Los grupos ultras, cada vez más influyentes y mejor financiados, cuentan en muchos casos con la complicidad o la inacción de los Gobiernos para promover políticas que dificultan el acceso de las mujeres a las interrumpciones de embarazos no deseados, advierte el último informe de Amnistía Internacional El ‘latido fetal’ no es una ocurrencia de Vox: así es la estrategia internacional para recortar el derecho al aborto
La corriente antiderechos que impulsan grupos ultracatólicos y partidos de extrema derecha dificulta el acceso al aborto en Europa. “Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias”, resume Mónica Costa Riba, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional (AI) en materia de derechos de las mujeres.
El último informe de AI señala los esfuerzos de la extrema derecha para influir negativamente en políticas y leyes, “a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación”, con el objetivo de restringir el acceso a la interrupción del embarazo. España no es ajena a este fenómeno. No es casualidad que en los últimos meses hayamos hablado de la defensa de los sanitarios objetores de conciencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del supuesto “síndrome posaborto” de Vox y PP.
Isabel Díaz Ayuso llegó a decir en sede parlamentaria: “Váyanse a otro lado a abortar”. Lo hacía para defender que no piensa cumplir con la ley que obliga a las Comunidades a tener un registro de médicos que se niegan a practicar estas intervenciones con el objetivo de gestionar recursos y garantizar la atención a las mujeres en el sistema público. Tampoco es una anomalía española que en el Ayuntamiento de Madrid el PP aprobase una propuesta de Vox para “informar” a las mujeres de un supuesto síndrome –depresión, ansiedad, alteraciones de sueño, consumo de alcohol y drogas– que afecta a aquellas que abortan. La polémica alrededor de este argumento sin ningún sostén científico fue tal que el alcalde José Luis Martínez Almeida tuvo que dar marcha atrás.
Los objetores y la información sesgada –cuando no desinformación– son precisamente dos de las estratagemas habituales de estos grupos que se autodenominan provida y buscan limitar el derecho al aborto. A ellos se suman los tiempos injustificados de espera –muchas veces disfrazados de ‘reflexión’–, retrasos, denegaciones y complicados recorridos administrativos.
Objetores o “saboteadores”
El informe de Amnistía Internacional, que examina 40 países, señala que en muchos estados europeos se produce un gran número de denegaciones del servicio por motivos de conciencia —casos en que el personal sanitario se niega a practicar abortos debido a sus opiniones personales o creencias religiosas— y que los Gobiernos no están haciendo suficientes esfuerzos para garantizar la atención: en Italia o Croacia las denegaciones de este tipo son muy frecuentes, y en Rumanía también están aumentando, advierten.
La Italia de Giorgia Meloni, abiertamente crítica del aborto –aunque prometió no derogar la ley que lo permite– tiene una de las tasas más altas de negativas por motivos de conciencia en Europa. Más del 60% de todos los ginecólogos están registrados como objetores de conciencia, un porcentaje que supera el 80% en determinadas regiones, y en muchos hospitales todo el personal es objetor. Esto ejerce una enorme presión sobre los sanitarios dispuestos a practicar abortos y grandes desigualdades geográficas, como también ocurre en España. “La ley dice que las regiones deben gestionar las derivaciones, pero este sistema no funciona. Los médicos que no se oponen son trasladados de un centro a otro corriendo con los gastos”, explica Silvana Agatone, presidenta de la organización italiana Laiga.
Agatone habla de “saboteadores” en lugar de objetores. “Hay una interpretación errónea de la ley. Solo aquellos directamente relacionados con la prestación del aborto, es decir, los ginecólogos, deberían poder objetar. Sin embargo, vemos que enfermeras, auxiliares quirúrgicos y anestesistas también lo hacen”. De esta forma, impiden muchas veces que el aborto se realice.
En Croacia pasa algo parecido: según informes de 2022, 195 de los 359 ginecólogos que trabajan en hospitales públicos se niegan a practicar abortos. “Las mujeres suelen ser objeto de abusos en los hospitales con el pretexto de la objeción de conciencia. En la práctica, se engaña y manipula deliberadamente a las mujeres: a veces incluso se les dice que no se puede realizar el aborto, lo cual es falso”, explica Ljerka Oppenheim, de la Asociación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Sofija.
Estas tácticas se utilizan para empujar a las mujeres más allá del límite legal, hasta que es demasiado tarde para acceder al procedimiento legalmente.
