Han pasado 20 años desde la última regularización extraordinaria de migrantes que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero. En aquella ocasión se formalizó la situación de 576.506 personas; en gobiernos anteriores, socialistas y conservadores, se habían puesto en marcha procesos similares desde 1986. España emprende ahora su séptima ronda para sacar a la luz el trabajo en negro de medio millón de extranjeros que tendrán permiso de residencia, podrán cotizar por sus empleos y recibir los derechos de ciudadanía que les correspondan, es decir, humanizar la vida de esas personas que todos conocen: cuidadoras de ancianos y niños, albañiles, campesinos, transportistas o camareras. Según los expertos, estas regularizaciones excepcionales son la asunción de un fracaso: las administraciones no han ordenado los flujos migratorios ni han regularizado a millones de trabajadores. Se suele decir que con estos procesos se pone “el contador a cero”, pero ¿cuánto tiempo puede durar la situación ordenada? Pronto veremos, coinciden las expertas consultadas en este reportaje, un cúmulo de nuevos expedientes atascados en las oficinas de extranjería y ciudadanos escondidos de la policía si los procesos de admisión y tramitación no cambian.
El modelo español de extranjería corre el riesgo de taponamiento si no planifica la llegada de extranjeros y no se agiliza la gestión
Han pasado 20 años desde la última regularización extraordinaria de migrantes que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero. En aquella ocasión se formalizó la situación de 576.506 personas; en gobiernos anteriores, socialistas y conservadores, se habían puesto en marcha procesos similares desde 1986. España emprende ahora su séptima ronda para sacar a la luz el trabajo en negro de medio millón de extranjeros que tendrán permiso de residencia, podrán cotizar por sus empleos y recibir los derechos de ciudadanía que les correspondan, es decir, humanizar la vida de esas personas que todos conocen: cuidadoras de ancianos y niños, albañiles, campesinos, transportistas o camareras. Según los expertos, estas regularizaciones excepcionales son la asunción de un fracaso: las administraciones no han ordenado los flujos migratorios ni han regularizado a millones de trabajadores. Se suele decir que con estos procesos se pone “el contador a cero”, pero ¿cuánto tiempo puede durar la situación ordenada? Pronto veremos, coinciden las expertas consultadas en este reportaje, un cúmulo de nuevos expedientes atascados en las oficinas de extranjería y ciudadanos escondidos de la policía si los procesos de admisión y tramitación no cambian.
“La arquitectura legal española ha mejorado, pero la administrativa sigue yendo por detrás del momento migratorio. Si hoy regularizas sin cambiar el modelo de gestión, es probable que mañana vuelva a haber atasco”, explica Ruth Ferrero Turrión, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. “La salida no pasa solo por una regularización más, sino por una política de Estado que combine vías legales de entrada, planificación laboral, capacidad administrativa estable y coordinación institucional”.
El modelo español, diseñado hace décadas, “está centrado en lo que pasa en las fronteras, pero ese no es el problema, la mayoría de los migrantes laborales entran por avión, como turistas, buscan un empleo y se quedan en la irregularidad”, explica Gemma Pinyol, directora de Políticas Migratorias en Instrategies, un laboratorio de ideas focalizado en migraciones, movilidad y gestión de la diversidad. “Si ese es el sistema que quieren mantener, entonces no es un asunto de Migración, sino de mecanismos de mercado de trabajo, de controles e inspecciones”, sostiene Pinyol. “El modelo migratorio no es más que la foto del modelo socioeconómico y el crecimiento español tiene en la actualidad capacidad de absorción, ellos saben encontrar trabajo”, afirma. “Mientras la vía ordinaria sea difícil, lenta o poco ajustada a la realidad del empleo, muchas personas seguirán entrando en ese circuito”, añade Ferrero Turrión. “Eso no es una política ordenada, es una política que tolera la irregularidad como fase previa. Para romper ese patrón hacen falta procedimientos más simples para residencia y trabajo inicial, renovaciones casi automáticas cuando hay cotización real, y cambios de estatus más rápidos para quien ya está insertado laboralmente”, propone.
La “regularización a posteriori” tampoco convence a Garcés, investigadora de Migraciones en el CIDOB, un centro de pensamiento sobre relaciones internacionales. “Pasar tanto tiempo sin derechos fundamentales es un precio a pagar demasiado alto para acceder a la residencia”, dice. Propone la incorporación de visados vinculados a la búsqueda de un trabajo, no a la oferta, que es un mecanismo más complicado, dado que los empleadores tendrían que demostrar primero que no hay nacionales disponibles”, explica. Pero la frontera atlántica, es decir, la que une España con Latinoamérica, no necesita en la actualidad visados para entrar en España. Incorporarlos supondría un misil de alto calibre en las relaciones exteriores con esos países y ocho de cada 10 migrantes irregulares son latinoamericanos.
