El Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado esta semana varias medidas que benefician directamente a los colonos judíos y arrebatan competencias a las autoridades palestinas en los territorios ocupadosViaje al asentamiento en el corazón de Cisjordania con el que Israel quiere “enterrar” el Estado palestino
El pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí aprobó una serie de medidas que amplían su control sobre la Cisjordania ocupada y que avanzan hacia la anexión de facto del territorio que representaría una gran parte del futuro Estado palestino.
Aunque el contenido de las nuevas medidas está clasificado al tratarse de decisiones del Gabinete de Seguridad y no del Gobierno o del Parlamento, han trascendido muchos detalles en parte, por las declaraciones de algunos ministros respecto a la intención de las mismas.
El ministro de Defensa, Israel Katz, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, fueron los encargados de anunciarlas el 8 de febrero y afirmaron que cambiarán “drásticamente” el registro de tierras y la adquisición de propiedades en Cisjordania, facilitando “el desarrollo acelerado de asentamientos” judíos. El Ejecutivo israelí, y en concreto Smotrich, han apoyado activamente la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, desafiando la ley internacional.
Las nuevas medidas van a “permitir a los judíos comprar tierra en Judea y Samaria igual que lo hacen en Tel Aviv o Jerusalén”, dijeron los dos ministros en un comunicado conjunto, empleando el nombre bíblico para Cisjordania.
También el ministro de Energía, Eli Cohen, afirmó que las nuevas medidas equivalen a la “soberanía de facto” de Israel sobre Cisjordania. En declaraciones a la radio del Ejército israelí, aseguró que las medidas “establecen una realidad sobre la base de que no habrá un Estado palestino”.
Anexionarse Cisjordania y abortar la posibilidad de un futuro Estado palestino son los dos objetivos declarados que persigue el Gobierno ultranacionalista israelí, a pesar de la oposición de la comunidad internacional e, incluso, de su principal aliado, Estados Unidos.
No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar
Donald Trump
— presidente de EEUU
Aunque el presidente Donald Trump ha apoyado de forma incondicional a Israel durante el genocidio en Gaza, el mandatario aseguró que el primer ministro Benjamín Netanyahu –su amigo Bibi– no iba a anexionar Cisjordania.
Un día antes de recibir al líder israelí en la Casa Blanca esta semana, Trump declaró al medio estadounidense Axios que está “en contra de la anexión”, sin comentar sobre las medidas concretas aprobadas dos días antes. “Tenemos suficientes cosas en las que pensar ahora. No necesitamos lidiar con Cisjordania”, afirmó Trump.
El pasado mes de septiembre, el presidente de EEUU había asegurado que no permitiría la anexión de Cisjordania, pero no ha hecho nada para detener los sucesivos planes y medidas del Gobierno israelí en esa dirección. “No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar”, dijo en aquel momento.
La reunión entre Trump y Netanyahu del pasado miércoles fue a puerta cerrada y no se sabe si el estadounidense ha trasladado su desacuerdo a su aliado y amigo o si, por lo contrario, va a seguir ignorando y permitiendo los pasos agigantados que el Gobierno israelí está dando hacia la anexión definitiva de los territorios palestinos que ocupa militarmente.
Soldados israelíes durante una operación militar en la ciudad palestina de Qalquilia, en la Cisjordania ocupada, el 5 de diciembre de 2025.
¿En qué consisten las últimas medidas?
La medida quizás más polémica de las que aprobó el Gabinete de Seguridad el pasado día 8 es autorizar a la Administración Civil (el órgano del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania) para operar en las zonas que están administradas por la Autoridad Palestina.
Según los acuerdos de Oslo II, de 1995, Cisjordania quedó dividida en tres zonas: las áreas A y B (cerca del 40% del territorio) están controladas por la Autoridad Palestina, mientras que la C (el 60% del territorio) está bajo control israelí. Por tanto, la medida contraviene esos acuerdos internacionales y afecta directamente al gobierno de la Autoridad Palestina, contra la que el Ejecutivo de Netanyahu ha lanzado una campaña de acoso y derribo.
