Más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes españoles tramitan ya su solicitud para obtener la nacionalidad al amparo de la ley de Memoria Democrática en la red consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que 1,3 millones más han pedido cita para entregar su documentación, pero aún no han podido hacerlo por el atasco burocrático. Del millón de expedientes iniciados, aproximadamente la mitad han sido ya resueltos con la concesión de la nacionalidad, aunque muchos están pendientes de que se formalice la inscripción, mientras que las denegaciones no llegan al 2% del total.
La avalancha de solicitudes al concluir el plazo fijado por la Ley de Memoria Democrática atasca la red consular
Más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes españoles han solicitado ya la nacionalidad al amparo de la ley de Memoria Democrática en la red consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que 1,3 millones más han solicitado cita para entregar su documentación, pero aún no han podido hacerlo por el atasco burocrático. Del millón de expedientes iniciados, aproximadamente la mitad han sido ya resueltos con la concesión de la nacionalidad, aunque muchos están pendientes de que se formalice la inscripción, mientras que las denegaciones no llegan al 2% del total.
Estos son los datos que maneja el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), un órgano consultivo y asesor de la Administración que representa a los más de tres millones de españoles que residen en el extranjero, cuya presidenta, Violeta Alonso Peláez, en declaraciones a EL PAÍS, reclama al Gobierno que ponga los medios necesarios para evitar que esta avalancha de solicitudes colapse la red consular, integrada por 178 oficinas, incluidos 86 consulados generales y dos consulados. El número total de quienes quieren acogerse a la nueva ley, 2,3 millones, multiplica por 4,5 la cifra que se alcanzó con su predecesora, la Ley de Memoria Histórica de 2007: 503.439.
La disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática daba un plazo de dos años, ampliable a tres, para solicitar la nacionalidad a todos los “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Igualmente, incluía a los nacidos en el exterior de madres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos mayores de edad de aquellos a quienes se reconoció la nacionalidad de origen en virtud de la ley de 2007, cubriendo así los huecos que dejó la norma promovida por el Gobierno de Zapatero.
El plazo definitivo, tras la correspondiente prórroga, se cerró el pasado 21 de octubre, con un alud de solicitudes, especialmente en los últimos meses, que ha superado todas las previsiones y también la capacidad de la red consular española para atenderlas. Ello ha obligado a flexibilizar la interpretación de la ley, de forma que se han admitido las peticiones de todos aquellos que pidieron telemáticamente cita para presentar su documentación antes de cerrarse el plazo, pero no han podido hacerlo hasta ahora por no disponer de hueco el consulado. Fuentes conocedoras del proceso estiman que, al actual ritmo, algunos descendientes de españoles tendrán que esperar décadas para ver cumplido su deseo y los de más avanzada edad podrían morirse sin verlo.
Más del 40% de las solicitudes, en torno a un millón ―contando a quienes aún no han podido presentar su documentación en el consulado, por lo que no se ha iniciado formalmente el expediente— procede de Argentina. Solo el consulado de Buenos Aires acumula unas 645.000; mientras que el de Córdoba suma alrededor de 125.000. Los siguientes consulados con más peticiones son los de La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), São Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas (40.000, con carácter provisional). Son datos del CGCEE, ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha respondido a la petición que le ha hecho EL PAÍS.
Violeta Alonso considera “muy positivo” que se permita tramitar su solicitud a todas aquellas personas que pidieron cita dentro de plazo y no se pudo atender por falta de recursos y subraya la necesidad de que se adopten medidas para agilizar los trámites y evitar que estos procesos se demoren años. Entre otras, el organismo que preside ha propuesto que los más de 7.000 registros civiles que existen en España colaboren en la inscripción de los nuevos españoles y que se contrate personal de refuerzo o se externalicen aquellas tareas más mecánicas, como la digitalización de documentos o el volcado de los datos. La digitalización del registro civil, alega, facilita esta colaboración entre los ministerios de Exteriores y Justicia.
Alonso lamenta que la ingente cantidad de trabajo generada por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática haya hecho que se estén produciendo retrasos en la prestación de otros servicios, como la inscripción de los hijos de españoles nacidos en el exterior. Más allá de atender a esta emergencia transitoria, la presidenta del CGCEE advierte de que “hace falta un redespliegue de la red consular”, ya que los nuevos españoles, una vez obtengan la ciudadanía, reclamarán otras prestaciones de los consulados, como la expedición de pasaportes, partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, etc. “No se trata solo de ampliar la plantilla, que también, sino que en muchos casos hace falta más espacio físico”, subraya.
Se calcula que la cifra de españoles residentes en el exterior pasará de más de tres millones a casi cinco. Algunas demarcaciones consulares duplicarán o triplicarán la población a la que atienden y requerirán, en opinión de Alonso, no solo más personal sino infraestructuras más amplias y modernas. Eso sin contar, añade, el mal estado en el que se encuentran algunas dependencias consulares.
La presidenta del CGCEE reconoce que el Ministerio de Asuntos Exteriores “ha puesto personal de refuerzo” para atender esta demanda extraordinaria, pero señala que “no es suficiente y tampoco puede ser solo temporal”. A su juicio, el trabajo de los consulados podría también descongestionarse si se eliminaran algunos trámites innecesarios, como el de conservación de la nacionalidad, que los hijos de españoles deben hacer al cumplir la mayoría de edad. Algunas de estas propuestas las llevará Alonso a la reunión que tiene previsto mantener en los próximos días con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se aplazara una cita anterior, a finales de octubre.
Fuentes diplomáticas aseguran que, además del plan de modernización de la red consular, dotado con 115 millones de euros, y de la implantación del Número de Identidad Consular (NIC), que permite agilizar los trámites, se ha reforzado con 150 plazas la plantilla de aquellos consulados más afectados por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y se ha creado el puesto de cónsul adjunto en Buenos Aires, La Habana o México. No obstante, la Estrategia de Acción Exterior, aprobada en abril pasado por el Consejo de Ministros, reconocía que, “a pesar del crecimiento de la ciudadanía española en el exterior, los recursos de nuestras oficinas consulares apenas han variado en los últimos veinte años”.
Un informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria en la carrera, recordaba el año pasado que el último estudio oficial detectó que 28 instalaciones estaban al límite de su capacidad, 68 tenían problemas de accesibilidad en la entrada,14 carecían de sistemas de protección contra incendios y al menos 17 no presentaban un buen estado de conservación. “Muchas oficinas consulares incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo”, advertía.
El pasado día 12, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) informó de un accidente laboral en el consulado de São Paulo donde un desprendimiento del techo de la entrada golpeó a un trabajador, que tuvo que ser atendido en urgencias, y denunciaba el “estado deplorable, peligroso y negligentemente desatendido del edificio” cuya clausura inmediata reclamaba.
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