La exmilitante del PSOE Leire Díez fue anotando en libretas algunos de los planes, reuniones y conversaciones de la trama supuestamente puesta en marcha para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. Varios de esos cuadernos, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han convertido en unas de las evidencias que manejan los investigadores para conocer los movimientos de Díez. Y los cuadernos revela que se movía mucho y en muchos frentes.
La exmilitante socialista anotó en una de sus libretas “reunión con P. S.”, pero La Moncloa asegura que Sánchez no ha tenido jamás una reunión ni un encuentro con ella
La exmilitante del PSOE Leire Díez fue anotando en libretas algunos de los planes, reuniones y conversaciones de la trama supuestamente puesta en marcha para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. Varios de esos cuadernos, intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han convertido en unas de las evidencias que manejan los investigadores para conocer los movimientos de Díez. Y los cuadernos revela que se movía mucho y en muchos frentes.
En una de las libretas la exmilitante socialista anotó: “Pedro no se fía del DAO [por el director adjunto operativo de la Guardia Civil], pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo y da prisa a filtrar”; y, en otra página, “reunión con P. S.”, en una posible referencia al presidente del Gobierno, pero sin que quede claro si se ha producido algún encuentro ni desarrollar ningún otro tema. Fuentes de La Moncloa han asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido jamás una reunión ni un encuentro con Díez, en contra de lo que parece sugerir ese apunte descontextualizado. “En línea con lo apuntado esta mañana por el jefe del Ejecutivo en sus declaraciones a los medios de comunicación, el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca habría tolerado”, continúan esas fuentes.
Las libretas recogen referencias manuscritas a múltiples temas y protagonistas de la crónica política y judicial de los últimos años, pero no son agendas en la que la conocida como fontanera del PSOE apuntara sistemáticamente sus tareas diarias, sino más bien un registro de ideas, datos y algunos resúmenes de “asuntos abiertos” de los que los investigadores tendrán que filtrar ahora cuáles tienen valor para la causa. La mayoría de las anotaciones de Díez no tienen fecha, pero las pocas en las que hay una referencia temporal son de 2024 y 2025. Aparentemente, la exmilitante socialista estrenó la primera de estas libretas como herramienta para una actividad que estaba empezando y que sabía que se iba a prolongar en el tiempo.
En la primera página escribió: “Antecedentes”. Bajo ese título, situó el inicio de esa tarea en el año 2021: “El 24 de noviembre se produce una reunión en la que estamos: Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías, Javier Pérez Dolset y Leire Díez”. Todos están ahora imputados en la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz menos Valenciano (histórica socialista que actualmente no ocupa ningún cargo orgánico) y González Mejías (abogado, sobrino de Felipe González, que fue juzgado y resultó absuelto del caso de corrupción de la empresa pública de capital riesgo Invercaria).
Ya las primeras páginas recogen referencias a algunos de los nombres que se repetirán a lo largo del cuaderno, como el antiguo capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, que desde 2023 trabaja para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a quien se ha considerado uno de los impulsores de la investigación que acabó destapando el caso Koldo. La libreta de Díez apunta también en esa dirección: “Bonilla se va a trabajar a la Consejería de Sanidad, de donde salen las querellas de mascarillas”, escribió la exmilitante socialista como colofón a otros apuntes en los que vincula al antiguo agente con el CNI y sostiene que “avisa de las investigaciones”.
Otro de los mandos de la UCO a quien la red de Díez intentó buscar puntos débiles es el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de delitos económicos, la responsable de la mayoría de las investigaciones que implican al PSOE o al entorno del Gobierno. “La UCO juega con los volcados”, anotó la exmilitante socialista. En las libretas se leen también varias menciones a Manuel Sánchez Corbí, antiguo jefe de esa unidad que fue destituido tras la filtración a la prensa de un correo interno en el que criticaba la falta de fondos reservados.
Las libretas recogen varias menciones que parecen vinculadas a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, una operación en la que el Gobierno se puso del lado de la entidad catalana. En ese mismo cuaderno hay varias páginas con apuntes sobre el pulso accionarial en Prisa, empresa editora de EL PAÍS, en las que se señala: “La idea es que Telefónica compre Prisa y que la presidencia la asuma Contreras”, en referencia a José Miguel Contreras, que fue director de contenidos del grupo, cargo en el que cesó en febrero de 2025.
