Pedro Sánchez lleva tres años diciendo que va a presentar los Presupuestos y nunca ha cumplido. El presidente y su equipo han ido acumulando distintas excusas -la última la de la guerra en Irán- para retrasar ese momento decisivo de la presentación de Presupuestos, al que obliga de forma clara la Constitución en su artículo 134.3: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
El Ejecutivo, acosado por sumarios y decisiones judiciales, intenta poner el foco en su gestión en el momento más difícil
Pedro Sánchez lleva tres años diciendo que va a presentar los Presupuestos y nunca ha cumplido. El presidente y su equipo han ido acumulando distintas excusas -la última la de la guerra en Irán- para retrasar ese momento decisivo de la presentación de Presupuestos, al que obliga de forma clara la Constitución en su artículo 134.3: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
Hasta ahora, nunca parecía el momento adecuado. Sin embargo, y pese al escepticismo del mundo político ante la enésima promesa de presentar los Presupuestos, esta vez sí parece que el Gobierno tiene esa intención. No tanto porque le obligue la Constitución o por las críticas que está recibiendo por no hacerlo, sino por interés político: acosado por diversas investigaciones judiciales que afectan al corazón del PSOE y del entorno de Sánchez -desde el caso Zapatero al de Leire Díez– el Gobierno vive angustiado en una doble realidad. Los grandes números económicos y su capacidad de gestión, con más gasto que nunca, le van muy bien, pero la situación política es cada vez peor y la ansiedad crece en el PSOE ante el riesgo de que esta crisis se lleve por delante el poco poder local y autonómico que le queda y mande al partido al ostracismo durante varios años.
Sánchez anunció este miércoles en Barcelona y ante el Cercle d’Economía, el corazón del poder económico catalán, que inicia los trámites técnicos para presentar los Presupuestos. Este viernes se publicará la orden ministerial de Hacienda que inicia ese recorrido jurídico de la que en teoría es la ley más importante del año. Según fuentes conocedoras de su estrategia, lo hace porque necesita transmitir, y más ante el empresariado que le ve ya muy débil, la imagen de un presidente que sigue intentando darle contenido a la legislatura, que no está bloqueado por los escándalos que cercan a su partido.
En círculos políticos se plantea la hipótesis, a la que se ha apuntado el PNV, de que podría haber elecciones en otoño después del previsible fracaso de los Presupuestos en octubre, cuando habitualmente se votan las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. Sin embargo, en La Moncloa y en fuentes del Gobierno cercanas a Sánchez insisten en que este movimiento indica lo contrario: el presidente no quiere elecciones en otoño, salvo que hubiera alguna encuesta que le dijera que tiene posibilidades ciertas de victoria, y sigue pensando en acabar la legislatura porque está convencido de que los ciudadanos premiarán que logre llegar al final del mandato con buenas cifras económicas. “Sánchez no va a convocar unas elecciones para perderlas. Solo lo hará cuando acabe la legislatura o si tiene alguna opción real de ganarlas adelantándolas. No vamos a cometer el mismo error que Zapatero en 2011″, repiten varios ministros y dirigentes socialistas que conocen bien al presidente.
Ese antecedente de 2011 es importante y pesa mucho en la historia reciente del PSOE, que los dirigentes actuales, que entonces ya eran diputados o estaban empezando sus carreras políticas, no han olvidado: el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones y no se presentó -lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba- con la idea de minimizar la derrota que se preveía, pero el resultado fue desastroso, el PP tuvo mayoría absoluta y el candidato, que era la gran figura del PSOE en ese momento, quedó quemado y acabó dimitiendo en 2014, lo que dio entrada a Sánchez.
El Gobierno pone así en marcha una maquinaria administrativa que le permitirá concluir después de verano con la presentación de unos Presupuestos que en cualquier caso no implicarán ajustes, sino un nuevo despliegue de gasto público y especialmente social, con el que el Ejecutivo intentará hacer política y mostrar su proyecto. De hecho, en principio estaba pensado que la propia María Jesús Montero presentara los Presupuestos antes de las elecciones andaluzas para poder usarlos de alguna manera como eje de su propia campaña electoral andaluza, pero finalmente Sánchez frenó esa posibilidad y ahora será el sucesor de Montero, el valenciano Arcadi España, quien dirigirá la operación y presentará esas cuentas como pronto en septiembre.
El ministro España, un político veterano y respetado dentro del PSOE aunque aún poco conocido para el gran público, tiene la responsabilidad de dos grandes leyes con muchas dificultades de salir adelante pero con gran contenido político como exposición del proyecto del Gobierno: los Presupuestos y la reforma de la financiación, que también ha empezado su tramitación. España tiene así el encargo, como otros ministros, de darle contenido a la legislatura aunque sea sin muchas posibilidades de rematar esos proyectos sobre todo por la posición de Junts, que insisten en el no a casi todo.
El Gobierno está también pendiente de que Carles Puigdemont, líder de Junts, pueda volver a Cataluña este verano si se cumplen los plazos previstos y primero la justicia europea y después el Constitucional le dan la razón y le permiten que se le aplique la amnistía de la que el Tribunal Supremo ha decidido de momento excluirle. Aun así, Junts insiste en que esa hipótesis no cambiará su maltrecha relación con el PSOE y pide a Sánchez que adelante las elecciones, como hace el PNV. Pero los socialistas conservan la esperanza de que pueda abrirse un nuevo hueco para negociar si Puigdemont vuelve a Cataluña.
En cualquier caso, con o sin posibilidades de éxito, Sánchez parece decidido a darle contenido a la legislatura con Presupuestos, financiación autonómica y cualquier otra medida relevante sin pasar por las Cortes, como la regularización extraordinaria que está en marcha ahora, con la intención de consolidar su proyecto político y sobre todo de luchar contra una sensación muy extendida en la derecha y que empieza a calar en sectores progresistas de que el final del presidente está ya muy cercano después de ocho años en La Moncloa. Sánchez, señalan los suyos, está preocupado por los casos que afectan a personas cercanas como Zapatero o el del supuesto grupo de espionaje pagado por el PSOE, que tiene a la gerente imputada, pero está también decidido a no tirar la toalla y a aguantar hasta 2027 para jugársela allí a todo o nada después de haber concluido dos legislaturas completas y un poco más de una tercera tras la moción de censura de 2018.
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