Según la ONG israelí Peace Now, la decisión da amplios poderes a las autoridades israelíes para actuar en las zonas A y B si consideran que se están causando daños al patrimonio y a sitios arqueológicos y si se produce contaminación del medio ambiente o delitos relacionados con el agua. Las autoridades podrían, por ejemplo, sellar pozos de agua y dejar sin suministro a comunidades palestinas o arrebatar el control de los muchos sitios arqueológicos que hay en Cisjordania, muchos de los cuales datan de la época romana.
Además, el Gabinete de Seguridad adoptó otras medidas cruciales para la compra-venta de tierras que beneficiarán directamente a los colonos en Cisjordania –donde residen más de medio millón de israelíes y más de 3 millones de palestinos–.
Los colonos tendrán el poder de determinar los hechos políticos sobre el terreno sin intervención del Gobierno
Peace Now
— ONG israelí
Peace Now explica que Cisjordania está gobernada por un régimen militar y no forma parte del Estado de Israel, porque es un territorio ocupado. El Parlamento no puede legislar sobre los territorios ocupados, que se rigen por la legislación militar. En la práctica, el Gabinete de Seguridad instruye al Ejército para que firme órdenes que deroguen las siguientes leyes.
La primera es una ley de 1953 –cuando Jordania administraba Cisjordania, hasta su ocupación por parte de Israel en 1967–, según la cual solo los residentes árabes o las empresas registradas en Cisjordania podían comprar tierras. La derogación de la ley permitirá a los colonos israelíes comprar tierras directamente a los palestinos.
La segunda ley exigía la obtención de un permiso de transacción antes de completar cualquier compra de bienes inmuebles. Ese trámite buscaba prevenir falsificaciones, fraudes y la explotación de la situación de vulnerabilidad de muchos palestinos. Peace Now señala que “en una situación de conflicto nacional por las tierras, vender tierras al enemigo se considera traición”, señalando que la Autoridad Palestina castiga la venta de tierras a israelíes, por lo que “casi todas las transacciones se realizan de forma clandestina”.
Además, los permisos de transacción requerían la aprobación del Ministro de Defensa para evitar que los colonos compraran propiedades y se establecieran en “lugares sensibles”. Con la abolición de la ley, los colonos tendrán “el poder de determinar los hechos políticos sobre el terreno sin intervención del Gobierno”, alerta Peace Now.
El Gabinete de Seguridad también ordenó que los registros de propiedad de tierras en Cisjordania sean públicos. Hasta ahora eran confidenciales para proteger, entre otras cosas, las propiedades abandonadas por los palestinos que tuvieron que marcharse y la identidad de los que vendieron tierras a israelíes. Según Peace Now, esa confidencialidad molestaba a “los colonos que desean tomar el control de la tierra para establecer asentamientos” y su levantamiento “abre la puerta a una industria de transacciones inmobiliarias falsificadas”.
Otra de las polémicas medidas aprobadas el pasado domingo es volver a autorizar la compra de tierras palestinas por parte de una agencia gubernamental, denominada Custodio de la Propiedad del Gobierno, que ya había adquirido tierras de forma secreta en los años 70 y 80 del siglo XX, según Peace Now.
Esto permitirá a Israel desarrollar el asentamiento de Hebrón, construir asentamientos adicionales en la ciudad y realizar reformas unilateralmente en un lugar sagrado para los musulmanes
Peace Now
— ONG israelí
Por último, el Gabinete de Seguridad adoptó dos medidas que tienen que ver con sitios religiosos en Cisjordania y que arrebatan a las autoridades locales palestinas algunas de sus prerrogativas.
En Hebrón, la Administración Civil asumirá la planificación y construcción en dos lugares estratégicos: la Tumba de los Patriarcas (sagrada para musulmanes y judíos) y el asentamiento dentro de la misma ciudad, tareas de las que se encargaba hasta ahora el Ayuntamiento local. Esto contraviene el Protocolo de Hebrón de 1997 firmado entre Israel y la Autoridad Palestina, que establece que un 80% de la ciudad está bajo control total palestino.