Los cuadernos recogen varias notas en las que se atribuyen conductas delictivas a empresarios, políticos y jueces sin mencionar pruebas ni incluir referencias a la fuente de esas informaciones. Distintos fiscales son también objeto de los apuntes de Díez, incluido Álvaro García Ortiz, inhabilitado como fiscal general del Estado tras ser condenado por un delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La exmilitante socialista apuntó en uno de sus cuadernos, “reunión FGE [fiscal general del estado]”. Y, bajo ese epígrafe, añadió varias notas. “Distorsión de la investigación, no partiendo de la base. Antes d ela llegada de combustible a los depósitos fiscales”. En esa misma página, hay una mención al “papel de Catalá y su hermana”, en posible referencia al exministro de Justicia con el PP Rafael Catalá.
Otro de los apuntes de las libretas de Díez dice: “300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”, una nota que el juez Pedraz ha incorporado en uno de sus autos como indicio de que la trama encabezada por Díez y Santos Cerdán intentó sobornar, entre otros, al fiscal José Grinda para que les diera información del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Sobre este último, una de las libretas incluye una nota que, aparentemente, señala un objetivo de la trama que no se ha cumplido: “Ilegalidad de Luzón en la declaración de Aldama” ; “falta grave o expulsión de Luzón por sacar a Aldama de otra causa distinta”, escribió en referencia al empresario del caso Koldo, que fue encarcelado provisionalmente por su implicación en un fraude de hidrocarburos y salió en libertad a propuesta de la Fiscalía tras autoinculparse en la investigación que le ha sentado en el banquillo junto al exministro de Transportes y su antiguo asesor.
Los cuadernos contienen otras referencias a Aldama, algunas respecto al negocio de los hidrocarburos, del que, en los últimos años, han derivado distintas investigaciones judiciales. “Operaciones de hidrocarburos, se investigan unas no y otras, sí”, escribió Díez, que añadió: “Pagaban a funcionarios para abrir operadoras”. Díez anotó que en una de las causas judiciales centradas en los hidrocarburos está imputado el empresario del caso Koldo, de quien recoge otros apuntes como que es “un infiltrado del PP”.
Uno de los nombres que también se repiten en distintas páginas de los cuadernos son los del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que estuvo investigado en el llamado caso PDVSA de la Audiencia Nacional y a quien salpica también en el sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En uno de sus apuntes, Díez detalla tres asuntos bajo el nombre de Villalobos: reunión con ZP, nacionalidad y Banco de España. Villalobos es también mencionado en una de las páginas en las que Díez anotó “asuntos pendientes”. “Nacionalidad Nervis”, escribió la exmilitante socialista, junto a otros temas como “documentos enviados a Gaspar [supuestamente, Gaspar Zarrías, exconsejero andaluz imputado en la trama]”, “denuncia Grinda”, “abogados trama Aldama” o un epígrafe encabezado con “Parra”, una posible referencia al empresario de hidrocarburos Joaquín Parra, involucrado en la actividad de la red que investiga Pedraz.
Una de las pocas páginas que sitúan las notas en una fecha concreta corresponde al 3 de diciembre de 2024, coincidiendo con la imputación de Ábalos en el Supremo. “Peticiones de José L.”, escribió Díez ese día. Y, bajo ese apartado, recopiló una serie de asuntos con los que se pretendía indagar si el exministro había sido investigado mientras estaba aforado, una de las quejas recurrentes de la defensa del exdirigente socialista: “Consultar si se han hecho búsquedas de J. L. y desde qué fechas”; “El informe de la auditoría [del Ministerio de Transportes] se ha usado en la exposición razonada [el escrito enviado desde la Audiencia Nacional al Supremo para que se le investigara]”; “El informe lo realizan un expresidente de la Confederación Hidrográfica del Duero con Aznar y una expresidenta de la C. H. Turia con Rajoy”, anotó la exmilitante del PSOE.
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