Retrasos y ‘asesoramiento’
El de los retrasos es otro de los elementos que dificultan el acceso al aborto en Europa. Al menos 12 países siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica, y 13 imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos.
En la Hungría de Viktor Orban, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto. En 2023, el Gobierno de Castilla y León, entonces en manos del PP y Vox, anunció que el nuevo protocolo antiaborto incluiría que a las mujeres que quisieran abortar se les ofrecería escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, además de asistencia psicosocial, para que tomaran una “conciencia mayor” sobre su decisión. Otra vez, la polémica pública impidió que saliera adelante.
Díaz Ayuso anunció también un programa de atención telefónica ‘provida’ para atender a las mujeres que quieren abortar. En Italia, el Gobierno de Meloni promueve que los grupos antiaborto accedan a los centros de asesoramiento obligatorios.
Hungría ha introducido nuevas barreras para acceder al aborto, a la anticoncepción y a la planificación familiar, derechos que también se verán afectados por las reformas constitucionales recientemente aprobadas en Eslovaquia. En Turquía, las mujeres casadas están obligadas por ley a obtener el consentimiento de su pareja para abortar dentro del plazo de 10 semanas.
La justificación para muchas de estas políticas tiene rasgos en común: particularmente, las bajas tasas de natalidad y la teoría racista del populismo de extrema derecha sobre el “reemplazo” de la población “nativa” por inmigrantes. Santiago Abascal dejaba claro en una reciente entrevista que España no es ajena a esta oleada, cuando decía: “Ya basta de hablar de que España necesita inmigrantes. España necesita natalidad, que nazcan españoles”. Los grupos ultras, cada vez más influyentes y mejor financiados, cuentan en muchos casos con la complicidad o la inacción de los Gobiernos para promover políticas que dificultan el acceso de las mujeres a las interrumpciones de embarazos no deseados, advierte el último informe de Amnistía Internacional El ‘latido fetal’ no es una ocurrencia de Vox: así es la estrategia internacional para recortar el derecho al aborto
La corriente antiderechos que impulsan grupos ultracatólicos y partidos de extrema derecha dificulta el acceso al aborto en Europa. “Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias”, resume Mónica Costa Riba, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional (AI) en materia de derechos de las mujeres.
El último informe de AI señala los esfuerzos de la extrema derecha para influir negativamente en políticas y leyes, “a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación”, con el objetivo de restringir el acceso a la interrupción del embarazo. España no es ajena a este fenómeno. No es casualidad que en los últimos meses hayamos hablado de la defensa de los sanitarios objetores de conciencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del supuesto “síndrome posaborto” de Vox y PP.
Isabel Díaz Ayuso llegó a decir en sede parlamentaria: “Váyanse a otro lado a abortar”. Lo hacía para defender que no piensa cumplir con la ley que obliga a las Comunidades a tener un registro de médicos que se niegan a practicar estas intervenciones con el objetivo de gestionar recursos y garantizar la atención a las mujeres en el sistema público. Tampoco es una anomalía española que en el Ayuntamiento de Madrid el PP aprobase una propuesta de Vox para “informar” a las mujeres de un supuesto síndrome –depresión, ansiedad, alteraciones de sueño, consumo de alcohol y drogas– que afecta a aquellas que abortan. La polémica alrededor de este argumento sin ningún sostén científico fue tal que el alcalde José Luis Martínez Almeida tuvo que dar marcha atrás.
Los objetores y la información sesgada –cuando no desinformación– son precisamente dos de las estratagemas habituales de estos grupos que se autodenominan provida y buscan limitar el derecho al aborto. A ellos se suman los tiempos injustificados de espera –muchas veces disfrazados de ‘reflexión’–, retrasos, denegaciones y complicados recorridos administrativos.
Objetores o “saboteadores”
El informe de Amnistía Internacional, que examina 40 países, señala que en muchos estados europeos se produce un gran número de denegaciones del servicio por motivos de conciencia —casos en que el personal sanitario se niega a practicar abortos debido a sus opiniones personales o creencias religiosas— y que los Gobiernos no están haciendo suficientes esfuerzos para garantizar la atención: en Italia o Croacia las denegaciones de este tipo son muy frecuentes, y en Rumanía también están aumentando, advierten.
