Ley de Presupuesto de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2027, que arranca este 1 de octubre. Y esas iniciativas lo que intentarían buscar en la práctica es condicionar el tipo de cooperación y asistencia militar que Washington podrá brindar a Colombia.
La primera enmienda ha sido presentada por el congresista demócrata Jesús, Chuy, García, congresista de Illinois, y plantea que los programas de asistencia en seguridad de Estados Unidos a gobiernos cuyos altos funcionarios tengan vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia o las AUC o con organizaciones asociadas a ellas sean revisados para asegurar que esos grupos de paramilitares no se beneficien ni directamente ni indirectamente de la cooperación estadounidense.
En la práctica, esta enmienda apunta a Abelardo de la Espriella dado que existen evidencias que lo vinculan con las autodefensas y con figuras del paramilitarismo colombiano.
Una segunda enmienda, también presentada por el congresista Chuy García, reafirma que los acuerdos de paz de 2016 fueron un hito para Colombia y que Estados Unidos debe seguir apoyando su plena implementación. Y también advierte de que cualquier retroceso en esos avances pondría en riesgo tanto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos como también de Colombia.
Y, por último, una tercera enmienda ha sido presentada por la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y por el congresista por Texas Greg Cassar. Esta enmienda exige que el Departamento de Estado investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo los falsos positivos y que también se evalúe si la cooperación militar de Estados Unidos entre 1980 y 2010 contribuyó a esos abusos.
Se espera que estas tres iniciativas legislativas sean sometidas a votación a partir de la próxima semana o en las próximas dos semanas salvo que sean bloqueadas por algún miembro del Congreso de Estados Unidos.
Estas enmiendas reflejan la creciente preocupación en Washington por el Gobierno entrante de De la Espriella y por las implicaciones de una expansión de la asistencia y la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad con Colombia, prevista tanto por la estrecha afinidad ideológica entre las administraciones de De la Espriella y Trump como por la anunciada incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la alianza militar de la Casa Blanca con sus socios latinoamericanos.
Estos proyectos legislativos también muestran que para varios legisladores demócratas supervisar la asistencia en seguridad hacia Colombia será una prioridad, tanto por la agenda de mano dura De La Espriella como por el temor de repetir los errores del Plan Colombia cuando la expansión de la ayuda militar estadounidense coincidió con algunas de las violaciones de derechos humanos más graves de Colombia.
La semana pasada, 11 miembros del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta expresando su preocupación por las injerencias de la Administración Trump en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y señalando los vínculos de De la Espriella con grupos paramilitares.
La carta también expresaba la preocupación por la oposición de De la Espriella al Acuerdo de Paz de 2016 y por sus vinculaciones a operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Ls enmiendas reflejan un creciente reconocimiento —particularmente entre legisladores demócratas— de que la supervisión del Congreso sobre la asistencia militar y la cooperación en seguridad de Estados Unidos con la administración entrante de De la Espriella debe convertirse en una prioridad central, especialmente a la luz del reiterado desdén del presidente electo frente a los derechos humanos y de su programa de “mano dura”.
Fiscalización de la relación bilateral entre el próximo Gobierno del presidente electo colombiano, el ultra Abelardo de la Espriella, y el de EEUU de Donald Trump. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acaban de presentar tres iniciativas legislativas que podrían tener implicaciones muy relevantes para las relaciones entre EEUU y Colombia.
Se trata de tres enmiendas a la Ley de Presupuesto de Defensa de Estados Unidos para el año fiscal 2027, que arranca este 1 de octubre. Y esas iniciativas lo que intentarían buscar en la práctica es condicionar el tipo de cooperación y asistencia militar que Washington podrá brindar a Colombia.
La primera enmienda ha sido presentada por el congresista demócrata Jesús, Chuy, García, congresista de Illinois, y plantea que los programas de asistencia en seguridad de Estados Unidos a gobiernos cuyos altos funcionarios tengan vínculos con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia o las AUC o con organizaciones asociadas a ellas sean revisados para asegurar que esos grupos de paramilitares no se beneficien ni directamente ni indirectamente de la cooperación estadounidense.
En la práctica, esta enmienda apunta a Abelardo de la Espriella dado que existen evidencias que lo vinculan con las autodefensas y con figuras del paramilitarismo colombiano.
Una segunda enmienda, también presentada por el congresista Chuy García, reafirma que los acuerdos de paz de 2016 fueron un hito para Colombia y que Estados Unidos debe seguir apoyando su su su plena implementación. Y también advierte de que cualquier retroceso en esos avances pondría en riesgo tanto los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos como también de Colombia.
Y, por último, una tercera enmienda ha sido presentada por la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez y por el congresista por Texas Greg Cassar. Esta enmienda exige que el Departamento de Estado investigue las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo los falsos positivos y que también se evalúe si la cooperación militar de Estados Unidos entre 1980 y 2010 contribuyó a esos abusos.
Se espera que estas tres iniciativas legislativas sean sometidas a votación a partir de la próxima semana o en las próximas dos semanas salvo que sean bloqueadas por algún miembro del Congreso de Estados Unidos.
Estas enmiendas reflejan la creciente preocupación en Washington por el Gobierno entrante de De la Espriella y por las implicaciones de una expansión de la asistencia y la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad con Colombia, prevista tanto por la estrecha afinidad ideológica entre las administraciones de De la Espriella y Trump como por la anunciada incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la alianza militar de la Casa Blanca con sus socios latinoamericanos.
Estos proyectos legislativos también muestran que para varios legisladores demócratas supervisar la asistencia en seguridad hacia Colombia será una prioridad, tanto por la agenda de mano dura De La Espriella como por el temor de repetir los errores del Plan Colombia cuando la expansión de la ayuda militar estadounidense coincidió con algunas de las violaciones de derechos humanos más graves de Colombia.
La semana pasada, 11 miembros del Congreso de Estados Unidos firmaron una carta expresando su preocupación por las injerencias de la Administración Trump en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia y señalando los vínculos de De la Espriella con grupos paramilitares.
La carta también expresaba la preocupación por la oposición de De la Espriella al Acuerdo de Paz de 2016 y por sus vinculaciones a operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Ls enmiendas reflejan un creciente reconocimiento —particularmente entre legisladores demócratas— de que la supervisión del Congreso sobre la asistencia militar y la cooperación en seguridad de Estados Unidos con la administración entrante de De la Espriella debe convertirse en una prioridad central, especialmente a la luz del reiterado desdén del presidente electo frente a los derechos humanos y de su programa de “mano dura”.
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