“El Gobierno ahora pretende permitir la expansión de asentamientos y las reformas en la Tumba de los Patriarcas sin la aprobación municipal. Esto permitirá a Israel desarrollar el asentamiento de Hebrón, construir asentamientos adicionales en la ciudad y realizar reformas unilateralmente en un lugar sagrado para los musulmanes”, advierte Peace Now.
El segundo sitio es la Tumba de Raquel, sagrado para las tres religiones monoteístas y ubicado en el norte de Belén, donde hay población palestina cristiana. Se creará una nueva administración para gestionar el sitio religioso, lo cual permitirá al Gobierno transferir dinero para el desarrollo del sitio y de la escuela talmúdica adyacente.
Foto de archivo del complejo histórico donde se encuentra la tumba de los patriarcas en la ciudad palestina de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Críticas y rechazo a la anexión
La Autoridad Palestina ha condenado las nuevas medidas y su líder, el presidente Mahmud Abás, ha pedido “una respuesta firme de la Administración estadounidense y de la comunidad internacional”.
Un miembro de alto nivel la Autoridad Palestina (AP) que participó en las negociaciones de los acuerdos de Oslo, dijo al periódico israelí Haaretz que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno israelí “revocan la autoridad de la AP en Cisjordania”. “Los Acuerdos de Oslo, que se suponía que conducirían a un Estado palestino después de más de tres décadas de negociaciones, han quedado enterrados bajo esta anexión de facto”, lamentó. Según la fuente, las medidas “transforman Cisjordania en un área en la que Israel sustituye a las instituciones palestinas”.
Actualmente, la Autoridad Palestina tiene poca capacidad de actuación en las zonas que gobierna de Cisjordania, ya que Israel controla las fronteras y todas las infraestructuras básicas, y realiza incursiones militares en cualquier momento, también en las áreas A y B.
En Israel, pocos políticos se han opuesto a las medidas adoptadas por Netanyahu y sus ministros de confianza, que integran el Gabinete de Seguridad.
Las medidas tienen consecuencias potencialmente muy graves para la población palestina de Cisjordania
Portavoz del Ministerio de Exteriores alemán
Fuera de Israel, las últimas medidas han causado el rechazo de muchos Gobiernos, de la Unión Europea y de la ONU, que en los pasados tres años han dejado que el Gobierno de Netanyahu amplíe considerablemente su control sobre Cisjordania y pase de un dominio militar a una administración civil del territorio ocupado –eso es, en la práctica, la anexión–.
Incluso el Gobierno alemán, que se ha abstenido de criticar a Israel por su guerra genocida en Gaza, ha rechazado las últimas decisiones ya que representan “un paso más hacia una anexión de facto”. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, dijo en declaraciones recogidas por la Agencia EFE que las medidas “tienen consecuencias potencialmente muy graves para la población palestina de Cisjordania”, recordando que “la transferencia de determinadas funciones administrativas a autoridades civiles israelíes se contradice con el carácter temporal de una ocupación”.
Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno israelí a revertir las nuevas medidas, señalando que éstas y “la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
A mediados de 2024, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales y que las prácticas de Israel en los territorios ocupados constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de los mismos. En una opinión consultiva no vinculante, el máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que Israel debe cesar la construcción de asentamientos y evacuar los existentes, y poner fin a su “presencia ilegal, lo más rápido posible”. El Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado esta semana varias medidas que benefician directamente a los colonos judíos y arrebatan competencias a las autoridades palestinas en los territorios ocupadosViaje al asentamiento en el corazón de Cisjordania con el que Israel quiere “enterrar” el Estado palestino
El pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí aprobó una serie de medidas que amplían su control sobre la Cisjordania ocupada y que avanzan hacia la anexión de facto del territorio que representaría una gran parte del futuro Estado palestino.
