Un año después del último comité federal, Pedro Sánchez vuelve a verse las caras con los líderes territoriales del PSOE con el partido sometido a un ambiente de agitación mayor que el de la anterior reunión del máximo órgano de decisión entre congresos y con buena parte de los socios pidiendo elecciones. Si entonces el comité federal estuvo marcado por el ingreso en prisión de Santos Cerdán y por los audios en los que el anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos, hablaba con Koldo García sobre mujeres como si fueran ganado, la cita de este sábado está condicionada por la condena de 24 años de cárcel a Ábalos y la soledad creciente de Sánchez en el Congreso, donde por primera vez en la legislatura intercambió reproches con el bloque de la investidura.
Cuestiones tan dispares como la condena de Ábalos y la candidatura de Enma López al Ayuntamiento de Madrid sobrevuelan la primera reunión del máximo órgano de decisión entre congresos en un año
Un año después del último comité federal, Pedro Sánchez vuelve a verse las caras con los líderes territoriales del PSOE con el partido sometido a un ambiente de agitación mayor que el de la anterior reunión del máximo órgano de decisión entre congresos y con buena parte de los socios pidiendo elecciones. Si entonces el comité federal estuvo marcado por el ingreso en prisión de Santos Cerdán y por los audios en los que el anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos, hablaba con Koldo García sobre mujeres como si fueran ganado, la cita de este sábado está condicionada por la condena de 24 años de cárcel a Ábalos y la soledad creciente de Sánchez en el Congreso, donde por primera vez en la legislatura intercambió reproches con el bloque de la investidura.
Como entonces, la gran duda es hasta dónde llegarán las voces críticas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, fueron las únicas tras siete horas de debate a puerta cerrada, la sesión más larga desde la convulsa cita del 1 de octubre de 2016 que concluyó con la dimisión de Sánchez como secretario general. Todo apunta a que la historia se repetirá, pese a que en privado cada vez más dirigentes dan la legislatura por finalizada y ya se sitúan en el marco mental de un adelanto electoral en febrero o marzo como tarde. En todo caso, antes de las municipales y autonómicas del 23 de mayo de 2027.
El último revuelo inesperado que ha sacudido al PSOE lo ha causado Enma López, que ayer renunció a su cargo en la dirección federal. El jueves había adelantado en EL PAÍS su intención de presentarse a las primarias para ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2027. La reacción furibunda de Ferraz, que alegó que no había actuado con responsabilidad al formar parte de la ejecutiva y que debía haber esperado al menos a que pasara el comité federal, nutrió el ruido interno y el desconcierto entre los cuadros socialistas. Según varios dirigentes territoriales, fue “el penúltimo síntoma” de una situación “cada vez más crítica y descontrolada”. “Habrá más candidaturas como la de Enma por toda España. Entramos en una fase de libre albedrío”, pronostica un líder territorial. El comité federal aprobará el calendario de primarias para seleccionar a los cabezas de lista autonómicos y municipales que por primera vez constará de tres ventanas que las federaciones del partido podrán aplicar de forma flexible según sus intereses: julio, septiembre y noviembre.
Pero el PSOE llega a su cónclave federal condicionado sobre todo por el frente judicial. Sánchez insistirá en que actuó con contundencia contra Ábalos, Cerdán y Leire Díez, la fontanera que supuestamente operaba a las órdenes del último secretario de Organización para torpedear causas contra el PSOE y la familia de Sánchez. Ferraz sigue postergando la decisión de querellarse contra Díez como han expresado en público y en privado barones y miembros de la dirección para transmitir “un mensaje político” con el que contrarrestar el daño a la imagen de la formación.
Entretanto, las medidas cautelares del juez Juan Carlos Peinado, retirando el pasaporte a Begoña Gómez y dando pábulo a que la esposa del presidente del Gobierno pudiese fugarse con la ayuda de sus escoltas, que son agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, alimentaron hace justo una semana la sensación de que el partido es víctima de una persecución judicial de la derecha. El PSOE pasó de la depresión a la indignación. Sin embargo, la sentencia de Ábalos dos días después cayó como un mazazo.
El partido guarda además una espera nerviosa hasta que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones por sus joyas tasadas en 1,3 millones de euros. Un secretario general autonómico piensa que el expresidente ha incurrido en una “corrupción moral”, pero asegura que no se expresará en tales términos. Sánchez ha dejado en manos de Zapatero la decisión de entregar las joyas a Patrimonio del Estado. En vísperas del comité federal, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció al Ministerio de Hacienda a personarse en la investigación sobre el ajuar de Zapatero.
El estado de ánimo ambivalente de los cuadros del PSOE contrasta con el sentir general de la militancia. Esta semana ha circulado en los chats de afiliados una carta de apoyo a Sánchez que incide en lo que consideran un ataque organizado con el propósito de hacer caer al Gobierno. “Lo que estamos viviendo hoy no empezó ayer. Viene de lejos. Desde 2023, una parte de la derecha no aceptó el resultado de las urnas y decidió abrir una ofensiva de desgaste constante, utilizando todos los resortes posibles: judiciales, mediáticos y políticos para erosionar, desacreditar y derribar a un Gobierno legítimo”, dice uno de los extractos de la misiva. “Quienes firmamos esta carta lo vemos cada día. Lo sentimos cada día. Y también sentimos crecer algo dentro de nosotros: indignación, sí; impotencia, también. Pero sobre todo una necesidad cada vez más fuerte de no permanecer callados”, añade.
En medio de todo este torbellino de emociones, otra de las incógnitas del comité federal es el grado de oposición que suscita el sistema de financiación autonómica acordado con ERC. Asturias y Castilla-La Mancha, dos de las tres comunidades de régimen común con presidentes socialistas, lo rechazan. La excepción es Cataluña, cuyo president y primer secretario del PSC, Salvador Illa, es el mayor apoyo orgánico de Sánchez. El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, reprochó esta semana que “no refleja las necesidades de Asturias” en una reunión con una delegación del Ministerio, encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. En ella, el consejero confirmó que mantienen su voto negativo porque la propuesta “es peor” que el sistema vigente, que caducó en 2014, porque entre otros factores prima la capacidad fiscal de los territorios y beneficia a las comunidades con más recursos. García-Page fue ayer más directo. El único barón del PSOE con mayoría absoluta censuró un modelo que a su juicio plantea “privilegios pactados con independentistas”. “Estoy en contra de la inmoralidad, de quese mercadee y se negocie con el principio de igualdad [entre territorios]“, disparó. Habrá que ver si hoy vuelve a quedarse solo o algo empieza a moverse en el PSOE.
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