Aunque dadas las expectativas electorales a día de hoy de unos y otros, el tema ha moderado su virulencia, seguimos asistiendo a un espectáculo poco edificante en democracia. Se insiste en denominar “ley de nietos” a ley de memoria democrática de 2022, como si esa ley sólo interesara a los nietos o bisnietos de los represaliados por los vencedores de la Guerra Civil, y no a toda la población española, e incluso extranjera con algo de sensibilidad democrática frente a las dictaduras. Por otra parte, unos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo —cabe recordar que no todos ellos— insisten en privar del derecho al voto a más de 160.000 españoles, que indudablemente lo son, en virtud de la citada ley de 2022 y su interpretación de ese mismo año, como si solamente ahora, y no en estos cuatro años, este tema hubiera sido relevante. Además, lo hacen a través de una medida cautelar, es decir, de una resolución esencialmente provisional que, precisamente por esa urgencia propia de la provisionalidad, es básico —para evitar errores de bulto— que se ajuste al principio de proporcionalidad, siendo evidente que suprimir el voto nada menos que a miles de personas, puede ser cualquier cosa menos proporcional.
Se insiste en denominar “ley de nietos” a ley de memoria democrática de 2022, como si esa ley sólo interesara a los nietos o bisnietos de los represaliados por los vencedores de la Guerra Civil, y no a toda la población
Aunque dadas las expectativas electorales a día de hoy de unos y otros, el tema ha moderado su virulencia, seguimos asistiendo a un espectáculo poco edificante en democracia. Se insiste en denominar “ley de nietos” a ley de memoria democrática de 2022, como si esa ley sólo interesara a los nietos o bisnietos de los represaliados por los vencedores de la Guerra Civil, y no a toda la población española, e incluso extranjera con algo de sensibilidad democrática frente a las dictaduras. Por otra parte, unos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo —cabe recordar que no todos ellos— insisten en privar del derecho al voto a más de 160.000 españoles, que indudablemente lo son, en virtud de la citada ley de 2022 y su interpretación de ese mismo año, como si solamente ahora, y no en estos cuatro años, este tema hubiera sido relevante. Además, lo hacen a través de una medida cautelar, es decir, de una resolución esencialmente provisional que, precisamente por esa urgencia propia de la provisionalidad, es básico —para evitar errores de bulto— que se ajuste al principio de proporcionalidad, siendo evidente que suprimir el voto nada menos que a miles de personas, puede ser cualquier cosa menos proporcional.
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