Aunque el contenido de las nuevas medidas está clasificado al tratarse de decisiones del Gabinete de Seguridad y no del Gobierno o del Parlamento, han trascendido muchos detalles en parte, por las declaraciones de algunos ministros respecto a la intención de las mismas.
El ministro de Defensa, Israel Katz, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, fueron los encargados de anunciarlas el 8 de febrero y afirmaron que cambiarán “drásticamente” el registro de tierras y la adquisición de propiedades en Cisjordania, facilitando “el desarrollo acelerado de asentamientos” judíos. El Ejecutivo israelí, y en concreto Smotrich, han apoyado activamente la expansión de los asentamientos en los territorios ocupados, desafiando la ley internacional.
Las nuevas medidas van a “permitir a los judíos comprar tierra en Judea y Samaria igual que lo hacen en Tel Aviv o Jerusalén”, dijeron los dos ministros en un comunicado conjunto, empleando el nombre bíblico para Cisjordania.
También el ministro de Energía, Eli Cohen, afirmó que las nuevas medidas equivalen a la “soberanía de facto” de Israel sobre Cisjordania. En declaraciones a la radio del Ejército israelí, aseguró que las medidas “establecen una realidad sobre la base de que no habrá un Estado palestino”.
Anexionarse Cisjordania y abortar la posibilidad de un futuro Estado palestino son los dos objetivos declarados que persigue el Gobierno ultranacionalista israelí, a pesar de la oposición de la comunidad internacional e, incluso, de su principal aliado, Estados Unidos.
No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar
Donald Trump
— presidente de EEUU
Aunque el presidente Donald Trump ha apoyado de forma incondicional a Israel durante el genocidio en Gaza, el mandatario aseguró que el primer ministro Benjamín Netanyahu –su amigo Bibi– no iba a anexionar Cisjordania.
Un día antes de recibir al líder israelí en la Casa Blanca esta semana, Trump declaró al medio estadounidense Axios que está “en contra de la anexión”, sin comentar sobre las medidas concretas aprobadas dos días antes. “Tenemos suficientes cosas en las que pensar ahora. No necesitamos lidiar con Cisjordania”, afirmó Trump.
El pasado mes de septiembre, el presidente de EEUU había asegurado que no permitiría la anexión de Cisjordania, pero no ha hecho nada para detener los sucesivos planes y medidas del Gobierno israelí en esa dirección. “No permitiré que Israel se anexione Cisjordania. No lo permitiré. No va a suceder. Ya basta. Es hora de parar”, dijo en aquel momento.
La reunión entre Trump y Netanyahu del pasado miércoles fue a puerta cerrada y no se sabe si el estadounidense ha trasladado su desacuerdo a su aliado y amigo o si, por lo contrario, va a seguir ignorando y permitiendo los pasos agigantados que el Gobierno israelí está dando hacia la anexión definitiva de los territorios palestinos que ocupa militarmente.
Soldados israelíes durante una operación militar en la ciudad palestina de Qalquilia, en la Cisjordania ocupada, el 5 de diciembre de 2025.
¿En qué consisten las últimas medidas?
La medida quizás más polémica de las que aprobó el Gabinete de Seguridad el pasado día 8 es autorizar a la Administración Civil (el órgano del Ejército israelí encargado de los asuntos civiles en Cisjordania) para operar en las zonas que están administradas por la Autoridad Palestina.
Según los acuerdos de Oslo II, de 1995, Cisjordania quedó dividida en tres zonas: las áreas A y B (cerca del 40% del territorio) están controladas por la Autoridad Palestina, mientras que la C (el 60% del territorio) está bajo control israelí. Por tanto, la medida contraviene esos acuerdos internacionales y afecta directamente al gobierno de la Autoridad Palestina, contra la que el Ejecutivo de Netanyahu ha lanzado una campaña de acoso y derribo.
