El 8 y 9 de junio se votarán cinco referendos derogatorios, es decir, para la eliminación total o parcial de una norma, pero el Gobierno italiano, que se opone a los cambios propuestos, está proponiendo la abstención para que la votación no sea válida
La erosión del derecho al aborto en la Italia de Meloni: “Se ejerce una violencia institucional”
La declaración de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, de que irá a las urnas para los referendos del 8 y 9 de junio, pero no recogerá su papeleta para que no se alcance el quórum del 50% necesario para que la consulta sea valida, ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.
El 8 y 9 de junio se votarán cinco referendos derogatorios, es decir, para la eliminación total o parcial de una norma, referidos a cuestiones de nacionalidad y de derechos laborales, pero el Gobierno, que se opone a los cambios propuestos, en vez de animar a votar por el ‘no’ está proponiendo la abstención para que el referendo no sea válido.
Al ser preguntada sobre qué iba a hacer, Meloni explicó este lunes que acudirá al colegio electoral y completará los trámites de identificación, pero luego rechazará las papeletas, una opción política ampliamente utilizada en el pasado.
En comparación con no acudir a las urnas, la opción de Meloni tiene obviamente un mayor significado político y simbólico, pues se trata de una forma de abstencionismo activo, con la que se deja claro que se es consciente de la existencia de un referendo pero que se pretende anular, según los medios.
La decisión de Meloni coincide con lo expresado por sus aliados políticos en las últimas semanas: el presidente del Senado, Ignazio La Russa, del partido de Meloni, Hermanos de Italia, dijo que quería “hacer propaganda para que la gente se quede en casa” y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, de Forza Italia, habló de “abstencionismo político”.
“Se puede estar a favor o en contra del referendo, pero la primera ministra ha decidido esconderse. Es alguien que siempre ha dicho que está orgullosa de sus ideas, pero en este caso se escondió, eligió huir porque ir a las urnas y no retirar la papeleta equivale a no votar”, dijo la líder de la principal formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.
Qué se vota
Para que sean válidos los resultados, al menos la mitad de los ciudadanos con derecho a voto deben acudir a las urnas el 8 y 9 de junio para votar sobre cinco cuestiones: una solicita la modificación de las normas sobre la adopción de la nacionalidad italiana y las otras cuatro se refieren a aspectos laborales.
Los referendos han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
El objetivo de uno de los referendos es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y, una vez obtenida, poder transmitirla a los hijos menores. La reforma afectaría al menos a 2,3 millones de personas en Italia.
Otra consulta, apoyada por el mayor sindicato del país, CGIL, pretende derogar la norma según la cual los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporados a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como de algunas normas sobre el uso de los contratos de duración determinada, mientras la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales. El 8 y 9 de junio se votarán cinco referendos derogatorios, es decir, para la eliminación total o parcial de una norma, pero el Gobierno italiano, que se opone a los cambios propuestos, está proponiendo la abstención para que la votación no sea válida
La erosión del derecho al aborto en la Italia de Meloni: “Se ejerce una violencia institucional”
La declaración de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, de que irá a las urnas para los referendos del 8 y 9 de junio, pero no recogerá su papeleta para que no se alcance el quórum del 50% necesario para que la consulta sea valida, ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.
El 8 y 9 de junio se votarán cinco referendos derogatorios, es decir, para la eliminación total o parcial de una norma, referidos a cuestiones de nacionalidad y de derechos laborales, pero el Gobierno, que se opone a los cambios propuestos, en vez de animar a votar por el ‘no’ está proponiendo la abstención para que el referendo no sea válido.
Al ser preguntada sobre qué iba a hacer, Meloni explicó este lunes que acudirá al colegio electoral y completará los trámites de identificación, pero luego rechazará las papeletas, una opción política ampliamente utilizada en el pasado.
