El Gobierno abordará este martes en el Consejo de Ministros la declaración de la zona catastrófica de áreas afectadas por los devastadores incendios de agosto. Pero no se quedará ahí. Prevé aprobar en bloque también ayudas para todos los territorios afectados por lo que considera que son los estragos de la emergencia climática: fuegos imposibles de controlar, inundaciones repentinas y crecidas.
El Consejo de Ministros aprobará la declaración de zonas catastróficas en 16 de las 17 comunidades autónomas
El Gobierno abordará este martes en el Consejo de Ministros la declaración de la zona catastrófica de áreas afectadas por los devastadores incendios de agosto. Pero no se quedará ahí. Prevé aprobar en bloque también ayudas para todos los territorios afectados por lo que considera que son los estragos de la emergencia climática: fuegos imposibles de controlar, inundaciones repentinas y crecidas.
Los zarpazos del cambio climático los últimos tres meses en casi toda España, en forma de incendios de sexta generación con perímetros de cientos de kilómetros pero también de inundaciones impensables en esta época del año, monopolizarán el primer Consejo de Ministros tras el parón del verano. El Ejecutivo declarará zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, comúnmente conocida como zona catastrófica, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Aragón, Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares. Es decir, todas salvo Euskadi y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.
El propósito de su aplicación será agilizar la respuesta del Ejecutivo central en las zonas devastadas mediante ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas para las decenas de miles de damnificados por los fuegos y crecidas que se han producido desde finales de junio. También se facilitarán los trámites burocráticos en los contratos de emergencia para que los municipios puedan acelerar las labores de reconstrucción. El Consejo de Ministros también aprobará, según varias fuentes del Ejecutivo, un real decreto con las directrices para los planes de prevención de incendios de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Las comunidades deben cumplir con la obligación establecida en la Ley De Montes de publicar con carácter anual sus planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Un real decreto ley aprobado en agosto de 2022, tras otra gran oleada de incendios en España, reforzaba esa obligación e instaba al propio Gobierno a aprobar otro real decreto con las directrices sobre esos planes de prevención. Pero la negociación sobre esa norma ha sido complicada y el texto no ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado hasta finales de julio, según avanzó EL PAÍS la semana pasada.
La declaración de zona catastrófica no se limitará al infierno que, desde el 8 de agosto, ha arrasado 358.000 hectáreas según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Una tragedia, que ha coincidido con la ola de calor más intensa desde que hay registros en España (1975), que ha disparado la superficie abrasada por encima de las 400.000 hectáreas. Esa declaración la anunció Pedro Sánchez hace una semana en su visita al Puesto de Mando Avanzado del fuego de Jarilla (Cáceres), el más grave de la historia de Extremadura con más de 17.000 hectáreas quemadas —aun así representa un tercio de las 45.000 hectáreas del incendio de Larouco en Ourense, el peor desde que hay datos en Galicia, lo mismo que el de 41.000 hectáreas de Uña de Quintana (Zamora) en Castilla y León.
El Gobierno contabiliza al menos 107 incendios desde ese 8 de agosto, una cifra provisional en la que en el Ministerio del Interior trabajaban a última hora de la noche y que sin ninguna duda se elevará. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informó este lunes que aún había más de una decena de grandes incendios activos en Zamora, León, Asturias y Ourense. Pese a la virulencia de las llamas en agosto, en La Moncloa han echado la vista atrás y se remontan a junio para incluir a más zonas catastróficas. De esa forma, el Gobierno quiere reforzar la idea de que los han originado fenómenos asociados al cambio climático a diferencia del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado como medida estrella un registro nacional de pirómanos. Antes del Consejo de Ministros, Sánchez presidirá la reunión de la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética para abordar las políticas y medidas del pacto de Estado que ha propuesto, y que el PP desdeña, para la mitigación y adaptación a la emergencia climática.
Uno de los fenómenos más impactantes que el Gobierno incluirá entre las zonas afectadas fue el incendio que causó hace dos meses la muerte de dos personas en Lleida (Cataluña). Fue la tarjeta de presentación, con una nube descomunal de gases que alcanzó 14 kilómetros de altura y modificó las condiciones atmosféricas, de una temporada de fuegos impredecibles y con perímetros de 200 kilómetros que ha dejado este mes otros cuatro fallecidos en las labores de extinción en Castilla y León y Madrid. En julio una dana provocó además inundaciones graves en Aragón y obligó al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El temporal golpeó también con saña en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Unas semanas más tarde hubo una tormenta de granizo en Caravaca de la Cruz que obligó a realojos y desbordamientos de ramblas en otros municipios de Murcia.
Las ayudas que el Gobierno planea aprobar no se limitarán a este Consejo de Ministros, comparten varias fuentes de La Moncloa. El motivo es que la crisis no ha finalizado todavía y en el caso de la mayoría de incendios extinguidos las dos últimas semanas no se ha podido realizar un conteo exhaustivo de los daños causados. Para hacerse una idea de la catástrofe, el incendio de Chandrexa de Queixa, con el que arrancó la ola de fuegos en Galicia el 8 de agosto y que ha arrasado 19.000 hectáreas, fue estabilizado este lunes. Por esta razón, la intención del Gobierno este martes es ceñirse a las ayudas previstas en la ley para este tipo de situaciones de emergencia, reguladas en el Real Decreto 307/2005. Las ayudas previstas establecen 18.000 euros por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente; una cuantía máxima de 15.120 euros por la destrucción total de la vivienda habitual; un límite de 10.320 euros por daños a la estructura de la vivienda habitual y de un tope de 5.160 euros en el caso de los que no hayan afectado a dicha estructura; un límite de 2.580 euros por la destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual, para su reposición o reparación; y hasta el 50% de la valoración técnica efectuada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros en el caso de los daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil contempla también la adopción de medidas fiscales, que se han aprobado de forma habitual los últimos años tras la campaña de incendios de verano, la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares. Otra sería la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente como en el caso anterior a este ejercicio presupuestario, para las industrias, establecimientos mercantiles, turísticos y profesionales cuyos negocios hayan sido dañados.
El Gobierno, que según las fuentes consultadas estudia la exención del IRPF sobre las ayudas personales, también maneja la exención de las tasas para la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos, así como la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados en los incendios e inundaciones.
Estas cuantías se han ido aprobando en las crisis de los últimos años. La excepción fue la dana de Valencia. Debido a su gravedad, con 228 fallecidos y cientos de miles de afectados que perdieron sus hogares y otras propiedades, el Gobierno habilitó ayudas para los damnificados y para la reconstrucción de las comarcas afectadas que superan los 16.500 millones de euros. El Ejecutivo aprobó entonces hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.
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