Con motivo del Día contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo, la sede de la Presidencia extremeña, donde trabaja María Guardiola (PP), apareció decorada con la bandera arcoíris. Es el clásico gesto que suele impugnar Vox, que exhibe por norma su desprecio por esa enseña. Pero no esta vez. La bandera no era del agrado de los socios de Guardiola, pero respetaban la decisión de ponerla, como ella tendrá que respetar las decisiones de Vox, zanjó sobre el tema su secretario general, Ignacio Garriga.
Con las discrepancias en público reducidas al mínimo, las coaliciones derechistas de Extremadura, Aragón y Castilla y León empiezan a desarrollar un detallado programa económico, social y cultural
Con motivo del Día contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo, la sede de la Presidencia extremeña, donde trabaja María Guardiola (PP), apareció decorada con la bandera arcoíris. Es el clásico gesto que suele impugnar Vox, que exhibe por norma su desprecio por esa enseña. Pero no esta vez. La bandera no era del agrado de los socios de Guardiola, pero respetaban la decisión de ponerla, como ella tendrá que respetar las decisiones de Vox, zanjó sobre el tema su secretario general, Ignacio Garriga.
Un mes después, al presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), le tocó responder por la decisión de su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), de suprimir la partida de 30.000 euros de la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Igual que Garriga con la bandera, Azcón dejó claro que no era idea suya. Pero también lo aceptó. “Le corresponde explicarlo” a Nolasco, dijo. Era cosa de su socio, y él no entraba.
Tras la ruptura de los ejecutivos del PP y Vox en 2024, las dos fuerzas ya han regresado juntas al poder en tres comunidades, donde han firmado una ronda de pactos 2.0 y donde los consejeros han tomado posesión: en Extremadura, el 30 de abril; en Aragón, el 4 de mayo; y en Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, el lunes de la pasada semana. La nota dominante es una reducción al mínimo de las discrepancias públicas, a pesar de la existencia de dos roles diferenciados.
Las áreas del PP se centran en un mensaje de continuidad, de optimismo, de estabilidad. Sus consejeros hablan lo mínimo de Vox. Solo oyendo su discurso cargado de apelaciones sonrientes a la modernidad, el talento y el futuro, pocos dirían que gobiernan con una extrema derecha radicalizada hasta el punto de haberse acercado al supremacismo blanco europeo. En cuanto a las áreas de Vox, están volcadas en la “prioridad nacional”, su gran logro en las tres negociaciones, que ahora pretenden anotarse también en Andalucía y que quieren impulsar desde todas sus consejerías, incluidas tres vicepresidencias, con el grueso de sus competencias en servicios sociales, familia y mundo rural.
“Los dos partidos han decidido que toca no pisarse la manguera el uno al otro. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero ahora están en una etapa en la que Vox ha aceptado que no va a sorpassar al PP, y el PP que necesita a Vox”, resume el experto en encuestas Narciso Michavila, presidente de GAD3. Los dos partidos han salido de la “fase de diferenciación” propia de las campañas para entrar en una “lógica de cierre de filas”, observa David Pac, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza. La politóloga Anna López, autora de La extrema derecha en Europa (Tirant, 2025), detecta un interés mutuo en este quid pro quo: mientras el PP logra mantener casi todo su poder, Vox “normaliza” su ideario extremista antes de las generales.
Pero no solo la conveniencia táctica sostiene la alianza. También hay un programa común que lleva a una acción conjunta. Aunque la atención se ha centrado en la “prioridad nacional”, los acuerdos en las tres comunidades y los primeros pasos de sus Gobiernos muestran un proyecto amplio y detallado que va mucho más allá de la inmigración. Mientras el PP acepta ya sin disimulos que está dispuesto a gobernar con Vox en España, el modelo compartido por los dos partidos toma forma y se exhibe en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Menos impuestos a negocios y propiedad. En los programas de gobierno, quitar impuestos aparece como solución para casi todo: de la despoblación a la falta de vivienda, de los problemas del sector primario a la desindustrialización. Los tres recogen múltiples rebajas de impuestos que afectan a los negocios y a la propiedad. Como Sucesiones y Donaciones, fijación del PP y Vox, cuya poda está recogida en el proyecto extremeño de presupuestos, el único ya aprobado por el Gobierno.
