«Los jueces van a estar condicionados por aquellos grupos fácticos de poder que les pueden dar o quitar votos”, advierte una de las juezas que ha optado por la jubilación anticipada para no entrar en campaña electoralEl Senado de México aprueba la reforma del Poder Judicial de López Obrador: en qué consiste y por qué es relevante
Guadalupe Varela jamás pensó que tendría que salir a repartir volantes los fines de semana en una zona rural de Ciudad de México para conseguir un aumento. Es candidata a magistrada para las primeras elecciones populares del poder judicial, unos comicios inéditos y polémicos que se celebran el domingo.
Las reglas de la campaña han sido muy restrictivas. Los candidatos podían únicamente dar información, aceptar la participación en entrevistas y foros y publicitarse en redes sociales. Tampoco se ha permitido contar con voluntarios. Varela contrató a dos ayudantes. “No estamos hechos para esto. Nuestra formación jurisdiccional no nos hace pensar como políticos”, cuenta a elDiario.es. Con todo, ella rescata el contacto con la gente. “Para mí ha sido muy agradable, conmovedor y significativo escuchar”, dice.
La ciudadanía mexicana está llamada a las urnas para elegir 881 cargos en la Suprema Corte de Justicia y en centenares de tribunales federales y estatales. También para el Tribunal Disciplinario Judicial, un nuevo ente creado para vigilar y sancionar a los jueces con un alto riesgo de politización.
Bolivia era, hasta ahora, el único país del mundo en elegir a parte de sus jueces. El anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consiguió aprobar la reforma de la Constitución pocas semanas antes de terminar su mandato, con la intención de acabar con un “sistema podrido”. Pero en México muchos ven con preocupación que esto socave la independencia judicial y abra la puerta a la corrupción. La propia Varela es una de ellas: “Yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero es lo que tenemos ahorita para que el sistema de justicia siga operando. Lo único que les puedo ofrecer son mis conocimientos, que voy a observar la Constitución y que voy a trabajar con independencia”, promete.
Lo que desde luego tiene Varela es experiencia. Trabaja desde hace 28 años en el poder judicial. Su labor actual consiste en realizar proyectos de sentencia en la Suprema Corte antes de que los magistrados las revisen y aprueben. “Ellos van y vienen, pero nosotros somos la memoria judicial de la corte”, relata. Ahora se presenta para jueza en materia administrativa, un cargo que le tocaba por carrera judicial. Sin embargo, los requisitos son mucho más bajos hoy. Basta tener el título de Derecho con una nota media de ocho, cinco años de experiencia y cinco cartas de recomendación de colegas, o incluso de vecinos.
Entre los candidatos se encuentran perfiles tan dispares como el de Delia Quiroa, una mediática activista por las personas desaparecidas que aspira al cargo de jueza de distrito en Sinaloa, o Silvia Delgado, que fue abogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 antes de su extradición a Estados Unidos y que se presenta para jueza penal en Chihuahua. La organización de derechos humanos Defensorxs tiene identificadas 21 candidaturas de riesgo por presuntas violaciones de los derechos humanos, pactos con grupos criminales o por haber estado en conflicto con la justicia.
Deserción y jubilaciones
A partir de esta elección, el panorama judicial de México será totalmente nuevo. La incertidumbre es grande, pero lo que la jueza María Emilia Molina tiene claro es que no quiere formar parte de él.
Molina tenía un “nombramiento inamovible” como magistrada en materia civil, así que podría haberse jubilado en ese puesto. Con la reforma, su cargo se dirimirá en los siguientes comicios, en 2027, pero ella no se va a presentar. “Si yo no puedo hacer mi trabajo como jueza de manera absolutamente independiente, sin que nadie venga a exigirme nada, sin tener miedo a que una sentencia mía me lleve a la cárcel porque no corresponde al interés de alguien en el poder… No me interesa estar en un sistema que va a ser cualquier cosa menos justo”, alega en referencia al Tribunal Disciplinario Judicial. “Los perfiles están muy alineados al grupo en el poder (Morena) y van a vigilar que los criterios no sean contrarios a lo que quiere la transformación de México”, afirma.