La Italia de Giorgia Meloni, abiertamente crítica del aborto –aunque prometió no derogar la ley que lo permite– tiene una de las tasas más altas de negativas por motivos de conciencia en Europa. Más del 60% de todos los ginecólogos están registrados como objetores de conciencia, un porcentaje que supera el 80% en determinadas regiones, y en muchos hospitales todo el personal es objetor. Esto ejerce una enorme presión sobre los sanitarios dispuestos a practicar abortos y grandes desigualdades geográficas, como también ocurre en España. “La ley dice que las regiones deben gestionar las derivaciones, pero este sistema no funciona. Los médicos que no se oponen son trasladados de un centro a otro corriendo con los gastos”, explica Silvana Agatone, presidenta de la organización italiana Laiga.
Agatone habla de “saboteadores” en lugar de objetores. “Hay una interpretación errónea de la ley. Solo aquellos directamente relacionados con la prestación del aborto, es decir, los ginecólogos, deberían poder objetar. Sin embargo, vemos que enfermeras, auxiliares quirúrgicos y anestesistas también lo hacen”. De esta forma, impiden muchas veces que el aborto se realice.
En Croacia pasa algo parecido: según informes de 2022, 195 de los 359 ginecólogos que trabajan en hospitales públicos se niegan a practicar abortos. “Las mujeres suelen ser objeto de abusos en los hospitales con el pretexto de la objeción de conciencia. En la práctica, se engaña y manipula deliberadamente a las mujeres: a veces incluso se les dice que no se puede realizar el aborto, lo cual es falso”, explica Ljerka Oppenheim, de la Asociación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Sofija.
Estas tácticas se utilizan para empujar a las mujeres más allá del límite legal, hasta que es demasiado tarde para acceder al procedimiento legalmente.
Retrasos y ‘asesoramiento’
El de los retrasos es otro de los elementos que dificultan el acceso al aborto en Europa. Al menos 12 países siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica, y 13 imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos.
En la Hungría de Viktor Orban, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto. En 2023, el Gobierno de Castilla y León, entonces en manos del PP y Vox, anunció que el nuevo protocolo antiaborto incluiría que a las mujeres que quisieran abortar se les ofrecería escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, además de asistencia psicosocial, para que tomaran una “conciencia mayor” sobre su decisión. Otra vez, la polémica pública impidió que saliera adelante.
Díaz Ayuso anunció también un programa de atención telefónica ‘provida’ para atender a las mujeres que quieren abortar. En Italia, el Gobierno de Meloni promueve que los grupos antiaborto accedan a los centros de asesoramiento obligatorios.
Hungría ha introducido nuevas barreras para acceder al aborto, a la anticoncepción y a la planificación familiar, derechos que también se verán afectados por las reformas constitucionales recientemente aprobadas en Eslovaquia. En Turquía, las mujeres casadas están obligadas por ley a obtener el consentimiento de su pareja para abortar dentro del plazo de 10 semanas.
La justificación para muchas de estas políticas tiene rasgos en común: particularmente, las bajas tasas de natalidad y la teoría racista del populismo de extrema derecha sobre el “reemplazo” de la población “nativa” por inmigrantes. Santiago Abascal dejaba claro en una reciente entrevista que España no es ajena a esta oleada, cuando decía: “Ya basta de hablar de que España necesita inmigrantes. España necesita natalidad, que nazcan españoles”.
La corriente antiderechos que impulsan grupos ultracatólicos y partidos de extrema derecha dificulta el acceso al aborto en Europa. “Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias”, resume Mónica Costa Riba, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional (AI) en materia de derechos de las mujeres.
El último informe de AI señala los esfuerzos de la extrema derecha para influir negativamente en políticas y leyes, “a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación”, con el objetivo de restringir el acceso a la interrupción del embarazo. España no es ajena a este fenómeno. No es casualidad que en los últimos meses hayamos hablado de la defensa de los sanitarios objetores de conciencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del supuesto “síndrome posaborto” de Vox y PP.
Isabel Díaz Ayuso llegó a decir en sede parlamentaria: “Váyanse a otro lado a abortar”. Lo hacía para defender que no piensa cumplir con la ley que obliga a las Comunidades a tener un registro de médicos que se niegan a practicar estas intervenciones con el objetivo de gestionar recursos y garantizar la atención a las mujeres en el sistema público. Tampoco es una anomalía española que en el Ayuntamiento de Madrid el PP aprobase una propuesta de Vox para “informar” a las mujeres de un supuesto síndrome –depresión, ansiedad, alteraciones de sueño, consumo de alcohol y drogas– que afecta a aquellas que abortan. La polémica alrededor de este argumento sin ningún sostén científico fue tal que el alcalde José Luis Martínez Almeida tuvo que dar marcha atrás.