“La extrema derecha europea que defiende un Estado del bienestar fuerte, aunque solo sea para los nacionales, suele reconocer que eso no se paga del aire, que hay que pagarlo con impuestos. Pero aquí el chovinismo del bienestar de Vox no va acompañado de una fiscalidad acorde. Se queda solo para la batalla cultural y la prioridad nacional”, explica Javier Lorente, profesor de Ciencia Política de la Rey Juan Carlos.
Abajo el control medioambiental. Con Vox dirigiendo las consejerías competentes en “desregulación”, copiadas de Javier Milei, los tres Gobiernos se declaran en guerra contra unas “trabas” supuestamente asfixiantes, sobre todo en el mundo rural. Para combatirlas, trabajan ya en “blindar” al campo del Pacto Verde, es decir, de las políticas europeas contra el cambio climático.
El Gobierno extremeño añadirá la eliminación de su “ecotasa” nuclear por Almaraz y la “flexibilización o supresión” de las leyes de Protección Ambiental y de Conservación de la Naturaleza. El de Aragón “modificará” el impuesto sobre aguas residuales y suprimirá el de emisiones contaminantes. El de Castilla y León hará un “ajuste” de los espacios protegidos y de las zonas especiales para aves. Al paquete rural de los tres gobiernos se une la expansión de los regadíos y la limitación de la instalación de renovables.
Más derivación a la sanidad privada. Un sintagma se repite en los tres programas: “colaboración público-privada”. En Extremadura, la intención ya está plasmada en el presupuesto de 2026, donde los fondos para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con “medios ajenos”, es decir, fuera del Servicio Extremeño de Salud, alcanzan los 30,46 millones, casi un 70% más que en las cuentas de 2025, que no llegaron a ser aprobadas. Guardiola prevé además la “concertación” de servicios de dependencia.
El Gobierno aragonés, además de trabajar ya para ampliar los conciertos al bachillerato privado, se compromete en su programa a contratar a la sanidad privada para reducir las listas de espera.
Liberalizar suelo. En vivienda, los tres gobiernos coinciden en su cruzada contra la ocupación. Extremadura y Castilla y León suman a ello la liberalización de suelo, base de la ley de José María Aznar (PP). Ángel Muelas, codirector del think tank Ideas en Guerra, ve aquí un ejemplo de cómo, “mientras la izquierda suele estar pendiente” de las “salidas de tono de Vox”, hay una “sintonía profunda” con el PP en temas clave.
Contra la memoria. Antes de junio de 2027, Castilla y León tendrá —si se cumple lo acordado— su Ley de Concordia, que deberá “reparar a las víctimas de uno y otro bando” en la Guerra Civil, en palabras del vicepresidente Carlos Pollán, de Vox. Es la misma idea que recorre la ley extremeña, aprobada por el PP y Vox el año pasado y que borra las alusiones de la norma anterior a la “dictadura” y al “golpe”. Al estar ya en el BOE, el pacto extremeño recoge su desarrollo mediante medidas de “promoción de la concordia”. ¿Qué entienden el PP y Vox por “concordia”? Declarar bien protegido la Cruz de los Caídos de Cáceres para evitar su retirada por incumplir la ley estatal de memoria, medida en la que ya están trabajando.
El caso de Aragón es distinto. El PP y Vox tumbaron la ley de memoria en 2024, pero el Tribunal Constitucional dejó en suspenso la derogación al admitir un recurso del Gobierno. La posición del Ejecutivo aragonés la ha fijado esta semana su vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), conocido por su exaltación de la División Azul que luchó junto a los nazis. La ley anterior “no se aplica”, se ha limitado a decir.
