Leire Díez se va del PSOE. Díez ha solicitado la baja voluntaria como militante seis días después de que el partido le abriese un expediente informativo sin aplicarle medidas cautelares. La socialista ha acudido por la tarde a la sede estatal del partido, donde se ha reunido durante casi dos horas con el director de los servicios jurídicos del partido, Alberto Cachinero, que era el instructor de su expediente, a raíz de la crisis que ha causado su actuación en reuniones con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la Administración, incluidas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el propósito de obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). La unidad anticorrupción de la Guardia Civil tiene abiertas varias investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y del PSOE.
La militante socialista, que ha convocado una rueda de prensa para este miércoles, se ha reunido dos horas en Ferraz con el director de los servicios jurídicos del partido
Leire Díez ha acudido la tarde de este martes a la sede nacional del PSOE, seis días después de que el partido le abriese un expediente informativo sin aplicarle medidas cautelares, para defender su actuación en las reuniones que mantuvo con empresarios y abogados en las que ofreció tratos favorables con la Administración, incluidas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el propósito de obtener información comprometedora de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). La unidad anticorrupción de la Guardia Civil tiene abiertas varias investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y del PSOE.
La afiliada, que niega ser una fontanera de Ferraz, ha llegado a la sede federal socialista minutos antes de las 16.30 y tiene previsto reunirse con un responsable de los servicios jurídicos del partido encargado de recopilar la información sobre el caso y las alegaciones de Díez. Se trata del paso previo a un posible expediente disciplinario que podría conllevar la expulsión del PSOE por el daño a la imagen y reputación del principal partido del Ejecutivo. Una decisión que según algunas fuentes puede llegar a finales de esta semana.
Líderes territoriales socialistas reclaman en público y privado un gesto contundente que sirva de “pararrayos” tras las críticas a la reacción del partido. En Ferraz insisten que Díez es una militante de base “que tiene deberes, pero también derechos”, al tiempo que reiteran que no está en nómina del partido ni trabaja a sus órdenes. Licenciada en Ciencias Sociales y de la Información, Díez esgrime que su intención era “sacar información para un libro de investigación sobre temas de hidrocarburos”. El empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional por una causa sobre fraude que él niega, afirma que lleva seis años investigando con Díez “las cloacas del Estado”.
El PSOE inició el pasado miércoles un expediente tras la presión creciente tanto dentro como fuera del partido para que se actuase con urgencia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, instó a tomar “medidas drásticas e incluso medidas legales”.
Las informaciones conocidas los días posteriores han redoblado aún más la presión y han obligado a Correos a emitir un desmentido en el que asegura que la socialista “nunca fue responsable del voto por correo” en las elecciones generales de 2023. Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales entre febrero de 2022 y principios de 2024, durante la etapa como director ejecutivo de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa. Previamente fue responsable de comunicación en Enusa, la empresa estatal de uranio, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 durante la presidencia de José Vicente Berlanga, hombre de confianza de José Luis Ábalos.
Díez defendió su inocencia el viernes en un chat de militantes del PSOE de Cantabria, según avanzó EL PAÍS. “Me llamó Juanfran Serrano [el número dos de Santos Cerdán en el área de Organización del PSOE] para decirme lo del expediente informativo. Me han dicho que me llamarán”, escribió Díez en el grupo de WhatsApp. “He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación”, les transmitió. Díez aseguró, además, que iba a poner la información que habría recopilado “a disposición [del PSOE] para su análisis”. “Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla”, abundó, transmitiendo así la idea de que habría actuado por su cuenta y no mandatada por el partido.
Dirigentes del PSOE entre los que se encuentran barones, diputados y senadores defienden desde el inicio de la crisis que el partido podría aplicar el artículo 8 de los estatutos del PSOE. Ese punto establece que un militante del que se “observe mala conducta cívica o ética, falte al programa o a los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus afiliados, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona que pertenezca al partido, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos miembros del Partido imponen los presentes Estatutos Federales y la normativa citada, será sancionado previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario”.
El artículo 92 de los estatutos regula cuáles son los dos escenarios que afronta Díez: el archivo de su causa o un expediente disciplinario que podría suponer su suspensión cautelar como militante. Fue la misma medida que se aplicó a Ábalos, exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE, tras negarse a renunciar al acta de diputado en febrero de 2024, como le exigió Ferraz tras el estallido del caso Koldo. El Tribunal Supremo investiga a Ábalos, que desde entonces forma parte del Grupo Mixto en el Parlamento, por cuatro delitos (tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación).
El punto mencionado de los estatutos establece que “con anterioridad a la iniciación del expediente disciplinario”, la dirección federal del PSOE o los órganos competentes “podrán realizar, si lo consideran necesario, actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación”. Y añade que el órgano ejecutivo que acuerde el inicio de las actuaciones nombrará a un instructor “con el propósito de recabar la información respecto a los hechos que se han producido”. Justo lo que este martes ha sucedido en Ferraz, donde Díez tiene la oportunidad de defenderse. “Una vez recabadas las pruebas oportunas, el instructor pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo correspondiente todas las actuaciones realizadas, quien adoptará la decisión de incoar el expediente disciplinario o archivar la causa”, añade el artículo.
El instructor, que es de los servicios jurídicos del partido, terminará el expediente informativo cuando crea que incluye todo el material necesario para que los órganos políticos tomen la decisión de seguir con un expediente disciplinario, o terminar ahí.
La comisión federal de ética y garantías —un órgano para garantizar que el proceso está ordenado— solo intervendría si Díez recurriese en caso de ser sancionada y de que no estuviese de acuerdo con el castigo. Transcurridos 16 meses, el máximo órgano disciplinario del PSOE aún no ha resuelto la suspensión cautelar de Ábalos, que la ha recurrido y tachado de “arbitraria”. El PSOE mantiene abierto el expediente disciplinario a Ábalos, sin resolución definitiva, argumentando que se tramita con garantías debido a su relevancia en el partido.
Según el artículo 94 de los estatutos del PSOE, un afiliado que sea expulsado por un expediente disciplinario no podrá solicitar el reingreso en el partido hasta pasados cuatro años “desde la efectividad de su baja”. No obstante, si hubiesen transcurrido al menos dos años y los órganos directivos mostrasen su conformidad a la reincorporación de la persona expulsada, esta podrá solicitar el reingreso. El reingreso no sería efectivo sin el visto bueno de la ejecutiva federal “previos los informes que estime conveniente recabar”.
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