La contratación en origen, es decir, de forma ordenada y planificada, es algo que siempre está en el debate, con visados o sin ellos. Porque de lo que nadie tiene dudas, aunque algunos discursos lo nieguen por razones xenófobas, es de la dependencia que tiene la vieja Europa del trabajo de los migrantes. España dispone de instrumentos para atraer mano de obra con un contrato asegurado, como pasa, por ejemplo, con los temporeros del campo, pero hay otras demandas laborales en las empresas que son más instantáneas y no pueden esperar un proceso administrativo tan largo para satisfacerlas.
El conocido catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que establece las ocupaciones a las que podrían incorporarse los extranjeros con contratación previa, se renueva a menudo, pero ha dejado de ser operativo por insuficiente, a decir de estas expertas. “Está desfasado y su foto no es realista”, asegura Pinyol. En efecto, el simple ejercicio de comparar los últimos catálogos negociados entre sindicatos y administraciones ofrece una imagen prácticamente fija y un tanto surrealista. Un año tras otro, plantea lo mismo: deportistas profesionales, entrenadores deportivos, maquinistas y mecánicos navales, auxiliares de buques, camareros de barco y varios oficios más asociados a los buques marinos, alguna vez carpinteros y montadores metálicos y conductores de grúas fijas o de camión. Poco más. Ante un panorama así, los empresarios sortean sus necesidades de mano de obra con atajos. Tampoco todos los trabajos, dicen algunos y no les falta razón, se pueden contratar en origen, por ejemplo, los cuidadores, porque nadie traería a su casa a ciegas a quien tiene que encargarse de los mayores o de los niños, por ejemplo.
La formación en origen sería una salida a este problema, propone la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. “Formar en sus países a los trabajadores que se necesitan, con proyectos de codesarrollo. Es posible que, una vez capacitados, les salga un trabajo en su tierra y se queden, pero otros vendrían ya formados. Hay que buscar alternativas imaginativas, humanas y flexibles”, pide Galán, y, en todo caso, “flexibilizar los tiempos para las regularizaciones y adaptarlas a valoraciones objetivas e individuales en función de las situaciones, no de medidas estándar”. Al arraigo por permanencia en el país, España ha incorporado también el de formación.
Optar por las regularizaciones en exclusiva no mitiga el sufrimiento humano ni las bolsas de pobreza, afecta además a “la competencia desleal, porque no pagan impuestos, pero tampoco tienen derechos”, apunta Pinyol. Pero no dejan de ser otra vía, una más, para ordenar el flujo migratorio, si puede ser, con procedimientos simplificados, dicen las analistas. Para ello se necesita un buen impulso a la Administración. “No basta con cambiar la norma si no se incrementan plantillas, se unifican criterios, se digitalizan expedientes de extremo a extremo y se reparte mejor la carga entre provincias. El propio reglamento prevé oficinas delegadas y coordinación entre Migraciones e Interior; ahí hay margen para una política de Estado mucho más ambiciosa”, detalla Ferrero Turrión. “Mi impresión, basada en esas previsiones y en las quejas persistentes al Defensor del Pueblo, es que el problema central ya no es solo qué permiso existe, sino quién resuelve, con qué medios y en cuánto tiempo.
Respecto a la agilidad administrativa, Galán sugiere “un despliegue en consulados y embajadas, que no tienen personal suficiente” para hacer frente a las muchas peticiones de visados de toda clase, así como “aplicar valoraciones y necesidades en el territorio que generen estos visados, que también se ampliarían a autorizaciones humanitarias y de protección internacional”, añade. Porque, aunque la Administración tuviera una eficacia perfecta, el modelo, explica Blanca Garcés, “se basa en regularizaciones a posteriori”, no en un sistema ordenado del flujo de los extranjeros.
Una buena política migratoria, como sugiere Pinyol, “debe estar encajada en el mercado laboral” y no permitir vías de irregularidad para llegar a la regularidad. O en palabras de Ferrero Turrión, “conectar extranjería con empleo e integración, no tratarla como una ventanilla aislada. Una política de Estado ordenada debería coordinar a los ministerios de Migraciones, Interior, Política Territorial y las comunidades autónomas, ayuntamientos, servicios de empleo y formación profesional. Si no se coordinan padrón, formación, homologación de títulos, intermediación laboral y renovación documental, las oficinas de extranjería seguirán absorbiendo problemas que en realidad son de gobernanza más amplia”.
Parafraseando al sociólogo holandés Hein de Hass, autor del libro de referencia en esta materia, Los mitos de la inmigración (Península), Garcés explica que “criticar la migración es como criticar el clima, absurdo”. Los traslados de países han acompañado a la humanidad, solo hace falta ordenarlos para evitar sufrimientos.
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