El magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha impulsado una investigación por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio contra el presidente de la siderúrgica española Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y otros dos directivos de la empresa. El juez, que ha citado a los tres a declarar como imputados, indaga en la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material suministrado iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Según ha anunciado el tribunal a través de un comunicado, De Jorge expone que “son de dominio público” los hechos ocurridos en Gaza, donde Israel ha cometido una masacre contra la población civil durante meses.
El juez De Jorge investiga a Jainaga y a dos directivos por contrabando y complicidad con un delito de lesa humanidad o genocidio
El magistrado Francisco de Jorge, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha impulsado una investigación por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio contra el presidente de la siderúrgica española Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y otros dos directivos de la empresa. El juez, que ha citado a los tres a declarar como imputados, indaga en la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material suministrado iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Según ha anunciado el tribunal a través de un comunicado, De Jorge expone que “son de dominio público” los hechos ocurridos en Gaza, donde Israel ha cometido una masacre contra la población civil durante meses.
El magistrado inició sus pesquisas hace varios meses a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y las ha mantenido bajo secreto hasta este jueves, cuando ha decidido dar acceso a las partes “a la vista del estado del procedimiento y del tiempo transcurrido” desde su apertura, según una resolución del juez, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Según ha detallado la Audiencia Nacional, De Jorge investiga cómo Sidenor habría llevado a cabo una venta de acero a IMI sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, “tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información [de la Policía Nacional] del pasado 10 de septiembre”.
Los tres imputados en este sumario han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre ante el juez.
De Jorge considera que los abusos perpetrados en la franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA [Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo], entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”.
Al abordar el caso de Sidenor, el instructor pone sobre la mesa dos presuntos delitos: el de contrabando y el de lesa humanidad (o, en el caso de este último, también plantea que pueda encuadrarse como complicidad en un delito de genocidio). Es más, el juez no solo concluye que estas imputaciones puedan atribuirse a Jainaga y a los otros dos directivos, sino que apunta igualmente a la mercantil Clerbil S. L., “que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa”.
De momento, eso sí, el juez no actúa contra la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU como persona jurídica, pues destaca el “papel activo” que han tenido sus trabajadores para denunciar los hechos e “impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva”. El magistrado De Jorge incide en que adopta esta iniciativa en línea con la directiva europea de protección de las personas informantes de corrupción, con el objetivo de salvaguardar el “interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas”.
Sidenor lleva meses en la palestra, informa Álex Medina. Es la empresa responsable, junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de culminar la toma de Talgo, la fabricante de trenes española que lleva dos años con el cartel de “se vende” para intentar remontar su elevada deuda y una multa de 116 millones de Renfe por el retraso en la entrega de pedidos —además de por la falta de capacidad industrial para dar respuesta a su cartera de pedidos, que alcanza los 4.100 millones y da carga de trabajo para el próximo lustro—.
El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, lideró la búsqueda de un socio industrial español después de que el Consejo de Ministros rechazara una opa de la húngara Magyar Vagon por los lazos de la empresa controlada por el Gobierno de Viktor Orbán con el entorno del presidente ruso Vladímir Putin. Posteriormente, hubo otros dos interesados en Talgo: la polaca PESA y la india Jupiter Wagons, que finalmente se retiraron ante las reticencias políticas. Entonces llegó Sidenor con el respaldo de la SEPI. Talgo está pendiente de celebrar una junta de accionistas extraordinaria donde tendrá que refrendar la entrada en su capital de los dos nuevos inversores.
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