También ha decretado su inhabilitación política de por vida
En una decisión con un impacto político de trascendencia, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La líder del Partido Justicialista (peronismo) se encontraba en la sede de su fuerza política al momento de conocerse el fallo, acompañada de legisladores, sindicalistas y militantes de a pie. “La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso más equitativa, no los perdonan”, dijo la expresidenta a sus simpatizantes.
Los tiempos judiciales se aceleraron al ritmo de los tiempos políticos. Hace una semana, la exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) había anunciado su candidatura a diputada provincial en Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Con la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti queda inhabilitada la principal dirigente de la oposición, quien tiene una representatividad no menor a 20% y se postulaba en el único distrito relevante que quedó en manos del peronismo tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en 2023.
Desde los medios de comunicación hegemónicos venían anticipando que la Corte Suprema iba a expedirse este martes. Algunos columnistas prácticamente pedían a los tres magistrados que firmen un fallo exprés, a fin de quitar a Cristina Fernández de la arena electoral antes del 19 de julio, fecha límite para presentar candidaturas.
“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”, afirmó en la víspera la expresidenta, al criticar al gobierno ultra y anticipándose a lo que sería la decisión judicial.
Milei, quien dijo abiertamente en marzo que “Cristina irá presa”, celebró el fallo desde Israel. “Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó el presidente ultraderechista en su perfil de la red social X, en alusión a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la exmandataria.
Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Fernández se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar la “persecución política, judicial, mediática e institucional” que padece la titular del principal partido de oposición. “Estoy en La Haya, en la Corte Penal, por situaciones que tienen que ver con violaciones de los derechos de Cristina Fernández de Kircher, con la violación del debido proceso”, explicó el letrado en declaraciones televisivas.
Causa Vialidad
La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La expresidenta fue condenada en 2022 por el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en dicha provincia. No fue detenida debido a sus fueros y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.
Lázaro Báez, empresario amigo del fallecido Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta, fue condenado a seis años de prisión. El ex dueño de Austral Construcciones y cliente de los Kirchner en negocios inmobiliarios en la Patagonia, fue quien llevó a cabo las 51 obras que se juzgaron en la causa Vialidad.
La relación de los Kirchner con Báez despierta interrogantes. Por ejemplo, cómo pasó de ser un directivo del Banco de Santa Cruz a convertirse en el principal contratista de esa provincia en el mismo momento en que Néstor Kirchner asumía la Presidencia en 2003. Además, el empresario ganó la mayoría de las licitaciones en la provincia patagónica.
Sin embargo, los peritajes del proceso judicial no acreditaron sobreprecios ni demoras excepcionales para la construcción de rutas y obras públicas en Santa Cruz.
La acusación a cargo del fiscal Diego Luciani no logró encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados al matrimonio Kirchner, tampoco en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados.
La expresidenta, abogada de profesión, había declarado tras la sentencia en su contra: “Me condenan por un delito que, como Presidenta, nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.
Lago Escondido
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y la defensa de la líder peronista presentó recursos ante la Corte Suprema. En dicha presentación, el 31 de marzo de este año, los abogados de Cristina Fernández, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy señalaron entre las irregularidades, la parcialidad de los jueces y fiscales. En el texto, recordaron que jueces y fiscales jugaban al fútbol y al tenis en la quinta de Olivos con el entonces presidente conservador Mauricio Macri.
Al respecto, Silvina Romano, investigadora del Conicet y coordinadora del Observatorio Lawfare, señala al diario.es lo cuestionable que fue la investigación de la causa. “Esto es un disciplinamiento para todas y todos, no es solamente contra Cristina Fernández, porque sabemos que la causa judicial fue manipulada, hay muchísimas faltas al debido proceso judicial. Es conocido el vínculo de los jueces con el poder político y con los medios de comunicación, estos magistrados no tienen ningún respeto ético. Recordemos Lago Escondido”.
Romano hace alusión al encuentro en octubre de 2022 develado por el diario Página12 entre jueces, fiscales, políticos del macrismo y el Grupo Clarín en la mansión del británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia. Entre los magistrados estaba Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad.
“Estos jueces funcionan como una élite: si alguien quiere moverlos de ahí, hay un adoctrinamiento. Es muy grave porque no se hacen investigaciones serias, vemos que se utiliza a la justicia con fines políticos. Es una Corte Suprema, además, de las más pequeñas en el mundo, deberían ser cinco miembros y son tres hombres”, agrega la experta.
Tribunal Oral Federal Número 2 indicó que la expresidenta tiene cinco días para presentarse, mientras la defensa de la dirigente de 72 años podría pedir la prisión domiciliaria.
Con todo, la Justicia argentina no ha presentado avances en la investigación por intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner. El 1 de septiembre de 2022, un hombre vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal disparó un revolver en la cabeza de la expresidenta, pero no salió la bala. También ha decretado su inhabilitación política de por vida
En una decisión con un impacto político de trascendencia, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La líder del Partido Justicialista (peronismo) se encontraba en la sede de su fuerza política al momento de conocerse el fallo, acompañada de legisladores, sindicalistas y militantes de a pie. “La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso más equitativa, no los perdonan”, dijo la expresidenta a sus simpatizantes.
