El Tribunal Supremo acoge este viernes la apertura del año judicial, una ceremonia presidida por el Rey con el que cada mes de septiembre se inaugura el curso en los tribunales. El acto más solemne del año judicial llega este año marcado por una tensión sin precedentes en la que el PP y el sector conservador de la judicatura ha acabado implicando a Felipe VI al invocar su presencia en la ceremonia como argumento para reclamar que no participe el fiscal general del Estado, que está a la espera de que se abra juicio contra él por la supuesta filtración de un correo vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la situación insólita del jefe de la Fiscalía se une el choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que no es nuevo pero se ha disparado esta semana, después de que Pedro Sánchez cuestionara, en una entrevista en TVE, la imparcialidad de los jueces que están investigando a su esposa y a su hermano.
Las asociaciones conservadoras y los vocales del CGPJ propuestos por el PP reclaman que García Ortiz no participe en el acto
El Tribunal Supremo acoge este viernes la apertura del año judicial, una ceremonia presidida por el Rey con el que cada mes de septiembre se inaugura el curso en los tribunales. El acto más solemne del año judicial llega este año marcado por una tensión sin precedentes en la que el PP y el sector conservador de la judicatura ha acabado implicando a Felipe VI al invocar su presencia en la ceremonia como argumento para reclamar que no participe el fiscal general del Estado, que está a la espera de que se abra juicio contra él por la supuesta filtración de un correo vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la situación insólita del jefe de la Fiscalía se une el choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que no es nuevo pero se ha disparado esta semana, después de que Pedro Sánchez cuestionara, en una entrevista en TVE, la imparcialidad de los jueces que están investigando a su esposa y a su hermano.
La situación procesal del jefe del Ministerio Público, cuyo procesamiento confirmó en julio el Tribunal Supremo, ya hacía prever desde hace semanas que la apertura del año judicial llegaría envuelta en la polémica. Pero la presión ha ido creciendo a medida que se acercaba la fecha y tras las críticas de Sánchez a “una minoría” de jueces a los que acusó de estar “haciendo política”. Algunos magistrados y vocales conservadores amagaron incluso con boicotear el acto de este viernes. La presencia de Felipe VI ha sido definitiva, según las fuentes consultadas, para que los vocales y las asociaciones conservadoras descarten esa opción, ante el temor de que se pudiera interpretar su postura como una afrenta al jefe de Estado.
Quien sí ha optado por no ir al acto del Supremo para mostrar su rechazo a las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre los jueces y a la intervención del jefe del Ministerio Público es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La presencia del jefe de la oposición no es obligada, pero siempre se le invita y, en el caso de Feijóo, siempre había acudido. Al explicar públicamente su decisión, el dirigente popular cargó contra el presidente del Gobierno por “someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente”. Poco después de que Feijóo publicara en su cuenta de X un mensaje con esta reflexión, las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y los vocales del CGPJ propuestos por el PP difundieron escritos en los que, aunque fuera de forma indirecta, implicaban también a Felipe VI en el choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En una carta enviada a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, los 10 vocales conservadores del CGPJ le reclamaron que trasladase al fiscal general “la inconveniencia de intervenir” en el acto. “La coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda”, señala el texto suscrito por estos vocales, que añade: “Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado, que preside el acto”.
Los consejeros conservadores han pedido también a la presidenta que impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente en el estrado de la sala donde tiene lugar la ceremonia, para visualizar así el “rechazo” del Poder Judicial “a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo”. La mayoría del sector progresista del CGPJ respondió con un comunicado para lanzar “un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional”. En ese texto recuerdan que la ley exige la presencia del Poder Judicial y del fiscal general del Estado para presentar sus respectivas memorias anuales. También advierten de que la presencia en el estrado del ministro de Justicia y notario mayor del reino “responde a una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia”.
En cuanto a las asociaciones de jueces y fiscales, tres de ellas, incluidas las mayoritarias de ambas carreras, difundieron este jueves un comunicado conjunto en el que reclaman a García Ortiz que se abstenga de participar en el acto “por respeto al Rey” y a todos los jueces y fiscales. “Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que, con toda probabilidad se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales”, sostiene el texto, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Fiscales y la Asociación profesional Independiente de Fiscales.
La intervención del jefe del Ministerio Público en la apertura del año judicial está regulada por ley, por lo que fuentes de la Fiscalía señalan que la participación de García Ortiz en el acto no está en cuestión. El fiscal general, señalan estas fuentes, debe cumplir “las obligaciones y responsabilidades” del cargo y no se le puede pedir que incumpla la ley o protestar porque la cumple. El objetivo de la intervención del fiscal general, según el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), es presentar la memoria anual de su departamento, que entregó el miércoles al Rey y el jueves al presidente del Gobierno. La intervención de García Ortiz se centrará, según su entorno, en resumir los apartados más destacados del trabajo de su departamento durante 2024, aunque prevé hacer una breve alusión a su situación procesal y a su confianza en la justicia.
A la intervención del fiscal general le seguirá la de la presidenta del CGPJ y del Supremo, de la que se prevé que lance un mensaje en defensa de la independencia del Poder Judicial, como ha venido haciendo casi en cada intervención pública desde que fue elegida hace un año para el cargo. Perelló, según las fuentes consultadas, no aludirá explícitamente a las palabras de Sánchez, pero sí que censurará las críticas contra jueces y apelará a la separación de poderes y a la responsabilidad de todos ellos.
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