La Constitución de EEUU no concede al presidente del país poderes explícitos sobre la ley electoral
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho este sábado por la noche que emitiría una orden ejecutiva para exigir la identificación de los votantes en todas las elecciones estadounidenses. Trump prosigue así en sus esfuerzos por reformar las leyes electorales del país, a las que lleva mucho tiempo atacando y culpando falsamente de su derrota electoral en 2020.
En un post en Truth Social, Trump ha dicho: “La identificación de los votantes debe ser parte de cada voto. ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Firmaré una orden ejecutiva con ese fin!”.
Post de Trump.
También reiteró su intención de restringir el voto por correo, excepto para aquellos que estén muy enfermos o presten servicio militar lejos, así como su oposición a las máquinas de votación.
El anuncio señala el último intento de Trump por influir en las leyes electorales mediante una orden ejecutiva, algo para lo que tiene una autoridad dudosa, explica The New York Times.
La Constitución no otorga al presidente ninguna autoridad explícita para regular las elecciones. Más bien, otorga a los estados el poder de decidir las reglas de las elecciones, supervisar la votación e intentar prevenir el fraude.
Así mismo, la Carta Magna de EEUU concede al Congreso la capacidad de anular las leyes estatales electorales.
Es probable que cualquier orden ejecutiva del presidente relativa a las elecciones sea objeto de impugnaciones legales.
Trump y sus aliados han iniciado una campaña para conseguir ventajas políticas antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.
A principios de este mes, Trump afirmó que un equipo de abogados estaba preparando una orden ejecutiva para poner fin a todas las papeletas por correo y escribió en las redes sociales que la orden ejecutiva “ayudaría a aportar honestidad a las elecciones de mitad de mandato de 2026”.
Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y ha afirmado falsamente que era una fuente de fraude después de perder las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretendía exigir a los ciudadanos que presentaran una prueba de ciudadanía estadounidense emitida por el Gobierno para poder registrarse para votar en las elecciones federales.
La orden fue impugnada en los tribunales y, en junio, una jueza federal bloqueó la mayor parte de ella. La jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, se puso del lado de los estados que habían presentado la demanda y escribió en su sentencia que era probable que los estados lograran demostrar que la orden excedía la autoridad de Trump y corría el riesgo de privar del derecho al voto a una parte del electorado. “La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, escribió. La Constitución de EEUU no concede al presidente del país poderes explícitos sobre la ley electoral
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho este sábado por la noche que emitiría una orden ejecutiva para exigir la identificación de los votantes en todas las elecciones estadounidenses. Trump prosigue así en sus esfuerzos por reformar las leyes electorales del país, a las que lleva mucho tiempo atacando y culpando falsamente de su derrota electoral en 2020.
En un post en Truth Social, Trump ha dicho: “La identificación de los votantes debe ser parte de cada voto. ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Firmaré una orden ejecutiva con ese fin!”.
Post de Trump.
También reiteró su intención de restringir el voto por correo, excepto para aquellos que estén muy enfermos o presten servicio militar lejos, así como su oposición a las máquinas de votación.
El anuncio señala el último intento de Trump por influir en las leyes electorales mediante una orden ejecutiva, algo para lo que tiene una autoridad dudosa, explica The New York Times.
La Constitución no otorga al presidente ninguna autoridad explícita para regular las elecciones. Más bien, otorga a los estados el poder de decidir las reglas de las elecciones, supervisar la votación e intentar prevenir el fraude.
Así mismo, la Carta Magna de EEUU concede al Congreso la capacidad de anular las leyes estatales electorales.
Es probable que cualquier orden ejecutiva del presidente relativa a las elecciones sea objeto de impugnaciones legales.
Trump y sus aliados han iniciado una campaña para conseguir ventajas políticas antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.
A principios de este mes, Trump afirmó que un equipo de abogados estaba preparando una orden ejecutiva para poner fin a todas las papeletas por correo y escribió en las redes sociales que la orden ejecutiva “ayudaría a aportar honestidad a las elecciones de mitad de mandato de 2026”.
Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y ha afirmado falsamente que era una fuente de fraude después de perder las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretendía exigir a los ciudadanos que presentaran una prueba de ciudadanía estadounidense emitida por el Gobierno para poder registrarse para votar en las elecciones federales.
La orden fue impugnada en los tribunales y, en junio, una jueza federal bloqueó la mayor parte de ella. La jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, se puso del lado de los estados que habían presentado la demanda y escribió en su sentencia que era probable que los estados lograran demostrar que la orden excedía la autoridad de Trump y corría el riesgo de privar del derecho al voto a una parte del electorado. “La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, escribió.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho este sábado por la noche que emitiría una orden ejecutiva para exigir la identificación de los votantes en todas las elecciones estadounidenses. Trump prosigue así en sus esfuerzos por reformar las leyes electorales del país, a las que lleva mucho tiempo atacando y culpando falsamente de su derrota electoral en 2020.
En un post en Truth Social, Trump ha dicho: “La identificación de los votantes debe ser parte de cada voto. ¡SIN EXCEPCIONES! ¡Firmaré una orden ejecutiva con ese fin!”.
También reiteró su intención de restringir el voto por correo, excepto para aquellos que estén muy enfermos o presten servicio militar lejos, así como su oposición a las máquinas de votación.
El anuncio señala el último intento de Trump por influir en las leyes electorales mediante una orden ejecutiva, algo para lo que tiene una autoridad dudosa, explica The New York Times.
La Constitución no otorga al presidente ninguna autoridad explícita para regular las elecciones. Más bien, otorga a los estados el poder de decidir las reglas de las elecciones, supervisar la votación e intentar prevenir el fraude.
Así mismo, la Carta Magna de EEUU concede al Congreso la capacidad de anular las leyes estatales electorales.
Es probable que cualquier orden ejecutiva del presidente relativa a las elecciones sea objeto de impugnaciones legales.
Trump y sus aliados han iniciado una amplia campaña para obtener cualquier ventaja posible antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.
A principios de este mes, Trump afirmó que un equipo de abogados estaba preparando una orden ejecutiva para poner fin a todas las papeletas por correo y escribió en las redes sociales que la orden ejecutiva “ayudaría a aportar honestidad a las elecciones de mitad de mandato de 2026”.
Trump se ha opuesto durante mucho tiempo al voto por correo y ha afirmado falsamente que era una fuente de fraude después de perder las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.
En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva con la que pretendía exigir a los ciudadanos que presentaran una prueba de ciudadanía estadounidense emitida por el Gobierno para poder registrarse para votar en las elecciones federales.
La orden fue impugnada en los tribunales y, en junio, una jueza federal bloqueó la mayor parte de ella. La jueza Denise J. Casper, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Massachusetts, se puso del lado de los estados que habían presentado la demanda y escribió en su sentencia que era probable que los estados lograran demostrar que la orden excedía la autoridad de Trump y corría el riesgo de privar del derecho al voto a una parte del electorado. “La Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”, escribió.
ElDiario.es – Internacional