Los objetores y la información sesgada –cuando no desinformación– son precisamente dos de las estratagemas habituales de estos grupos que se autodenominan provida y buscan limitar el derecho al aborto. A ellos se suman los tiempos injustificados de espera –muchas veces disfrazados de ‘reflexión’–, retrasos, denegaciones y complicados recorridos administrativos.
Objetores o “saboteadores”
El informe de Amnistía Internacional, que examina 40 países, señala que en muchos estados europeos se produce un gran número de denegaciones del servicio por motivos de conciencia —casos en que el personal sanitario se niega a practicar abortos debido a sus opiniones personales o creencias religiosas— y que los Gobiernos no están haciendo suficientes esfuerzos para garantizar la atención: en Italia o Croacia las denegaciones de este tipo son muy frecuentes, y en Rumanía también están aumentando, advierten.
La Italia de Giorgia Meloni, abiertamente crítica del aborto –aunque prometió no derogar la ley que lo permite– tiene una de las tasas más altas de negativas por motivos de conciencia en Europa. Más del 60% de todos los ginecólogos están registrados como objetores de conciencia, un porcentaje que supera el 80% en determinadas regiones, y en muchos hospitales todo el personal es objetor. Esto ejerce una enorme presión sobre los sanitarios dispuestos a practicar abortos y grandes desigualdades geográficas, como también ocurre en España. “La ley dice que las regiones deben gestionar las derivaciones, pero este sistema no funciona. Los médicos que no se oponen son trasladados de un centro a otro corriendo con los gastos”, explica Silvana Agatone, presidenta de la organización italiana Laiga.
Agatone habla de “saboteadores” en lugar de objetores. “Hay una interpretación errónea de la ley. Solo aquellos directamente relacionados con la prestación del aborto, es decir, los ginecólogos, deberían poder objetar. Sin embargo, vemos que enfermeras, auxiliares quirúrgicos y anestesistas también lo hacen”. De esta forma, impiden muchas veces que el aborto se realice.
En Croacia pasa algo parecido: según informes de 2022, 195 de los 359 ginecólogos que trabajan en hospitales públicos se niegan a practicar abortos. “Las mujeres suelen ser objeto de abusos en los hospitales con el pretexto de la objeción de conciencia. En la práctica, se engaña y manipula deliberadamente a las mujeres: a veces incluso se les dice que no se puede realizar el aborto, lo cual es falso”, explica Ljerka Oppenheim, de la Asociación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Sofija.
Estas tácticas se utilizan para empujar a las mujeres más allá del límite legal, hasta que es demasiado tarde para acceder al procedimiento legalmente.
Retrasos y ‘asesoramiento’
El de los retrasos es otro de los elementos que dificultan el acceso al aborto en Europa. Al menos 12 países siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica, y 13 imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos.
En la Hungría de Viktor Orban, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto. En 2023, el Gobierno de Castilla y León, entonces en manos del PP y Vox, anunció que el nuevo protocolo antiaborto incluiría que a las mujeres que quisieran abortar se les ofrecería escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, además de asistencia psicosocial, para que tomaran una “conciencia mayor” sobre su decisión. Otra vez, la polémica pública impidió que saliera adelante.
Díaz Ayuso anunció también un programa de atención telefónica ‘provida’ para atender a las mujeres que quieren abortar. En Italia, el Gobierno de Meloni promueve que los grupos antiaborto accedan a los centros de asesoramiento obligatorios.
Hungría ha introducido nuevas barreras para acceder al aborto, a la anticoncepción y a la planificación familiar, derechos que también se verán afectados por las reformas constitucionales recientemente aprobadas en Eslovaquia. En Turquía, las mujeres casadas están obligadas por ley a obtener el consentimiento de su pareja para abortar dentro del plazo de 10 semanas.
La justificación para muchas de estas políticas tiene rasgos en común: particularmente, las bajas tasas de natalidad y la teoría racista del populismo de extrema derecha sobre el “reemplazo” de la población “nativa” por inmigrantes. Santiago Abascal dejaba claro en una reciente entrevista que España no es ajena a esta oleada, cuando decía: “Ya basta de hablar de que España necesita inmigrantes. España necesita natalidad, que nazcan españoles”.
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