Cuatro periodistas de EL PAÍS han ratificado en el Tribunal Supremo que conocían los detalles de las negociaciones entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía al menos 31 horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general del Estado en la noche del 13 de marzo. Los redactores, según fuentes del caso, han contado ante el juez que investiga a Álvaro García Ortiz que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, tuvieron conocimiento, por fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tenía la intención de alcanzar un pacto con el ministerio público que implicaba que su cliente devolviera lo defraudado (350.951 euros) más una multa a cambio del reconocimiento de sus delitos. Los periodistas han explicado que el diario no publicó esa información porque no consiguió contrastarla con el letrado, Carlos Neira, que no contestó a la llamada, el correo y el mensaje de WhatsApp que le mandó uno de ellos.
El juez ofrece a un periodista que aporte más mensajes que acreditan que sabía que González Amador aceptaba admitir los delitos y pagar una multa
Cuatro periodistas de EL PAÍS han ratificado en el Tribunal Supremo que conocían los detalles de las negociaciones entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía al menos 31 horas antes de que esa información llegara a manos del fiscal general del Estado en la noche del 13 de marzo. Los redactores, según fuentes del caso, han contado ante el juez que investiga a Álvaro García Ortiz que, a mediodía del 12 de marzo de 2024, tuvieron conocimiento, por fuentes fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tenía la intención de alcanzar un pacto con el ministerio público que implicaba que su cliente devolviera lo defraudado (350.951 euros) más una multa a cambio del reconocimiento de sus delitos. Los periodistas han explicado que el diario no publicó esa información porque no consiguió contrastarla con el letrado, Carlos Neira, que no contestó a la llamada, el correo y el mensaje de WhatsApp que le mandó uno de ellos.
Los cuatro redactores que han comparecido este viernes son el subdirector José Manuel Romero; el redactor jefe de la sección de Madrid, Luis Gómez; la jefa de esta sección, Berta Ferrero; y el redactor Fernando Peinado. El juez Ángel Hurtado les ha citado, a petición de la Abogacía del Estado, después de que los periodistas entregaran a un notario los whatsapp que se cruzaron a raíz de que elDiario.es publicara el 12 de marzo de 2024 que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal.
Durante la declaración, Romero ha ofrecido entregar también los mensajes que intercambió la tarde del 13 de marzo con el redactor que cubre la información política de la Comunidad de Madrid, que estaba en comunicación con el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para intentar confirmar la información que EL PAÍS tenía por fuentes de la Fiscalía Superior. Esos mensajes constatan que la propuesta de pacto del abogado al ministerio público no era ya un secreto cuando García Ortiz recibió, la noche del 13 de marzo, el correo electrónico cuya filtración se investiga.
Según fuentes del caso, el subdirector de EL PAÍS ha explicado ante el juez que a las 13.30 del 12 de marzo contactó con un trabajador de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para contrastar el mensaje que la presidenta madrileña había publicado en la red social X en el que denunciaba que la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, responsable del departamento que había presentado la querella contra su pareja, había sido antes directora general en el Ministerio de Justicia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Su interlocutor en la Fiscalía le explicó que la denuncia contra González Amador no podía interpretarse como una persecución política contra la pareja de la presidenta madrileña hasta el punto de que el abogado Neira había admitido los delitos de su cliente y mostrado su disposición a pagar una multa para reducir la pena de prisión que podía pedir la Fiscalía. Esa fuente le facilitó, además, el nombre del abogado Neira, que hasta entonces no se había publicado.
Esa información desencadenó minutos después el trabajo de otros periodistas de la sección de Madrid para intentar confirmar con el letrado que estaba negociando un pacto. De todo ello queda constancia en los mensajes intercambiados entre los redactores, que se han incorporado a la causa a través de un acta notarial. En uno de esos mensajes, Ferrero le escribió a Peinado: “Me dice Romero que busques el teléfono de Carlos Neira, que por lo visto es el abogado de la pareja de Ayuso. Que por lo visto se ha personado esta mañana diciendo que va a pagar, es decir, el reconocimiento del delito”. El redactor intentó localizar al letrado por teléfono, correo y whatsapp, pero no hubo respuesta y el periódico no publicó la noticia.
Al día siguiente, la tarde del 13 de marzo, El Español publicó que González Amador había pagado los 350.000 euros que debía a Hacienda, y Romero, según ha contado al juez, le pidió al periodista que cubre la información política de Madrid que confirmara esa información con el jefe de gabinete de Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez le dice a este redactor pasadas las 19.30 que la Fiscalía había propuesto un pacto a la defensa de González Amador, una información que El Mundo publicó a las 21.29. Esta versión contradicía la que tenía hasta ese momento EL PAÍS, por lo que Romero, según ha contado ante el juez, intentó confirmarla con el jefe de prensa de la Fiscalía del TSJ, pero este le dijo que él no podía ratificarlo ni desmentirlo. El subdirector llamó después a la jefa de prensa de la Fiscalía General, que también dij que no lo podía confirmar pero que se iba a preparar una nota de prensa aclarando la situación.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al subdirector que presente los mensajes intercambiados con el redactor de Madrid, que constatarían que el periódico conocía que era el abogado de González Amador el que había ofrecido a la Fiscalía admitir los delitos y pagar una multa. El juez, según fuentes del caso, ha ofrecido al subdirector entregar copia de esas conversaciones en el tribunal y Romero ha contestado que lo hará.
A preguntas del instructor, Romero ha explicado que se han entregado los mensajes dep día 12 de marzo a un notario después de que la Abogacía del Estado lo reclamara a la dirección de EL PAÍS. El subdirector ha recordado que el periódico publicó los mensajes en enero pasado y la Abogacía pidió que se aportaran a la causa, pero ni el juez ni la Sala de Apelación accedieron a ello en ese momento.
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