Para ella, lo que está en juego es justamente esa independencia judicial. México es un país muy clientelar, con una tradición de partido hegemónico y en el que el crimen organizado permea toda la sociedad. “Cuando se vayan todos los jueces que estamos en funciones y se sustituyan por personas que tuvieron que conseguir votos […] los jueces van a estar condicionados a aquellos grupos fácticos de poder que les pueden dar o quitar votos”, advierte. Como ella, muchos han decidido dejar de lado la carrera judicial a la que habían dedicado su vida. Según una investigación del diario El Universal, las jubilaciones anticipadas aumentaron un 300% en 2024 respecto al año anterior.
“La justicia tenía que reformarse… Pero no así”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro ProDh) ha investigado las principales violaciones de derechos humanos en México, acompañando a las víctimas de abusos y a quienes buscan justicia. Ha acompañado los casos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales del ejército en Tlatlaya y las mujeres torturadas sexualmente por la policía en Atenco, entre otros. Por eso, como señala su director, Santiago Aguirre, son muy conscientes de los fallos en la justicia. “Hemos estado en la primera línea de documentar que el sistema de justicia mexicano está roto y no funciona. Somos los primeros en decir que la justicia mexicana tenía que reformarse… Pero no así”, critica.
“La reforma que necesitábamos tenía que haber modificado de fondo a las fiscalías, que son la gran fuente de impunidad en México porque no investigan los delitos, porque están rebasadas, porque están colonizadas por intereses de la criminalidad”, explica Aguirre. México tiene una alarmante impunidad que supera el 90%.
En el fuero local se concentran la mayoría de los problemas, al estar en una mayor connivencia con los poderes políticos, económicos y el crimen organizado. Organizaciones como el Centro ProDh suelen recurrir a los niveles más altos de la judicatura para acceder a una revisión más imparcial de los casos. “Eso también lo vamos a perder ahora”, lamenta Aguirre. “Esta reforma es un ejercicio de demagogia. No solo no soluciona los problemas de [la] justicia, sino que va a generar nuevos problemas”, vaticina. «Los jueces van a estar condicionados por aquellos grupos fácticos de poder que les pueden dar o quitar votos”, advierte una de las juezas que ha optado por la jubilación anticipada para no entrar en campaña electoralEl Senado de México aprueba la reforma del Poder Judicial de López Obrador: en qué consiste y por qué es relevante
Guadalupe Varela jamás pensó que tendría que salir a repartir volantes los fines de semana en una zona rural de Ciudad de México para conseguir un aumento. Es candidata a magistrada para las primeras elecciones populares del poder judicial, unos comicios inéditos y polémicos que se celebran el domingo.
Las reglas de la campaña han sido muy restrictivas. Los candidatos podían únicamente dar información, aceptar la participación en entrevistas y foros y publicitarse en redes sociales. Tampoco se ha permitido contar con voluntarios. Varela contrató a dos ayudantes. “No estamos hechos para esto. Nuestra formación jurisdiccional no nos hace pensar como políticos”, cuenta a elDiario.es. Con todo, ella rescata el contacto con la gente. “Para mí ha sido muy agradable, conmovedor y significativo escuchar”, dice.
La ciudadanía mexicana está llamada a las urnas para elegir 881 cargos en la Suprema Corte de Justicia y en centenares de tribunales federales y estatales. También para el Tribunal Disciplinario Judicial, un nuevo ente creado para vigilar y sancionar a los jueces con un alto riesgo de politización.
Bolivia era, hasta ahora, el único país del mundo en elegir a parte de sus jueces. El anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consiguió aprobar la reforma de la Constitución pocas semanas antes de terminar su mandato, con la intención de acabar con un “sistema podrido”. Pero en México muchos ven con preocupación que esto socave la independencia judicial y abra la puerta a la corrupción. La propia Varela es una de ellas: “Yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero es lo que tenemos ahorita para que el sistema de justicia siga operando. Lo único que les puedo ofrecer son mis conocimientos, que voy a observar la Constitución y que voy a trabajar con independencia”, promete.
Lo que desde luego tiene Varela es experiencia. Trabaja desde hace 28 años en el poder judicial. Su labor actual consiste en realizar proyectos de sentencia en la Suprema Corte antes de que los magistrados las revisen y aprueben. “Ellos van y vienen, pero nosotros somos la memoria judicial de la corte”, relata. Ahora se presenta para jueza en materia administrativa, un cargo que le tocaba por carrera judicial. Sin embargo, los requisitos son mucho más bajos hoy. Basta tener el título de Derecho con una nota media de ocho, cinco años de experiencia y cinco cartas de recomendación de colegas, o incluso de vecinos.