Según la ONG israelí Peace Now, la decisión da amplios poderes a las autoridades israelíes para actuar en las zonas A y B si consideran que se están causando daños al patrimonio y a sitios arqueológicos y si se produce contaminación del medio ambiente o delitos relacionados con el agua. Las autoridades podrían, por ejemplo, sellar pozos de agua y dejar sin suministro a comunidades palestinas o arrebatar el control de los muchos sitios arqueológicos que hay en Cisjordania, muchos de los cuales datan de la época romana.
Además, el Gabinete de Seguridad adoptó otras medidas cruciales para la compra-venta de tierras que beneficiarán directamente a los colonos en Cisjordania –donde residen más de medio millón de israelíes y más de 3 millones de palestinos–.
Los colonos tendrán el poder de determinar los hechos políticos sobre el terreno sin intervención del Gobierno
Peace Now
— ONG israelí
Peace Now explica que Cisjordania está gobernada por un régimen militar y no forma parte del Estado de Israel, porque es un territorio ocupado. El Parlamento no puede legislar sobre los territorios ocupados, que se rigen por la legislación militar. En la práctica, el Gabinete de Seguridad instruye al Ejército para que firme órdenes que deroguen las siguientes leyes.
La primera es una ley de 1953 –cuando Jordania administraba Cisjordania, hasta su ocupación por parte de Israel en 1967–, según la cual solo los residentes árabes o las empresas registradas en Cisjordania podían comprar tierras. La derogación de la ley permitirá a los colonos israelíes comprar tierras directamente a los palestinos.
La segunda ley exigía la obtención de un permiso de transacción antes de completar cualquier compra de bienes inmuebles. Ese trámite buscaba prevenir falsificaciones, fraudes y la explotación de la situación de vulnerabilidad de muchos palestinos. Peace Now señala que “en una situación de conflicto nacional por las tierras, vender tierras al enemigo se considera traición”, señalando que la Autoridad Palestina castiga la venta de tierras a israelíes, por lo que “casi todas las transacciones se realizan de forma clandestina”.
Además, los permisos de transacción requerían la aprobación del Ministro de Defensa para evitar que los colonos compraran propiedades y se establecieran en “lugares sensibles”. Con la abolición de la ley, los colonos tendrán “el poder de determinar los hechos políticos sobre el terreno sin intervención del Gobierno”, alerta Peace Now.
El Gabinete de Seguridad también ordenó que los registros de propiedad de tierras en Cisjordania sean públicos. Hasta ahora eran confidenciales para proteger, entre otras cosas, las propiedades abandonadas por los palestinos que tuvieron que marcharse y la identidad de los que vendieron tierras a israelíes. Según Peace Now, esa confidencialidad molestaba a “los colonos que desean tomar el control de la tierra para establecer asentamientos” y su levantamiento “abre la puerta a una industria de transacciones inmobiliarias falsificadas”.
Otra de las polémicas medidas aprobadas el pasado domingo es volver a autorizar la compra de tierras palestinas por parte de una agencia gubernamental, denominada Custodio de la Propiedad del Gobierno, que ya había adquirido tierras de forma secreta en los años 70 y 80 del siglo XX, según Peace Now.
Esto permitirá a Israel desarrollar el asentamiento de Hebrón, construir asentamientos adicionales en la ciudad y realizar reformas unilateralmente en un lugar sagrado para los musulmanes
Peace Now
— ONG israelí
Por último, el Gabinete de Seguridad adoptó dos medidas que tienen que ver con sitios religiosos en Cisjordania y que arrebatan a las autoridades locales palestinas algunas de sus prerrogativas.
En Hebrón, la Administración Civil asumirá la planificación y construcción en dos lugares estratégicos: la Tumba de los Patriarcas (sagrada para musulmanes y judíos) y el asentamiento dentro de la misma ciudad, tareas de las que se encargaba hasta ahora el Ayuntamiento local. Esto contraviene el Protocolo de Hebrón de 1997 firmado entre Israel y la Autoridad Palestina, que establece que un 80% de la ciudad está bajo control total palestino.
