La presidenta del Poder Judicial dice que cuestionar a “jueces concretos” es “impropio” de una democracia

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha trasladado su “apoyo total” a los miembros del alto tribunal y el resto de la carrera judicial “que sufren presiones” y “descalificaciones constantes” por parte de “quienes discrepan de sus decisiones”. “Las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos”, ha advertido.

Perelló ha indicado que en la actualidad se dan “tiempos difíciles” y que esto no es una excepción para los jueces, ya que estos “deben resolver los nuevos conflictos” que surgen en un contexto de “tensión permanente que parece haberse instalado en la vida pública”. La presidenta del CGPJ ha hecho un llamamiento este miércoles en Alicante durante la inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados y Jueces Decanos de España a todas las autoridades y particulares con el fin de “recuperar el respeto”, y ha pedido el “cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial”.

A su juicio, todas las resoluciones judiciales pueden y deben ser “objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar, pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función quela propia Constitución encomienda al Poder Judicial”.

La presidenta del CGPJ ha incidido en que desde el Consejo están “preocupados” por “los intentos de desprestigiar a los jueces”, ante los que están “vigilantes” para, “cumplir la misión constitucional de defensa de la independencia judicial”. Y ha reivindicado “el debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento”. Perelló considera que la “descalificación sistemática” de la Justicia supone un “detrimento” para la sociedad democrática.