Entre los candidatos se encuentran perfiles tan dispares como el de Delia Quiroa, una mediática activista por las personas desaparecidas que aspira al cargo de jueza de distrito en Sinaloa, o Silvia Delgado, que fue abogada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016 antes de su extradición a Estados Unidos y que se presenta para jueza penal en Chihuahua. La organización de derechos humanos Defensorxs tiene identificadas 21 candidaturas de riesgo por presuntas violaciones de los derechos humanos, pactos con grupos criminales o por haber estado en conflicto con la justicia.
Deserción y jubilaciones
A partir de esta elección, el panorama judicial de México será totalmente nuevo. La incertidumbre es grande, pero lo que la jueza María Emilia Molina tiene claro es que no quiere formar parte de él.
Molina tenía un “nombramiento inamovible” como magistrada en materia civil, así que podría haberse jubilado en ese puesto. Con la reforma, su cargo se dirimirá en los siguientes comicios, en 2027, pero ella no se va a presentar. “Si yo no puedo hacer mi trabajo como jueza de manera absolutamente independiente, sin que nadie venga a exigirme nada, sin tener miedo a que una sentencia mía me lleve a la cárcel porque no corresponde al interés de alguien en el poder… No me interesa estar en un sistema que va a ser cualquier cosa menos justo”, alega en referencia al Tribunal Disciplinario Judicial. “Los perfiles están muy alineados al grupo en el poder (Morena) y van a vigilar que los criterios no sean contrarios a lo que quiere la transformación de México”, afirma.
Para ella, lo que está en juego es justamente esa independencia judicial. México es un país muy clientelar, con una tradición de partido hegemónico y en el que el crimen organizado permea toda la sociedad. “Cuando se vayan todos los jueces que estamos en funciones y se sustituyan por personas que tuvieron que conseguir votos […] los jueces van a estar condicionados a aquellos grupos fácticos de poder que les pueden dar o quitar votos”, advierte. Como ella, muchos han decidido dejar de lado la carrera judicial a la que habían dedicado su vida. Según una investigación del diario El Universal, las jubilaciones anticipadas aumentaron un 300% en 2024 respecto al año anterior.
“La justicia tenía que reformarse… Pero no así”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Centro ProDh) ha investigado las principales violaciones de derechos humanos en México, acompañando a las víctimas de abusos y a quienes buscan justicia. Ha acompañado los casos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales del ejército en Tlatlaya y las mujeres torturadas sexualmente por la policía en Atenco, entre otros. Por eso, como señala su director, Santiago Aguirre, son muy conscientes de los fallos en la justicia. “Hemos estado en la primera línea de documentar que el sistema de justicia mexicano está roto y no funciona. Somos los primeros en decir que la justicia mexicana tenía que reformarse… Pero no así”, critica.
“La reforma que necesitábamos tenía que haber modificado de fondo a las fiscalías, que son la gran fuente de impunidad en México porque no investigan los delitos, porque están rebasadas, porque están colonizadas por intereses de la criminalidad”, explica Aguirre. México tiene una alarmante impunidad que supera el 90%.
En el fuero local se concentran la mayoría de los problemas, al estar en una mayor connivencia con los poderes políticos, económicos y el crimen organizado. Organizaciones como el Centro ProDh suelen recurrir a los niveles más altos de la judicatura para acceder a una revisión más imparcial de los casos. “Eso también lo vamos a perder ahora”, lamenta Aguirre. “Esta reforma es un ejercicio de demagogia. No solo no soluciona los problemas de [la] justicia, sino que va a generar nuevos problemas”, vaticina.
Guadalupe Varela jamás pensó que tendría que salir a repartir volantes los fines de semana en una zona rural de Ciudad de México para conseguir un aumento. Es candidata a magistrada para las primeras elecciones populares del poder judicial, unos comicios inéditos y polémicos que se celebran el domingo.
Las reglas de la campaña han sido muy restrictivas. Los candidatos podían únicamente dar información, aceptar la participación en entrevistas y foros y publicitarse en redes sociales. Tampoco se ha permitido contar con voluntarios. Varela contrató a dos ayudantes. “No estamos hechos para esto. Nuestra formación jurisdiccional no nos hace pensar como políticos”, cuenta a elDiario.es. Con todo, ella rescata el contacto con la gente. “Para mí ha sido muy agradable, conmovedor y significativo escuchar”, dice.
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