Los tiempos judiciales se aceleraron al ritmo de los tiempos políticos. Hace una semana, la exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) había anunciado su candidatura a diputada provincial en Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Con la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti queda inhabilitada la principal dirigente de la oposición, quien tiene una representatividad no menor a 20% y se postulaba en el único distrito relevante que quedó en manos del peronismo tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en 2023.
Desde los medios de comunicación hegemónicos venían anticipando que la Corte Suprema iba a expedirse este martes. Algunos columnistas prácticamente pedían a los tres magistrados que firmen un fallo exprés, a fin de quitar a Cristina Fernández de la arena electoral antes del 19 de julio, fecha límite para presentar candidaturas.
“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”, afirmó en la víspera la expresidenta, al criticar al gobierno ultra y anticipándose a lo que sería la decisión judicial.
Milei, quien dijo abiertamente en marzo que “Cristina irá presa”, celebró el fallo desde Israel. “Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó el presidente ultraderechista en su perfil de la red social X, en alusión a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la exmandataria.
Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Fernández se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar la “persecución política, judicial, mediática e institucional” que padece la titular del principal partido de oposición. “Estoy en La Haya, en la Corte Penal, por situaciones que tienen que ver con violaciones de los derechos de Cristina Fernández de Kircher, con la violación del debido proceso”, explicó el letrado en declaraciones televisivas.
Causa Vialidad
La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La expresidenta fue condenada en 2022 por el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en dicha provincia. No fue detenida debido a sus fueros y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.
Lázaro Báez, empresario amigo del fallecido Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta, fue condenado a seis años de prisión. El ex dueño de Austral Construcciones y cliente de los Kirchner en negocios inmobiliarios en la Patagonia, fue quien llevó a cabo las 51 obras que se juzgaron en la causa Vialidad.
La relación de los Kirchner con Báez despierta interrogantes. Por ejemplo, cómo pasó de ser un directivo del Banco de Santa Cruz a convertirse en el principal contratista de esa provincia en el mismo momento en que Néstor Kirchner asumía la Presidencia en 2003. Además, el empresario ganó la mayoría de las licitaciones en la provincia patagónica.
Sin embargo, los peritajes del proceso judicial no acreditaron sobreprecios ni demoras excepcionales para la construcción de rutas y obras públicas en Santa Cruz.
La acusación a cargo del fiscal Diego Luciani no logró encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados al matrimonio Kirchner, tampoco en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados.
La expresidenta, abogada de profesión, había declarado tras la sentencia en su contra: “Me condenan por un delito que, como Presidenta, nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.
Lago Escondido
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y la defensa de la líder peronista presentó recursos ante la Corte Suprema. En dicha presentación, el 31 de marzo de este año, los abogados de Cristina Fernández, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy señalaron entre las irregularidades, la parcialidad de los jueces y fiscales. En el texto, recordaron que jueces y fiscales jugaban al fútbol y al tenis en la quinta de Olivos con el entonces presidente conservador Mauricio Macri.
Al respecto, Silvina Romano, investigadora del Conicet y coordinadora del Observatorio Lawfare, señala al diario.es lo cuestionable que fue la investigación de la causa. “Esto es un disciplinamiento para todas y todos, no es solamente contra Cristina Fernández, porque sabemos que la causa judicial fue manipulada, hay muchísimas faltas al debido proceso judicial. Es conocido el vínculo de los jueces con el poder político y con los medios de comunicación, estos magistrados no tienen ningún respeto ético. Recordemos Lago Escondido”.
Romano hace alusión al encuentro en octubre de 2022 develado por el diario Página12 entre jueces, fiscales, políticos del macrismo y el Grupo Clarín en la mansión del británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia. Entre los magistrados estaba Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad.
“Estos jueces funcionan como una élite: si alguien quiere moverlos de ahí, hay un adoctrinamiento. Es muy grave porque no se hacen investigaciones serias, vemos que se utiliza a la justicia con fines políticos. Es una Corte Suprema, además, de las más pequeñas en el mundo, deberían ser cinco miembros y son tres hombres”, agrega la experta.
Tribunal Oral Federal Número 2 indicó que la expresidenta tiene cinco días para presentarse, mientras la defensa de la dirigente de 72 años podría pedir la prisión domiciliaria.
Con todo, la Justicia argentina no ha presentado avances en la investigación por intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner. El 1 de septiembre de 2022, un hombre vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal disparó un revolver en la cabeza de la expresidenta, pero no salió la bala.
En una decisión con un impacto político de trascendencia, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. La líder del Partido Justicialista (peronismo) se encontraba en la sede de su fuerza política al momento de conocerse el fallo, acompañada de legisladores, sindicalistas y militantes de a pie. “Estar presa es un certificado de dignidad política e histórica”, dijo la expresidenta a sus simpatizantes.
