En el duro intercambio de dos textos sobre la crisis migratoria de Ceuta entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de un lado, y el grupo de 22 primeros ministros de Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, había, al menos, un punto en común: reclamar cuanto antes una reunión de los 27 titulares de Interior de la UE y la Comisión Europea. Se celebrará el martes. Y ahí podrá hacerse el primer balance de daños de una crisis que ha mostrado lo tóxico y divisivo que es el debate sobre migración en la Unión.
La división en torno a lo sucedido en la ciudad autónoma española marcará las reuniones que mantendrán los Estados miembros esta semana
En el duro intercambio de dos textos sobre la crisis migratoria de Ceuta entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de un lado, y el grupo de 22 primeros ministros de Estados miembros, liderados por Italia y Dinamarca, había, al menos, un punto en común: reclamar cuanto antes una reunión de los 27 titulares de Interior de la UE y la Comisión Europea. Se celebrará el martes. Y ahí podrá hacerse el primer balance de daños de una crisis que ha mostrado lo tóxico y divisivo que es el debate sobre migración en la Unión.
En esa reunión, España —también en la preparatoria que mantendrán los embajadores de este lunes— podrá hablar de la rápida devolución de las 50.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular el jueves. Ya lo decía Sánchez este sábado en su texto enviado a las autoridades europeas: “En menos de 48 horas, mi Gobierno ha logrado recuperar el control de la frontera plenamente”. Pero ahí se encontrará con una veintena de países dispuestos a girar a los españoles la factura de la regularización masiva que puso en marcha el Ejecutivo hace meses. Los tratados de la UE dejan esta competencia en manos de los gobiernos nacionales, pero el paso de Sánchez no cayó bien al resto de capitales. Ese amplísimo grupo de Estados miembros considera que ha tenido “efecto llamada”.
Ambos textos muestran las diferencias que han marcado la reacción a esta crisis, que incluso han aparecido en los mensajes de la propia presidenta de la Comisión en redes sociales, la única vía a través de la que se ha expresado estos días. El viernes tuvo una reacción gélida; en medio de las propuestas que salían desde Italia, Dinamarca o Finlandia para suspender a España en el espacio Schengen, la alemana no tuvo una sola palabra de solidaridad con el país que había sufrido la avalancha migratoria y lo que parece un claro ataque híbrido. En cambio, un día después, rebajó la tensión asumiendo, plenamente, la versión española de la situación en ese momento: “Las buenas noticias son que la inmensa mayoría de quienes llegaron ilegalmente [a Ceuta] han vuelto a Marruecos […]. Ni una sola persona ha alcanzado suelo continental español”.
Que esta avalancha de decenas de miles de personas no haya llegado cruzando el estrecho de Gibraltar y hayan sido devueltas en un tiempo récord resulta clave para que España no haya reclamado la activación de los mecanismos de solidaridad previstos en el pacto de Migración y Asilo. Ese acuerdo, que se logró tras años de durísimas negociaciones entre los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo, apenas lleva dos meses plenamente en vigor. Como España no ha pedido auxilio, no puede decirse que no haya funcionado. Pero la reacción de varios socios de la Unión extiende el recelo sobre lo que hubiera pasado.
Y también muestra cómo las posturas sobre la migración se han endurecido a velocidad de vértigo en una década. La avalancha de centenares de miles de refugiados de Siria expulsados por la guerra civil marcó un antes y un después. Desde entonces, las posiciones se han ido extremando y propuestas que antes parecían inimaginables por las grandes dudas sobre su encaje en el derecho europeo, como los campos de deportación en terceros países donde los solicitantes esperan que se tramite su petición, ahora son mayoritarias, con el impulso de Dinamarca e Italia. Mientras tanto, posturas antes más aceptadas, como lograr acuerdos que garanticen la devolución de los migrantes irregulares a sus países de origen, se ven superadas o se consideran insuficientes, aunque se haya avanzado en ellas.
Pero además de este debate ideológico que hay en la UE, en España no hay dudas de que la respuesta “egoísta” de muchos países europeos a lo sucedido en Ceuta tiene también una explicación interna. Lo insinuaba el propio presidente Sánchez cuando hablaba de “interés político” en la reacción de los ejecutivos que reclamaban la exclusión de Schengen, pese a que Ceuta no forma parte plenamente de esa área de libre movimiento de personas desde que España ingresó en 1991. En 2026 y 2027 son varios los países en los que está previsto convocar elecciones (Italia, Suecia, Finlandia, Francia, Polonia) y la presión de la ultraderecha sobre los asuntos migratorios pesa en ese escenario.
También hay observadores y analistas que comparten esa opinión sobre el peso de la política interna en lo sucedido estos días. “Se manipula a los migrantes para ejercer presión política sobre España. Las reacciones de muchos gobiernos están motivadas por la política interna; no hay ninguna preocupación genuina. La coordinación de la UE es vacilante y difícil de entender”, criticaba este domingo en X Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR para los refugiados entre 2016 y 2025.
Y así se ha llegado a la división. Una división que “no ha pasado desapercibida fuera de la Unión”, apuntaba una alta fuente europea a EL PAÍS este fin de semana. Ya este lunes, en la reunión de embajadores que va a preparar el encuentro del martes, podrá verse si se empiezan a restañar heridas. Desde luego, hará falta. Los ataques exteriores no solo han llegado a Ceuta desde Marruecos. También se han visto las reacciones de la Administración de Donald Trump, el mismo que este mismo sábado ha vuelto a colgar una imagen en su red social, Truth, coqueteando con la idea de tomar Groenlandia.
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