La Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de la Junta de Andalucía (PP) para personarse como acusación en la pieza política del caso ERE, acción reclamada por el Ejecutivo hace tres semanas. Los jueces argumentan que el Gobierno autonómico ya desistió de la acción penal en esta misma causa en 2016 y ahora no cabe el volantazo jurídico, ideado por la Junta para apoyar que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras anular y rebajar el Constitucional las condenas del Supremo.
Los jueces argumentan que el Gobierno autonómico ya declinó seguir como parte acusatoria en la pieza política de la macrocausa
Los jueces argumentan que el Gobierno autonómico ya declinó seguir como parte acusatoria en la pieza política de la macrocausa
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la petición de la Junta de Andalucía (PP) para personarse como acusación en la pieza política del caso ERE, acción reclamada por el Ejecutivo hace tres semanas. Los jueces argumentan que el Gobierno autonómico ya desistió de la acción penal en esta misma causa en 2016 y ahora no cabe el volantazo jurídico, ideado por la Junta para apoyar que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras anular y rebajar el Constitucional las condenas del Supremo.
Los magistrados despachan con un solo párrafo la argumentación para tumbar la petición de la Junta: “Dada cuenta por presentado el anterior escrito por la representación de la Junta de Andalucía, no ha lugar a lo solicitado en el mismo, al no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de acciones civiles”, reza la providencia de la Sección Primera de la Audiencia, dada a conocer este lunes.
En 2016 la Junta, con Susana Díaz como presidenta (PSOE), pidió el archivo del proceso con la reserva de las acciones civiles, y esto impide a los jueces aceptar el cambio radical de opinión de la Administración, que ahora ha intentado personarse como acusación. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, alegó a principios de mayo que la Junta intentaría personarse en la pieza política para “recuperar los 700 millones” destinados al pago de las pólizas de los trabajadores prejubilados en las empresas andaluzas en crisis. Para este objetivo, el Gobierno autonómico considera que es necesario elevar la causa a la justicia europea, porque considera que no fueron justas las sentencias del Constitucional que anuló las condenas a ciertos ex altos cargos.
El consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz, cargó contra el alto tribunal de garantías español porque consideran que se excedió en sus sentencias al invadir las competencias del Supremo, que había condenado por prevaricación y malversación a la antigua cúpula socialista de la Junta: “Las sentencias del Tribunal Constitucional puede provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado de los ERE”.
Sanz añadió que la opción de que el caso de los ERE llegue a Luxemburgo es condición necesaria para recuperar el dinero: “Hemos de ser oídos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (…). La Junta tiene un interés legítimo, clarísimo, para volver a la causa y poder recuperar el dinero de todos los andaluces defraudados”.
Hasta ahora, del total defraudado según el Supremo, que asciende a casi 680 millones, la Junta ha recuperado 28 millones y ha solicitado la devolución de 287 millones en concepto de responsabilidad civil a través de diferentes piezas separadas ―ajenas a la pieza política, por ayudas a empresas concretas―.
Al margen de la Junta, el PP andaluz está presente como acusación en la rama política y de hecho fue el que impulsó la elevación del caso a la justicia europea tras las sentencias del Constitucional del pasado verano. Ahora los magistrados están deliberando para tomar una decisión final tras las alegaciones presentadas por las partes, aunque los jueces ya se posicionaron a favor de que la justicia europea examine el caso saltándose el criterio del Constitucional.
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Sobre la firma
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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