“El Gobierno ahora pretende permitir la expansión de asentamientos y las reformas en la Tumba de los Patriarcas sin la aprobación municipal. Esto permitirá a Israel desarrollar el asentamiento de Hebrón, construir asentamientos adicionales en la ciudad y realizar reformas unilateralmente en un lugar sagrado para los musulmanes”, advierte Peace Now.
El segundo sitio es la Tumba de Raquel, sagrado para las tres religiones monoteístas y ubicado en el norte de Belén, donde hay población palestina cristiana. Se creará una nueva administración para gestionar el sitio religioso, lo cual permitirá al Gobierno transferir dinero para el desarrollo del sitio y de la escuela talmúdica adyacente.
Foto de archivo del complejo histórico donde se encuentra la tumba de los patriarcas en la ciudad palestina de Hebrón, en la Cisjordania ocupada.
Críticas y rechazo a la anexión
La Autoridad Palestina ha condenado las nuevas medidas y su líder, el presidente Mahmud Abás, ha pedido “una respuesta firme de la Administración estadounidense y de la comunidad internacional”.
Un miembro de alto nivel la Autoridad Palestina (AP) que participó en las negociaciones de los acuerdos de Oslo, dijo al periódico israelí Haaretz que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno israelí “revocan la autoridad de la AP en Cisjordania”. “Los Acuerdos de Oslo, que se suponía que conducirían a un Estado palestino después de más de tres décadas de negociaciones, han quedado enterrados bajo esta anexión de facto”, lamentó. Según la fuente, las medidas “transforman Cisjordania en un área en la que Israel sustituye a las instituciones palestinas”.
Actualmente, la Autoridad Palestina tiene poca capacidad de actuación en las zonas que gobierna de Cisjordania, ya que Israel controla las fronteras y todas las infraestructuras básicas, y realiza incursiones militares en cualquier momento, también en las áreas A y B.
En Israel, pocos políticos se han opuesto a las medidas adoptadas por Netanyahu y sus ministros de confianza, que integran el Gabinete de Seguridad.
Las medidas tienen consecuencias potencialmente muy graves para la población palestina de Cisjordania
Portavoz del Ministerio de Exteriores alemán
Fuera de Israel, las últimas medidas han causado el rechazo de muchos Gobiernos, de la Unión Europea y de la ONU, que en los pasados tres años han dejado que el Gobierno de Netanyahu amplíe considerablemente su control sobre Cisjordania y pase de un dominio militar a una administración civil del territorio ocupado –eso es, en la práctica, la anexión–.
Incluso el Gobierno alemán, que se ha abstenido de criticar a Israel por su guerra genocida en Gaza, ha rechazado las últimas decisiones ya que representan “un paso más hacia una anexión de facto”. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, dijo en declaraciones recogidas por la Agencia EFE que las medidas “tienen consecuencias potencialmente muy graves para la población palestina de Cisjordania”, recordando que “la transferencia de determinadas funciones administrativas a autoridades civiles israelíes se contradice con el carácter temporal de una ocupación”.
Desde Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó al Gobierno israelí a revertir las nuevas medidas, señalando que éstas y “la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, según un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
A mediados de 2024, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales y que las prácticas de Israel en los territorios ocupados constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de los mismos. En una opinión consultiva no vinculante, el máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que Israel debe cesar la construcción de asentamientos y evacuar los existentes, y poner fin a su “presencia ilegal, lo más rápido posible”.
El pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno israelí aprobó una serie de medidas que amplían su control sobre la Cisjordania ocupada y que avanzan hacia la anexión de facto del territorio que representaría una gran parte del futuro Estado palestino.
Aunque el contenido de las nuevas medidas está clasificado al tratarse de decisiones del Gabinete de Seguridad y no del Gobierno o del Parlamento, han trascendido muchos detalles en parte, por las declaraciones de algunos ministros respecto a la intención de las mismas.
elDiario.es – Internacional