En comparación con no acudir a las urnas, la opción de Meloni tiene obviamente un mayor significado político y simbólico, pues se trata de una forma de abstencionismo activo, con la que se deja claro que se es consciente de la existencia de un referendo pero que se pretende anular, según los medios.
La decisión de Meloni coincide con lo expresado por sus aliados políticos en las últimas semanas: el presidente del Senado, Ignazio La Russa, del partido de Meloni, Hermanos de Italia, dijo que quería “hacer propaganda para que la gente se quede en casa” y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, de Forza Italia, habló de “abstencionismo político”.
“Se puede estar a favor o en contra del referendo, pero la primera ministra ha decidido esconderse. Es alguien que siempre ha dicho que está orgullosa de sus ideas, pero en este caso se escondió, eligió huir porque ir a las urnas y no retirar la papeleta equivale a no votar”, dijo la líder de la principal formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.
Qué se vota
Para que sean válidos los resultados, al menos la mitad de los ciudadanos con derecho a voto deben acudir a las urnas el 8 y 9 de junio para votar sobre cinco cuestiones: una solicita la modificación de las normas sobre la adopción de la nacionalidad italiana y las otras cuatro se refieren a aspectos laborales.
Los referendos han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
El objetivo de uno de los referendos es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y, una vez obtenida, poder transmitirla a los hijos menores. La reforma afectaría al menos a 2,3 millones de personas en Italia.
Otra consulta, apoyada por el mayor sindicato del país, CGIL, pretende derogar la norma según la cual los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporados a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como de algunas normas sobre el uso de los contratos de duración determinada, mientras la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
La declaración de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, de que irá a las urnas para los referendos del 8 y 9 de junio, pero no recogerá su papeleta para que no se alcance el quórum del 50% necesario para que la consulta sea valida, ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.
El 8 y 9 de junio se votarán cinco referendos derogatorios, es decir, para la eliminación total o parcial de una norma, referidos a cuestiones de nacionalidad y de derechos laborales, pero el Gobierno, que se opone a los cambios propuestos, en vez de animar a votar por el ‘no’ está proponiendo la abstención para que el referendo no sea válido.
Al ser preguntada sobre qué iba a hacer, Meloni explicó este lunes que acudirá al colegio electoral y completará los trámites de identificación, pero luego rechazará las papeletas, una opción política ampliamente utilizada en el pasado.
En comparación con no acudir a las urnas, la opción de Meloni tiene obviamente un mayor significado político y simbólico, pues se trata de una forma de abstencionismo activo, con la que se deja claro que se es consciente de la existencia de un referendo pero que se pretende anular, según los medios.
La decisión de Meloni coincide con lo expresado por sus aliados políticos en las últimas semanas: el presidente del Senado, Ignazio La Russa, del partido de Meloni, Hermanos de Italia, dijo que quería “hacer propaganda para que la gente se quede en casa” y el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, de Forza Italia, habló de “abstencionismo político”.
“Se puede estar a favor o en contra del referendo, pero la primera ministra ha decidido esconderse. Es alguien que siempre ha dicho que está orgullosa de sus ideas, pero en este caso se escondió, eligió huir porque ir a las urnas y no retirar la papeleta equivale a no votar”, dijo la líder de la principal formación en la oposición, el Partido Demócrata (PD), Elly Schlein.
Para que sean válidos los resultados, al menos la mitad de los ciudadanos con derecho a voto deben acudir a las urnas el 8 y 9 de junio para votar sobre cinco cuestiones: una solicita la modificación de las normas sobre la adopción de la nacionalidad italiana y las otras cuatro se refieren a aspectos laborales.
Los referendos han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
El objetivo de uno de los referendos es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y, una vez obtenida, poder transmitirla a los hijos menores. La reforma afectaría al menos a 2,3 millones de personas en Italia.
Otra consulta, apoyada por el mayor sindicato del país, CGIL, pretende derogar la norma según la cual los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporados a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como de algunas normas sobre el uso de los contratos de duración determinada, mientras la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.
ElDiario.es – Internacional