Políticas de “identidad”. Los tres Gobiernos parten de una premisa: hay que proteger la propia “identidad” suprimiendo aquello que la diluye, empezando por los programas de enseñanza de “lengua árabe y cultura marroquí”. Pero no solo molesta el influjo extranjero. Antes de que termine 2026, el Gobierno de Azcón y Nolasco iniciará las gestiones para cerrar el Instituto Aragonés del Catalán. Mientras tanto, se suceden las iniciativas de promoción de aquello considerado auténtica idiosincrasia regional. Un caso que ha conseguido titulares: María Guardiola, en un acto de reivindicación de Hernán Cortés, ha anunciado junto al músico Nacho Cano la creación de un instituto cultural que defienda la “identidad abierta” extremeña frente a la “polarización”.
La identidad se sublima en la tradición. Lo antiguo, lo autóctono, lo rural, todo ello protagoniza las agendas oficiales, sea por un espectáculo hípico-taurino en la finca del matador El Juli en Olivenza (Badajoz) o por la fiesta de los Sagrados Corporales de Daroca (Zaragoza), dos ejemplos entre muchos. De la jota al arte sacro, lo ancestral y lo religioso son objeto de atención preferente de los tres Ejecutivos, que coinciden también en la promoción de la caza a base de todo tipo de facilidades. Si Guardiola sobresale en Extremadura en el énfasis declarativo —“la caza es identidad”—, Mañueco y Pollán lo hacen en Castilla y León en lo detallado de las medidas, entre ellas que el “precinto digital”, un sistema de control de capturas, sea opcional y no obligatorio.
Dentro del paquete para preservar actividades tradicionales, el Gobierno castellano y leonés “potenciará” la Semana Santa y el Camino de Santiago. En sus primeros presupuestos, creará un fondo para mejorar iglesias y destinará dinero a plazas de toros y novilladas. Las cuentas de Extremadura doblan lo dedicado a tauromaquia, 700.000 euros.
Fomento de la natalidad. Con la cruzada de Vox contra el aborto fuera de los programas, el PP y su socio se centran en las medidas natalistas, sobre todo deducciones fiscales. Mientras los ejecutivos de Azcón-Nolasco y Mañueco-Pollán aprobarán “planes de apoyo a la natalidad”, el de Guardiola-Fernández sacará una “Ley de Familia” para “fomentar la natalidad”.
“En una sociedad tan secularizada, la derecha lleva las de perder si agita conflictos que apelan a ideas religiosas. Puede ganar con el discurso antimusulmán, pero no con el aborto. De ahí que opte por la salida del natalismo”, observa el politólogo Javier Lorente. Coincide Anna López, experta en extrema derecha, que observa cómo, dentro de un “giro lepenista” que irrita a grupos como Hazte Oír, Vox tampoco ha forzado la derogación de la Ley LGTBI extremeña.
Doble rasero en las ayudas. Mientras se multiplican ayudas a agricultores y ganaderos, a sectores “tradicionales” y familias numerosas, los tres Gobiernos se han comprometido a reducir las dedicadas a sindicatos, patronales y entidades “sin utilidad pública”, que no se precisan. Vox suele negar la utilidad de las organizaciones feministas y memorialistas, pero en los acuerdos no está especificado que sean estas. Lo que sí recogen los tres pactos es la reducción al “mínimo” del dinero para “cooperación” internacional. En Extremadura, el recorte presupuestado es drástico, de 11 a 2,7 millones. En Aragón, Nolasco (Vox) también ha pasado ya del dicho al hecho. A Azcón, como le pasó a Vox con la bandera tricolor, no le agradó la supresión de los fondos decidida por su vicepresidente. Pero tampoco se opuso. Aunque algunas cosas separan a sus partidos, tienen mucho en común que proteger.
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