España crece aproximadamente el triple que la media europea, básicamente por dos motores a reacción: los bajos precios de la energía —España tiene ventaja por las renovables por vez primera desde la revolución industrial— y la migración. El Ejecutivo pactó en Bruselas la excepción ibérica en su día y ha seguido incentivando el uso de renovables por el lado energético. Y llevaba meses estudiando cómo acometer la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, a pesar de un contexto europeo e internacional muy restrictivo en política migratoria. España lleva meses alejada de ese consenso que abrazan tanto Estados Unidos con Donald Trump como la mayoría de los gobiernos europeos, incluidos socialdemócratas como el Reino Unido y Dinamarca. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba cegada, básicamente por la negativa en redondo de dos de los socios de investidura, PNV y Junts. Finalmente, La Moncloa vio una ventana de oportunidad para sacar adelante esa medida vía decreto. La negociación política —con Sumar, con Podemos, dentro del propio Ejecutivo— iba por un lado. Pero un reducido equipo ha trabajado durante más de año y medio en el Gobierno estudiando los pros y los contras. Por el lado económico se manejaban varios informes internacionales de regularizaciones similares, en Italia y en Francia, por ejemplo. Y en especial dos estudios, firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que estiman los efectos económicos de dar papeles a los inmigrantes. Uno de ellos tiene 27 páginas y montones de ecuaciones, tablas y datos; el otro, 69 páginas cargadas de más y más datos, tablas y ecuaciones. Pero sus conclusiones son similares: los efectos económicos de una regularización son positivos.
El Gobierno maneja informes independientes que niegan el efecto llamada y estiman un impacto positivo sobre el mercado laboral y las finanzas públicas
España crece aproximadamente el triple que la media europea, básicamente por dos motores a reacción: los bajos precios de la energía —España tiene ventaja por las renovables por vez primera desde la revolución industrial— y la migración. El Ejecutivo pactó en Bruselas la excepción ibérica en su día y ha seguido incentivando el uso de renovables por el lado energético. Y llevaba meses estudiando cómo acometer la regularización de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación irregular, a pesar de un contexto europeo e internacional muy restrictivo en política migratoria. España lleva meses alejada de ese consenso que abrazan tanto Estados Unidos con Donald Trump como la mayoría de los gobiernos europeos, incluidos socialdemócratas como el Reino Unido y Dinamarca. La vía de la iniciativa legislativa popular en el Congreso estaba cegada, básicamente por la negativa en redondo de dos de los socios de investidura, PNV y Junts. Finalmente, La Moncloa vio una ventana de oportunidad para sacar adelante esa medida vía decreto. La negociación política —con Sumar, con Podemos, dentro del propio Ejecutivo— iba por un lado. Pero un reducido equipo ha trabajado durante más de año y medio en el Gobierno estudiando los pros y los contras. Por el lado económico se manejaban varios informes internacionales de regularizaciones similares, en Italia y en Francia, por ejemplo. Y en especial dos estudios, firmados por académicos de la Pompeu Fabra y de la Carlos III, que estiman los efectos económicos de dar papeles a los inmigrantes. Uno de ellos tiene 27 páginas y montones de ecuaciones, tablas y datos; el otro, 69 páginas cargadas de más y más datos, tablas y ecuaciones. Pero sus conclusiones son similares: los efectos económicos de una regularización son positivos.
Ambos estudios concluyen que el impacto sobre el mercado de trabajo y sobre las finanzas públicas es muy beneficioso, y alcanzan a cifrar el efecto neto por migrante regularizado entre 3.300 euros y 4.000 euros, por el efecto combinado de las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, y teniendo cuenta que el gasto en servicios públicos es reducido. Y ambos concluyen, a diferencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que regularizaciones anteriores no han provocado ningún tipo de efecto llamada.
Los gobiernos de José María Aznar acometieron hasta tres regularizaciones en su día. Y los populares negaron tajantemente el citado efecto llamada por aquel entonces. Lo mismo dicen dos informes sobre regularizaciones en Italia y un informe sobre Francia. Y en general la abundante literatura académica que existe sobre este asunto.
Tamaño, composición socioeconómica e implicaciones fiscales de la inmigración irregular en España, firmado por Ismael Gálvez-Iniesta, concluye que el beneficio medio esperado por migrante asciende a 3.300 euros. Y apunta que “no hubo efecto llamada” en la última revalorización, de 2005, ni efectos negativos sobre el mercado de trabajo. El segundo informe, publicado en Journal of Labour Economicsen 2022 por Joan Monràs (de la Pompeu Fabra), Ferran Elias (Universitat de Valènica) y Javier Vázquez-Grenno (Universitat de Barcelona), eleva el efecto neto a 4.000 euros y llega a conclusiones parecidas. “Los efectos económicos de la última regularización del Gobierno de [José Luis] Rodríguez Zapatero fueron nítidamente positivos, según toda la evidencia empírica. Y los datos demuestran que no hubo ningún efecto llamada, si bien eso depende de medidas que van asociadas a la regularización: en aquel momento el Gobierno elevó un 150% las inspecciones de trabajo a las empresas y destinó más recursos a controlar las fronteras”, afirma Monràs, catedrático de la Pompeu Fabra y profesor de la Barcelona School of Economics, en una conversación con este diario.
La Moncloa apunta en la misma dirección. Estima un efecto positivo sobre las finanzas públicas, básicamente por el aumento de cotizaciones a la Seguridad Social de todo ese trabajo en B que ahora podrá salir del lado oscuro. No ve efectos sobre los salarios, aunque admite que ahí hay menor evidencia empírica, ni ve efectos negativos sobre la demanda de trabajadores españoles. Y descarta el efecto llamada, a pesar del pánico político en la derecha, que se compadece mal con la miríada de estudios académicos. La fundación Disenso, de Vox, publicó hace unos meses un informe en el que se alertaba del citado efecto llamada, y concluía que la estrategia del Gobierno “lleva a la quiebra al Estado del bienestar”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Europea han presentado en los últimos tiempos estudios que dicen exactamente lo contrario. Los efectos de la migración son nítidamente positivos, aunque los expertos subrayan que el impacto depende de la capacidad de adaptación de los migrantes. Ese sería el siguiente paso en la estrategia migratoria del Gobierno, a través de un Plan de Integración y de Ciudadanía que debería aparecer en el debate público en apenas unas semanas.
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