Los tiempos judiciales se aceleraron al ritmo de los tiempos políticos. Hace una semana, la exmandataria (2007-2011 y 2011-2015) y exvicepresidenta (2019-2023) había anunciado su candidatura a diputada provincial en Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Con la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti queda inhabilitada la principal dirigente de la oposición, quien tiene una representatividad no menor a 20% y se postulaba en el único distrito relevante que quedó en manos del peronismo tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en 2023.
Desde los medios de comunicación hegemónicos venían anticipando que la Corte Suprema iba a expedirse este martes. Algunos columnistas prácticamente pedían a los tres magistrados que firmen un fallo exprés, a fin de quitar a Cristina Fernández de la arena electoral antes del 19 de julio, fecha límite para presentar candidaturas.
“Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja los que hicieron mega canjes y endeudaron al país, estar presa es un certificado de dignidad”, dijo en la víspera la expresidenta, al criticar al gobierno ultra y anticipándose a lo que sería la decisión judicial.
Milei, quien dijo abiertamente en marzo que “Cristina irá presa”, celebró el fallo desde Israel. “Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, publicó el presidente ultraderechista en su perfil de la red social X, en alusión a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la exmandataria.
Gregorio Dalbon, abogado de Cristina Fernández se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar la “persecución política, judicial, mediática e institucional” que padece la titular del principal partido de oposición. “Estoy en La Haya, en la Corte Penal, por situaciones que tienen que ver con violaciones de los derechos de Cristina Fernández de Kircher, con la violación del debido proceso”, explicó el letrado en declaraciones televisivas.
Causa Vialidad
La ‘causa Vialidad’ investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) a empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La expresidenta fue condenada en 2022 por el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en dicha provincia. No fue detenida debido a sus fueros y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema.
Lázaro Báez, empresario amigo del fallecido Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta, fue condenado a seis años de prisión. El ex dueño de Austral Construcciones y cliente de los Kirchner en negocios inmobiliarios en la Patagonia, fue quien llevó a cabo las 51 obras que se juzgaron en la causa Vialidad.
La relación de los Kirchner con Báez despierta interrogantes. Por ejemplo, cómo pasó de ser un directivo del Banco de Santa Cruz a convertirse en el principal contratista de esa provincia en el mismo momento en que Néstor Kirchner asumía la Presidencia en 2003. Además, el empresario ganó la mayoría de las licitaciones en la provincia patagónica.
Sin embargo, los peritajes del proceso judicial no acreditaron sobreprecios ni demoras excepcionales para la construcción de rutas y obras públicas en Santa Cruz.
La acusación a cargo del fiscal Diego Luciani no logró encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados al matrimonio Kirchner, tampoco en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados.
La expresidenta, abogada de profesión, había declarado tras la sentencia en su contra: “Me condenan por un delito que, como Presidenta, nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.
Lago Escondido
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena y la defensa de la líder peronista presentó recursos ante la Corte Suprema. En dicha presentación, el 31 de marzo de este año, los abogados de Cristina Fernández, Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy señalaron entre las irregularidades, la parcialidad de los jueces y fiscales. En el texto, recordaron que jueces y fiscales jugaban al fútbol y al tenis en la quinta de Olivos con el entonces presidente conservador Mauricio Macri.
Al respecto, Silvina Romano, investigadora del Conicet y coordinadora del Observatorio Lawfare, señala al diario.es lo cuestionable que fue la investigación de la causa. “Esto es un disciplinamiento para todas y todos, no es solamente contra Cristina Fernández, porque sabemos que la causa judicial fue manipulada, hay muchísimas faltas al debido proceso judicial. Es conocido el vínculo de los jueces con el poder político y con los medios de comunicación, estos magistrados no tienen ningún respeto ético. Recordemos Lago Escondido”.
Romano hace alusión al encuentro en octubre de 2022 develado por el diario Página12 entre jueces, fiscales, políticos del macrismo y el Grupo Clarín en la mansión del británico Joe Lewis en Lago Escondido, en la Patagonia. Entre los magistrados estaba Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad.
“Estos jueces funcionan como una élite: si alguien quiere moverlos de ahí, hay un adoctrinamiento. Es muy grave porque no se hacen investigaciones serias, vemos que se utiliza a la justicia con fines políticos. Es una Corte Suprema, además, de las más pequeñas en el mundo, deberían ser cinco miembros y son tres hombres”, agrega la experta.
Tribunal Oral Federal Número 2 indicó que la expresidenta tiene cinco días para presentarse, mientras la defensa de la dirigente de 72 años podría pedir la prisión domiciliaria.
Con todo, la Justicia argentina no ha presentado avances en la investigación por intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner. El 1 de septiembre de 2022, un hombre vinculado al grupo ultraderechista Revolución Federal disparó un revolver en la cabeza de la expresidenta, pero no salió la bala.
ElDiario.es – Internacional
